EPS dicen que la salud quedaría desfinanciada con proyecto de adición presupuestal

Paula Acosta, presidente Ejecutiva de Acemi, envió cartas al Congreso y al Gobierno sobre el tema.

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi. Foto: Acemi

PERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD22.06.2023 18:15 Actualizado: 22.06.2023 18:15

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Mientras en la ponencia del Proyecto de Ley de Adición Presupuestal, que hace trámite en el Congreso y está a punto de aprobarse, se apropian $2,02 billones para el sector salud, Acemi estima que se necesitan al menos $10,45 billones en recursos adicionales.

Así lo alertó Paula Acosta, presidente Ejecutiva de Acemi, en cartas enviadas tanto al Congreso de la República como a los ministros de Hacienda y de Salud, Ricardo Bonilla y Guillermo Alfonso Jaramillo, respectivamente.

Paula Acosta, presidenta de Acemi. Foto:Cortesía Acemi

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El gremio advierte que incluso para 2022 la situación financiera del sector ya era insostenible; de cada $ 100 que recibieron las EPS del Régimen Contributivo tuvieron que pagar $ 102 en atenciones de salud.

Si a eso se suman los costos de operación, las pérdidas acumuladas de las EPS afiliadas a Acemi se elevan a $2,3 billones con cargo al patrimonio de las aseguradoras, señaló el gremio.

"Además, al ritmo de ejecución actual, los recursos para cubrir los Presupuestos Máximos solo alcanzarán hasta julio, lo que implica que s y pacientes quedarán desatendidos. Si no se paga lo que se adeuda a las EPS, estas tampoco podrán pagarles a prestadores y proveedores", agrega el gremio de las EPS.

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De acuerdo con estimaciones de Acemi, los $10,45 billones de recursos que se necesitan para que la salud de todos los colombianos no quede desfinanciada se dividen en:

$3,1 billones por la insuficiencia de la prima para 2023. Esto son los recursos que financian los cerca de 2,5 millones de atenciones diarias que se prestan en el Sistema de Salud.
Otros 3,9 billones son del faltante estimado para este año y deudas de presupuestos máximos que arrastran la Adres desde 2021 y 2022.
$3,5 billones son deudas de recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensación pendientes.

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