Siguen las audiencias de imputaciones por casos de presuntos actos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
Después de que se diera inicio al caso de las zonas verdes, este martes 16 de enero comenzaron las audiencias de imputación por el caso de la recreación y el deporte de los jóvenes en Medellín con recursos del Presupuesto Participativo.
En este caso, fueron imputados el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y el representante legal de la empresa contratante Cyan, Mauricio Jaramillo Botero.
De acuerdo con la Fiscalía, el contrato investigado fue suscrito en septiembre de 2020 entre Metroparques y Cyan, "para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín".
“El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta el 2022″, explicó la Fiscalía.
Por estos hechos Liévano fue imputado por los delitos de Asociación para cometer delitos contra la istración pública, en calidad de autor; suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. En estos últimos, la imputación fue en caso de coautor.
Inder Medellín Foto:Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo
Por su parte, a Jaramillo Botero le formularon imputación por los delitos de Asociación para cometer delitos contra la istración pública, suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El primer delito en calidad de autor y los otros en calidad de coautor.
Ninguno de los dos indiciados se allanó a los cargos.
En el caso de peculado por apropiación, la Fiscalía argumentó que el monto sería superior a los $3.700 millones de pesos.
Esto, en cuanto a sobreestimación de los precios de los elementos requeridos para la realización de la labor recreativa, como balones, uniformes o juegos de mesa, los cuales, según la Fiscalía, el contratista adquiría a un precio y los cobraba a un valor superior.
En cuanto a la irregularidad en la firma de dicho contrato, llamó la atención que este tuvo siete otrosíes y pasó de un tiempo de 2,5 meses para su ejecución a 26 meses y medio.
Asimismo, se reiteró una alerta hecha por la Contraloría Distrital de Medellín en la que advierte que el 98 por ciento de la contratación hecha por el Inder se hizo mediante contratos interistrativos.
Aún no hay fecha para las siguientes audiencias sobre este caso.
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