Gobierno y pueblo wayú habían avanzado en diálogo para un modelo de salud propio
Reacciones al fallo de la Corte Constitucional que tumbó la emergencia económica en La Guajira.
El presidente Petro recorrió las calles de Nazareth, en La Guajira, junto con su equipo de gobierno. Foto: Presidencia
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A principios de agosto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1270 del 2023, el cual hace parte de las acciones que se establecieron en el marco de la emergencia declarada para el departamento y en el cual se incluyeron varias medidas para atender en materia de salud a la población de La Guajira.
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Entre los principales puntos aprobados, está la creación de un modelo de salud propio e intercultural para el departamento y que incluye un diálogo genuino con las comunidades para su formulación, adopción e implementación.
Este diálogo genuino es un espacio donde garantizamos el derecho a la participación de las comunidades
Este diálogo genuino lo habían iniciado el Ministerio de Salud y otras instituciones como el ICBF y la UNGRD, en varias comunidades indígenas de la Alta Guajira, con líderes y autoridades tradicionales.
Según el Gobierno Nacional, “este diálogo genuino es un espacio donde garantizamos el derecho a la participación de las comunidades, para construir un modelo propio de atención acorde a su cultura y tradiciones, con el fin de resolver la crisis social y proteger al pueblo wayú”.
Sin embargo, existía división al interior de las comunidades indígenas frente a este tema, para unos atentaba contra la autonomía de las autoridades indígenas y aseguraban que los sometía a un modelo distinto al suyo, además de argumentar que acaban con las estructuras propias en salud indígenas.
El pasado fin de semana se reunió la Subcomisión Nacional de Salud de la mesa permanente de concertación de los pueblos indígenas de Colombia, en La Guajira, quienes lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional, luego de que los subcomisionados de la mesa, como las autoridades wayú dejaran en claro su intención de diálogo, solicitando respetar su autonomía.
De la misma manera, la UNGRD había iniciado el pasado diez de julio, con la implementación de las Ollas Wayuú del programa ‘Hambre Cero’ para beneficiar a miles de familias y a la economía popular de la región.
El proyecto tiene como beneficio la compra de cosechas a campesinos guajiros, como una retribución importante para reactivar la economía local y contempla una inversión de $25 mil millones.
Reacciones en La Guajira
Mesa de concertación nacional en La Guajira. Foto:Erika Romero
Existen vías gubernamentales jurídicas y legislativas para que las acciones en pro de los guajiros se hagan realidad
Diversas reacciones se han conocido en La Guajira tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, que declaró la emergencia económica social y ecológica para el departamento.
Una de ellas es la de la gobernadora encargada Diala Wilches, quien lamentó a través de su cuenta de X (antes twitter), la decisión de la Corte.
“El fallo de la Honorable Corte Constitucional es definitivo y debe acatarse conforme a nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado Social de Derecho. Pero, hay que mirar hacia adelante, existen vías gubernamentales jurídicas y legislativas para que las acciones en pro de los guajiros se hagan realidad y se traduzcan en soluciones tangibles y permanentes”, indicó Wilches.
Así mismo, mostró su disposición y le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a las mesas directivas del Congreso, crear una estrategia de trabajo conjunto para que, en la ley de presupuesto, se apropien los recursos necesarios que permitan incluir soluciones de agua potable, seguridad alimentaria, salud y de servicios públicos para Salvar Vidas en La Guajira.
Por su parte, el representante a la Cámara de La Guajira Juan Loreto Gómez Soto, indicó en su cuenta de Twitter que “la declaración de inexequibilidad del decreto de emergencia es preocupante. Desde mi posición como presidente de Comisión IV, insto a Minhacienda y otras carteras a tomar medidas urgentes”.
Gómez, indicó que la situación en la región es crítica y requiere acciones efectivas para mejorar la vida de su población. No podemos dar la espalda a esta crisis humanitaria.
Por su parte, el abogado Anibal Mercado, quien defiende los intereses de las comunidades indígenas indicó que “nos lamentamos porque son muchas las oportunidades de desarrollo que se pierden para La Guajira, que buscaba sanear esa deuda histórica que el centralismo y la clase política tradicional adeudaba a los guajiros”.
Eliana Mejía Ospino
Especial para La Guajira
Riohacha
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