Repudio por crimen de Filadelfo Anzola, reclamante de tierras en sur de Bolívar

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos- denunció y manifestó su profundo dolor y rechazo por el asesinato del líder social Filadelfo Anzola, defensor de Derechos Humanos e integrante de esta corporación y de la junta directiva del comité de derechos humanos del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

El pasado 6 de diciembre, sobre el mediodía, mientras se encontraba en el corregimiento Cagüices del municipio de San Pablo, Anzola fue abordado por presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC- quienes se desplazaban en motocicleta y le disparan causando su muerte, informa Credhos.

(Además: En video: baja oxigenación habría causado mortandad de peces en Cartagena)

Filadelfo Anzola lideraba la comisión de reclamación de tierras de la comunidad de Los Alpes y fue candidato al Concejo Municipal del municipio de San Pablo en el 2015.

Además hacía parte de la Comisión Ambiental y del Comité́ de Derechos Humanos, y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Comfenalco.

Anzola fue un comprometido defensor de los Derechos Humanos y el territorio, deja dos hijos menores de edad y una viuda en estado de embarazo.

(También: Aparecen soldados reportados como desaparecidos tras ataque armado en el Cauca)

Credhos exige “al Estado Colombiano, los grupos armados legales e ilegales, a respetar el Derecho Internacional Humanitario. Es necesario recordar que el Artículo 3 Común y el Artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra señala que la población civil gozará de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Igualmente, respetar el acuerdo humanitario del Magdalena Medio, que excluye a la población civil y sus bienes de la confrontación armada”, señala La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos-.

Al Estado Colombiano le exigen dar cumplimiento y celeridad en la implementación de los acuerdos de paz, especialmente, el punto 3.4 acerca de las garantías de seguridad para lideres/as sociales, defensores/as de Derechos Humanos, excombatientes y población civil en general, que además permita el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares.

Cartagena