Los tres patrones en crímenes de líderes, según organizaciones
En informe, cuestionaron investigación de la Fiscalía sobre los asesinatos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recibió denuncias de agresiones a líderes afrodescendientes colombianos en el contexto de la aplicación del acuerdo de paz de 2016 con la ex guerrilla de las Farc, convertida en partido político. "La implementación del acuerdo de paz se está dando en medio de los asesinatos de miles de líderes sociales", denunció Erlendy Cuero Bravo de la Asociación Nacional de Afrodescendientes (Afrodes) durante las audiencias de la Cidh, que se celebran en la Universidad de Colorado, en Boulder (EE. UU.). Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
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Sistematicidad, estigmatización e impunidad. Esos son los tres patrones que ocho organizaciones identificaron en los homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex-Farc, y que quedaron consignados en un informe presentado este 16 de marzo.
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La investigación fue realizada por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el programa Somos Defensores, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia.
Centraron el estudio en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato chocoano y sur de Córdoba. Aseguran que allí, entre el 1.º de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, se registraron 213 asesinatos de líderes y defensores, y otros 52 de ex-Farc, para un total de 255.
Según el informe, el 90 por ciento de los casos documentados ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la falta de presencia estatal y las economías ilegales, y que hacen parte de municipios Pdet.
Las organizaciones también alertan sobre el alto nivel de impunidad en estos crímenes, y señalan que de los 255 casos, la Fiscalía “no aportó información que permitiera conocer la orientación de las investigaciones ni su avance”.
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De hecho, el informe asegura que se identificaron prácticas del ente investigador que “no cumplen los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
EL TIEMPO se comunicó con la Fiscalía, pero la entidad aseguró que no se pronunciaría sobre informes particulares.
En febrero, el fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a este diario que el ente acusador “no oculta, ni altera ni minimiza las cifras. Nuestra entidad investiga todos los homicidios dolosos que ocurren en el país”. Igualmente, destacó el aumento en la judicialización de este tipo de crímenes.
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