El Acuerdo de Escazú ya está en manos de la Corte Constitucional
La Ley aprobatoria del tratado fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Petro.
Manifestación en el Congreso a favor del acuerdo de Escazú este lunes previo a su votación. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO
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La Corte Constitucional ya asumió la revisión de la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú que dictó el Congreso y fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en noviembre.
Se trata de un paso necesario que debe surtirse ante el alto tribunal que debe examinar que las disposiciones del citado tratado estén acordes con la Constitución y que, incluso, puede condicionar algunos de sus artículos.
El Acuerdo de Escazú, que es una herramienta jurídica para proteger el medioambiente en América Latina y el Caribe, fue suscrito en 2019 por Iván Duque como Presidente, pero no se había tramitado su ley aprobatoria. Ahora, su revisión quedó a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
El magistrado ya solicitó diferentes pruebas en el proceso como la remisión del tratado aprobado, así como de los trabajos preparatorios del acuerdo, del proyecto de ley, de los informes de ponencias, actas de votaciones y las gacetas de Congreso, entre otros
Además, se solicitó a la Cancillería que “certifique la calidad de plenipotenciarios de las personas que participaron, a nombre de la República de Colombia, en la negociación y autenticación del Acuerdo regional sobre el a la información, la participación pública y el a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.
La Corte solicitó concepto al respecto al Presidente de la República, al Dapre, al Congreso, a la Cancillería, a los Ministerios del Interior, de Justicia, de Ambiente, de Tecnologías de la Información y el de Cultura. Lo propio se pidió al Ministerio de Agricultura, al de Minas y al de Transporte, así como a la Anla, la Agencia Nacional de Minería y la de Hidrocarburos.
Igualmente, la Corte Constitucional solicitó concepto al Instituto Von Humboldt, a varias Corporaciones Autónomas Regionales, a la Andi, al Consejo Gremial Nacional, a la Federación Colombiana de Ganaderos y al Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros.
justicia@eltiempo.com
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