La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas presentadas por varios ciudadanos con el fin de obtener la nulidad de la elección de Rafaela Cortés Zambrano, elegida como gobernadora del Meta para el período 2024-2027.
De acuerdo con la demanda, se alegaban que la entonces candidata había incurrido en doble militancia, en razón a que, para las alcaldías de Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva, apoyó a candidatos de partidos políticos diferentes a aquellos que hicieron parte de la coalición que se conformó para su postulación al primer cargo del departamento.
Concretamente se cita el apoyo de Cortés a Lenito Eliecer Castro, de la Coalición Somos el Cambio; a Jhon Ermel Ríos, de la Alianza Verde; a Fabián Andrés Hernández, de una coalición entre Alianza Verde y Aico; y a Herick Fabián Agudelo, de una coalición entre En Marcha y Colombia Renaciente.
Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia, según la cual, "el apoyo es censurable solo cuando el partido político al que pertenece el elegido ha inscrito candidato para el respectivo cargo de elección popular o ha emitido una directiva en punto a apoyar a algún aspirante o abstenerse de brindar ese respaldo”.
Y resaltó que en este caso, “no se probó” que el partido Verde Oxígeno, al que pertenece la candidata, “hubiere inscrito aspirante a las alcaldías de López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva, ni tampoco que esa colectividad haya dado alguna instrucción de apoyar o no a otros candidatos”.
Durante el estudio de las demandas, la Procuraduría General de la Nación pidió salvar la elección de Cortés advirtiendo que "no se avizora que la demandada haya gestionado espacios de participación e interlocución para candidatos de diferentes colectividades políticas y, en ese marco, haya procedido a brindarles apoyo particular de manera directa y/o indirecta con actos positivos más allá de toda duda razonable".
El ponente en este proceso contra la gobernadora fue precisamente el presidente del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra, oriundo de Villavicencio. A la alta corte llegó en diciembre una recusación contra todos los magistrados de la Sección Quinta que expuso presuntos actos de corrupción que el magistrado le pide a la Fiscalía investigar.
En este portal utilizamos datos de navegación / cookies propias y de terceros para gestionar el portal,
elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada
con
sus preferencias a través del análisis de la navegación. Si continúa navegando, usted estará aceptando
esta
utilización. Puede conocer cómo deshabilitarlas u obtener más información aquí