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Si hay más magistrados, ¿no debía ser más rápida la justicia? / Análisis
Desde octubre de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pasó de nueve magistrados a 18.
Sala Plena Corte Suprema Foto: Corte Suprema
Editor MesaActualizado:
Desde octubre del 2018, en desarrollo de una orden de la Corte Constitucional y de varias decisiones del Sistema Interamericano, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pasó de nueve magistrados a 18.
Con la creación de dos nuevas subsalas, la de Instrucción y la de Primera Instancia, se garantizó así el derecho fundamental a la doble instancia de los aforados: gobernadores, generales, embajadores y, sobre todo, congresistas, que llevaban años alegando una vulneración del debido proceso por el sistema de investigación y juzgamiento concentrado en la antigua Sala Penal.
Que los aforados tuvieran o no menos garantías que los colombianos de a pie, es otra discusión. El hecho es que hace ya más de tres años la ardua carga que tenían los magistrados originales de la Sala Penal se distribuyó ya no entre 9 cabezas, sino entre 18. Por cierto, con un altísimo esfuerzo del erario público: los solos salarios de los nuevos magistrados de la Corte se acercan a los 300 millones de pesos al mes.
Aunque sin duda se cumplió el cometido de garantizar la doble instancia, llama la atención que aunque hoy la Sala Penal tiene dos veces las plazas con las que siempre había funcionado, los tiempos de sus procesos no dan, hasta ahora, señales de mejoría. Y si algo necesita el país es que desde las cabezas de la justicia se envíe un mensaje de eficiencia, transparencia y celeridad, mucho más en tratándose de investigaciones relacionadas con los más altos funcionarios y servidores públicos.
La lista de casos que llevan años en la Corte es larga y conocida. Para los mismos procesados, es fundamental que haya decisiones y, si no actuaron con dolo, que su inocencia quede establecida. Además, como lo demostró el escándalo del cartel de la toga, un expediente abierto indefinidamente suele ser puerta abierta para la corrupción judicial.
Y si en la Corte hay muchos, muchísimos, procesos demorados, ni hablar de lo que pasa en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, a la que van los casos contra presidentes de la República, fiscales generales y altos magistrados.
Un solo botón para la muestra: allá fue remitido, hace más de un año, el expediente contra el exgobernador de Boyacá, excontralor de Bogotá y ahora magistrado de la Sala de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados, acusado por la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht.
Granados fue señalado de dilatar su juicio en la Corte Suprema. Y hasta ahora, que se tenga noticia, los congresistas de la Comisión de Acusaciones poco avanzan en el proceso que debe determinar si el hombre que ahora funge como juez de jueces y abogados recibió o no sobornos.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
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