Los contratos por los cuales deberá responder general Jorge Romero
El alto oficial fue capturado en Bogotá. Investigación es por licitación de servicios mecánicos.
El CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar realizaron las capturas de doce uniformados en tres departamentos del país. Foto: Archivo particular
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El general Jorge Romero, capturado este jueves en Bogotá, deberá responder por lo menos tres contratos en los que se habría favorecido a una empresa que prestaba los servicios mecánicos para vehículos del Ejército.
Responderá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía ya había mencionado al general, quien fue retirado de su cargo por denuncias de corrupción, en un proceso contra nueve personas procesadas por irregularidades cometidas al interior de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín. Romero comandó esa brigada entre 2015 y 2017, años en los que se dieron los hechos.
Según la investigación, dos de los contratos eran por un valor de 1.694 y 1.261 millones de pesos. Testigos en el proceso han dicho que el general Romero daba órdenes a sus subalternos para que los contratos fueran entregados a dedo.
El pasado 26 de julio, durante la imputación a los primeros capturados por esos contratos irregulares, la Fiscalía proyectó un video en el que el capitán Edwin Vargas Mateus, testigo del ente acusador, señala que el general Romero Pinzón ordenaba organizar reuniones con las empresas interesadas en ganar los contratos, en las que se les pedía información financiera, como capacidad de endeudamiento, para modificar los pliegos de contratación de tal forma que se ajustaran a su perfil y los ganaran.
Según el capitán Vargas Mateus, esas empresas se repartían el 10 por ciento del valor de los contratos y se hacían toda una serie de maniobras para garantizar que se quedarían con las licitaciones.
Tal como lo reveló la revista Semana a principios de julio, el general Romero tiene otra investigación por, presuntamente, haber entregado en su calidad de comandante de la Cuarta Brigada salvoconductos para el porte de armas a cambio dinero entre los años 2015 y 2017. En su momento, el general dijo que él no era el competente para expedir dichos permisos pues para eso existía un comité.
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