Extraditarán a implicados en narcoavión que cayó en Providencia
Entre los notificados se encuentra el capitán (r) Jorge Isaac Aguilar.
Este es el avión donde se realizó el hallazgo. Foto: Policía de San Andrés
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En la mañana de este martes, el director de la Policía Antinarcóticos, el general Herman Alejandro Bustamante Jiménez, confirmó que fueron notificadas las órdenes de extradición emanadas por el Distrito Medio de Florida (Estados Unidos) contra tres personas capturadas "por la incautación de 446 kilos de cocaína en la isla de San Andrés".
Los afectados son Jorge Isaac Aguilar García (excapitán de la Policia), Harold Darío Rivera Toledo y Juan Camilo Cadena Botero, quienes deberán responder por delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas en el país norteamericano.
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El caso se remonta al 23 de mayo, cuando se logró la incautación en la isla de Providencia de la cocaína que era transportada en una aeronave que según las investigaciones habría salido desde el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá.
El esposo de Alejandra Azcárate, Miguel Jaramillo Arango, es investigado ya que en el momento de la incautación de la droga la aeronave figuraba a nombre de una sociedad de la que hacía parte.
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La captura del oficial de la Policía se concretó el 4 de julio, de acuerdo con la Fiscalía por que: "de acuerdo con los elementos de prueba, el capitán Aguilar García, adscrito a la dirección de Sanidad de la Policía, se habría comunicado con los compañeros encargados de la seguridad en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina para que permitieran el paso de varias cajas con supuestas ayudas humanitarias y tapabocas, que llegaron en una avioneta el pasado 23 de mayo".
El mismo día que se incautó la cocaína fueron capturados Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, quienes hacían parte de la tripulación de la avioneta C-90, de matrícula N722KR.
La aeronave pasó a extinción de dominio al considerar la Fiscalía que "el material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes".
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El proceso se mantiene con base en la información que se está compartiendo con la Agencia Antidrogas, DEA.
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