Tribunal de Bogotá aplazó veredicto para decidir si Carlos Ramón González va a la cárcel por escándalo de la UNGRD

La Fiscalía hizo fuertes reparos contra Carlos Ramón González, exjefe del Dapre y de la DNI, al momento de sustentar ante el Tribunal de Bogotá el pedido de que sea enviado a la cárcel por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Le dejamos: Atención: Fiscalía imputará dos delitos al exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD)

González, quien salió del país y se desconoce su paradero, fue imputado hace dos semanas por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó en una diligencia que lleva el magistrado Leonel Rogeles Moreno.

Este viernes, al momento de exponer por qué el exalto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro debe quedar tras las rejas, la fiscal María Cristina Patiño hizo un fuerte cuestionamiento relacionado a que él puso como dirección de su arraigo el norte de Bogotá, y hasta el momento no se tiene información exacta de su paradero.

Según un rastreo hecho por el CTI, el 21 de mayo se conectó a la imputación desde un celular con IP registrada en Managua, Nicaragua, por lo que la Fiscalía considera que probablemente esté por esa zona. "Es probable que el registrado en la reunión virtual como anónimo corresponda a Carlos Ramón González, quien puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, donde dijo tener su arraigo", dijo la fiscal en audiencia.

A eso la investigadora le sumó que "aquí no está en juego solo la medida de aseguramiento para asegurar la comparecencia al proceso y las consecuencias del mismo, está en juego la capacidad del Estado para ejercer la fuerza legítima cuando la justicia lo demande. Si su señoría no actúa con determinación en este momento, el mensaje que se envía es devastador, sería suficiente con conectarse a una audiencia por internet para blindarse de la acción inmediata de la justicia penal. Ningún procesado puede tener más poder que la istración de justicia".

El veredicto de si lo envía o no a la cárcel fue aplazado por el magistrado para que la defensa pueda examinar las pruebas que hay contra González, y así hacer su intervención. La nueva fecha es el 17 de junio a las 9 de la mañana.

El nombre de Carlos Ramón González en este entramado corrupto tiene que ver con que en el año 2023, habría gestionado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la repartición de 70.000 millones de pesos en contratos que iban dirigidos a los presidentes del Senado y la Cámara: Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

(Puede ver: Fiscalía pedirá cárcel para Carlos Ramón González por caso UNGRD: ¿cuándo vendría notificación a Interpol?)

Sin embargo, ante los supuestos apuros de los legisladores, se habría cuadrado la entrega en efectivo de 3.000 millones a Iván Name, y de 1.000 millones a Andrés Calle, los cuales se habrían dado entre el 12 y 14 de octubre de 2023. El enlace para ello sería la exconsejera Sandra Ortiz, quien también fue imputada por este caso y está tras las rejas. 

A cambio de esas coimas, los congresistas irían a votar a favor las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, finalidad que se ha registrado en otros capítulos de este entramado corrupto que utilizó recursos de la UNGRD para tal fin.

"Su señoría, por medio de la sustentación que a continuación se presentará, la Fiscalía demostrará que la solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en simples sospechas carentes de respaldo, sino que por el contrario existen suficientes elementos de juicio que sometidos al criterio de razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada, y contribuye a mantener inalterado el mandato de proporcionalidad implícito en la regulación constitucional", dijo la fiscal Patiño.

Entre su argumentación, recalcó cuáles son los tres delitos que tienen hoy al exjefe del Dapre al borde de ser requerido por las autoridades para su captura, en caso de que el magistrado acepte.

La tesis central del ente acusador es que "Carlos Ramón ofreció a los parlamentarios primero contratos y luego dinero en efectivo para que a cambio de ello, apoyaran los proyectos de ley de interés del Ejecutivo, y con el propósito de conseguir los recursos necesarios para alcanzar tal finalidad, determinó a Olmedo López para que los obtuviera de la contratación de la UNGRD, como en efecto sucedió con la orden de proveeduría 1922023", según lo expuso la fiscal en audiencia.

La Fiscalía empezó a reproducir audios de declaraciones de Olmedo López, quien delató a sus presuntos socios para conseguir beneficios. En un interrogatorio de la Fiscalía, el exjefe de la UNGRD dijo que se vio con González "entre el 18 y 21 de septiembre en el Palacio de Nariño. Las convocatorias del doctor Carlos Ramón siempre era que en la anterior, nos vemos tal día, era voz a voz, y había momentos en los que se aprovechaba de la agenda, aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros, porque llegábamos dos horas antes".

Al momento de tocar los pactos con el Congreso en los que se entrarían contratos de la Unidad a cambio de votos, manifestó que en una de esas citas de septiembre, González "allí me da la orden, que era necesario cumplirle. El tema era tenso en el Congreso, el presidente del Senado no caminaba, Iván Name, y que él había llegado a acuerdos con ellos", narró López sobre lo que le decía González. 

Y añadió: "Me habló de montos, me dijo 60.000 a Name, y un poco más de 10.000 a Calle en contratos".

En otro de los apartes del interrogatorio, la fiscal María Cristina Patiño le preguntó a López si le había dicho a Iván Name que la entrega de contratos era por orden de Carlos Ramón González, a lo que respondió que sí. "Cuando a mí me busca el doctor, me da los dos nombres, donde dice: para el doctor Name 60.000, y cerca de 10.000 para Calle, como apoyo. Mi presencia en las reuniones posteriores tanto en las de Calle como las de Name tenían que ver con un direccionamiento del doctor González".

Según Olmedo López, el 21 de septiembre de 2023 fue que González le dio la orden de que se pasara de contratación a plata en efectivo, a través de Sandra Ortiz. "Los 3.000 no nacieron de la doctora Sandra Ortiz. Los 4.000 nacieron del doctor Carlos Ramón González. "Este extracto permite evidenciar que el aquí imputado Carlos Ramón González, fue quien ordenó cambiar el ofrecimiento ilícito de contratos de 70.000 millones de pesos a 4.000 millones en efectivo que serían obtenidos a través de la contratación irregular de la UNGRD".

Así lo narró la fiscal en la audiencia de este viernes: "En el almuerzo del 21 de septiembre de 2023, en el que participaron Sandra Ortiz, Iván Name y Carlos Ramón González, se socializó la imperiosa necesidad de entregar al senador Name la dádiva ilícita ofrecida a través de la alta consejera, quien a su vez se comunicó de manera urgente con el director de la UNGRD, quien a inicios de septiembre, previamente al almuerzo, había recibido la orden de González de gestionar los contratos que posteriormente mutaron a dinero en efectivo. El mismo 21 de septiembre tuvo lugar la reunión entre Ortiz y López en el Palacio de Nariño".

Otro reproche de la Fiscalía contra el exjefe del Dapre es que ese 21 de septiembre cuando López y Ortiz se reunieron, "en el análisis realizado no se encontró registro alguno de la presencia de González, pues extrañamente las cámaras que así podían corroborarlo presentaron vacíos inexplicados en la continuidad de la grabación". 

Además, que la decisión del 20 de noviembre, en el despacho del imputado, era "que tenían que ir comprando el funcionamiento del Congreso de la República, porque así tal cual fue la explicación que se dio en esa reunión, y que eso venía de tiempo atrás, que lo que íbamos a hacer era un empalme entre la UNGRD e Invías en el funcionamiento de votos de los congresistas, leyes o comisiones, o temas de intereses fundamentales de ministerios".

 

Los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes están en la cárcel por estos hechos por orden de la Corte Suprema, se han declarado inocentes negando que recibieron 4.000 millones de pesos en efectivo en octubre de 2023. 

Para los implicados de parte del alto Gobierno, esta semana ha sido crucial, pues César Manrique, exjefe de Función Pública, tiene encima una imputación que no se ha oficializado por un trámite de procedimiento, pero que ya dejó ver las pruebas que hay en su contra. 

Además, se anunció que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla va a ser imputado por interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, un capítulo distinto a los de Manrique y González. En este, se habla de presuntos contratos direccionados para que congresistas votaran a favor en las comisiones económicas.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com