Colombia, aún sin base de datos para identificar a violadores seriales

Desde hace al menos cuatro años se ha buscado crear en Colombia una base de perfiles genéticos que ayude a judicializar a violadores en serie, como ya se usa en países como Inglaterra, EE. UU. y España. Incluso, en enero de 2020 Medicina Legal expidió una resolución que buscaba crearla, pero esto no se ha hecho.

En un país donde, según datos de 2019 -recopilados por la Corporación Excelencia en la Justicia-, por delitos sexuales solo se llega a condenas en juicio en el 54 por ciento de los casos, esta base de datos sería, para Medicina Legal, una valiosa herramienta. “El ADN puede ser un método confiable capaz de ofrecer condenas seguras y rápidas, también tiene un potencial para eliminar sospechosos inocentes”, explicaron desde el instituto.

Una herramienta como esta permitiría, dijeron, contribuir a la identificación de presuntos delincuentes bien al relacionar a un sospechoso con varios crímenes o al relacionar diferentes delitos que no tienen ningún sospechoso y que fueron cometidos por la misma persona.

La penalista Dalila Henao añadió que “su eficiencia se vería reflejada en una mayor percepción de seguridad al aumentar la eficacia de las investigaciones. No toma la misma cantidad de tiempo enfrentar un proceso que se base en pruebas científicas casi irrefutables, que enfrentar uno con pruebas principalmente testimoniales y que dependan de la memoria de las personas y su disposición para comparecer”, dijo.

Pero ponerla a funcionar presenta varias dificultades. En primer lugar, según Medicina Legal hacen falta al menos 10.000 millones de pesos para arrancar. De otro lado, una herramienta que guarde la información genética de alguien toca derechos como la dignidad, la intimidad, entre otros, lo que abre un debate constitucional.

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Mauricio Cristancho, de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal de la Universidad Nacional, explicó: “Eventualmente, tomar una muestra contra la voluntad de la persona afecta derechos como la intimidad, la dignidad, a la no autoincriminación; si a alguien le toman muestras corporales, puede estar dando las pruebas de su responsabilidad penal. Habría que ponderar los derechos del procesado y los de la víctima”.

Añadió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que solo se puede almacenar esta información de personas condenadas porque tener material genético de un sindicado que fue absuelto puede atentar contra su vida privada.

La abogada Henao agregó que la información que guardan estos bancos “no contiene datos únicamente del individuo, sino también del grupo de familiares que comparte la herencia genética –hermanos, padres, hijos–, situación que no ha sido pacíficamente solventada en los distintos países en los cuales se ha reglamentado”. También hay un debate por el tiempo en que estos datos pueden seguir almacenados.

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Frente a la ponderación de los derechos de los procesados y las víctimas, la penalista explicó que la correcta reglamentación es fundamental para garantizar ambos y que de todas formas la toma de estas muestras tendrá que pasar por un juez de garantías. En todo caso, dijo, no obstante la eficacia del ADN, esta prueba debe ser valorada junto a otras, pues “por sí solo, el ADN no resulta concluyente y la coincidencia de perfiles no es sinónimo de culpabilidad”.

Además, como esta herramienta toca derechos fundamentales debe ser regulada por una ley estatutaria –que tiene un trámite especial–, y ya varios intentos han fallado. Sin embargo, en la Cámara de Representantes cursa en el momento el proyecto de Ley Estatutaria 326 de 2020, que busca crear el registro no solo para delitos sexuales, sino para delitos violentos de alto impacto, y ya pasó su primer debate.

Sobre el tema, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó que en la actualidad no están acompañando un proyecto en este sentido, aunque sí se ha planteado en el pasado. “Se presentaron dos proyectos de ley, pero dieron concepto desfavorable (del Consejo Superior de Política Criminal) con soporte en oficio de Medicina Legal que dice que tiene el Codis. Por lo tanto, implementar otro banco similar sería una pérdida de recursos. La propuesta es que se debe fortalecer el que se tiene y que sea útil para todos los delitos”, dijo.

El Codis contiene perfiles de ADN de condenadas, de las pruebas halladas en escenas del crimen y de personas desaparecidas. Sin embargo, para Medicina Legal sí es vital una herramienta específica adicional. Y la penalista Henao concluyó que siempre que se vele por la protección de las garantías de víctimas y procesados “la implementación de esta herramienta es progresista y podría suponer un avance significativo en materia criminológica en nuestro país”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

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