El
Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés)
fue autorizado para acceder a información importante de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Con este permiso, el personal de
la agencia de Elon Musk podrá ingresar a un sistema del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) que cuenta con datos específicos de extranjeros.
Según una investigación del medio
The Washington Post, representantes de DOGE recibieron el visto bueno para acceder al Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS, por su sigla en inglés). En él, se incluyen
direcciones e historiales de millones de inmigrantes legales e ilegales que viven actualmente en el territorio norteamericano.
De acuerdo al informe, el personal del DOJ habría recibido instrucciones para comenzar a preparar las cuentas de ECAS para un equipo de la agencia gubernamental que se ocupará de revisar cada caso.
¿Qué datos podrá obtener DOGE sobre los inmigrantes en EE. UU.?
La agencia de Musk podrá acceder a la base de datos de DOJ que se utiliza para almacenar registros de inmigrantes que han interactuado con el sistema de inmigración estadounidense.
Entre la información que aparece, están el nombre de la persona, la dirección, el testimonio previo en tribunales de inmigración y cualquier historial de interacción con las fuerzas del orden.
La crítica de expertos legales sobre este intercambio de información
Esta nueva medida fue criticada ampliamente por defensores de migrantes y expertos legales, quienes señalaron que la búsqueda de información confidencial pone en peligro la protección de la privacidad de todos los ciudadanos.
En este sentido, la abogada principal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Lynn Damiano Pearson, sostuvo que "el uso de ECAS para otros fines tendría impactos muy preocupantes para los inmigrantes, incluso para aquellos que han tratado específicamente de cumplir con las políticas gubernamentales y hacer todo bien".
Por otro lado, un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias aseguró que este sistema contiene registros de millones de inmigrantes que datan al menos de la década de 1990 y cuenta con información diversa a la que solo podían acceder abogados e investigadores, o personal del Departamento de Seguridad Nacional.