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El estado de EE. UU. que aprobó 2 medidas radicales contra los indocumentados
Las dos leyes obtuvieron aprobación legislativa en ambas cámaras.
Un estado de Estados Unidos aprobó dos leyes duras contra la inmigración ilegal. Foto: iStock
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Recientemente, Georgia aprobó dos nuevas leyes contra los indocumentados. Las normativas establecen formas de controlar a la población de inmigrantes ilegales y de evitar que se salteen los controles ya existentes. De esta manera, el tema de la legislación migratoria en Estados Unidos volvió a tomar protagonismo.
A raíz de la crisis por el alto ingreso de migrantes ilegales, las distintas ciudades y estados propusieron soluciones diversas para tratar esta problemática. En ese sentido, el caso más emblemático fue el de Texas y la polémica ley SB4, que continúa en suspenso hasta que se tome una decisión judicial definitiva sobre su aplicación. En ese contexto, otros estados impulsaron sus propias normas para intentar controlar la situación.
En las últimas horas, dos proyectos que apuntan contra los indocumentados obtuvieron la aprobación parlamentaria completa. Se trata de las leyes HB301 y HB1105, que consiguieron votaciones favorables en el Senado estatal y, dado que ambas ya tenían media sanción a partir de las votaciones en la Cámara de Representantes, se convirtieron en normativas oficiales.
Qué establecen las nuevas leyes contra indocumentados en Georgia
En primer lugar, la ley HB301 sirve como herramienta para que cualquier ciudadano pueda denunciar un incumplimiento de una ley estatal sancionada en 2009 que manifiesta el rechazo a las ciudades santuario en el estado, según recopiló Georgia Recorder. Con ese sustento legal, si se observa que una ciudad de Georgia no colabora para hacer cumplir las normativas migratorias federales y un juez así lo determina, el municipio afectado podría dejar de recibir financiamiento estatal.
Imagen de Atlanta, una de las localidades de Georgia que no podrán declararse como ciudad santuario. Foto:iStock
Por su parte, la ley HB1105 establece que todos los centros penitenciarios deben hacer un relevo sobre los inmigrantes ilegales que tengan en custodia e informarlo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En caso de no hacerlo, además de no enviar más fondos al establecimiento, también podría acusarse de delitos a oficiales individuales.
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