Las dudas sobre la estrategia antinarcóticos del presidente Gustavo Petro quedaron expuestas este jueves en la noche cuando el Senado estadounidense aprobó una partida de US 487 millones de dólares en ayudas para Colombia destinadas al año fiscal 2024.
En el proyecto de ley, que ahora pasará a la plenaria de este órgano para su trámite final, se incluye una nueva disposición que frena la entrega de todos los recursos para Colombia hasta que el Departamento de Estado no entregue un reporte sobre los planes del nuevo gobierno en esta materia y si estos se alinean con las prioridades de Estados Unidos.
En primer lugar, el Senado pide explicar cuáles son las propuestas del presidente Petro para promover la seguridad rural y el desarrollo alternativo en las regiones y cómo piensa Estados Unidos respaldar esa estrategia.
Pero luego entran en detalles mucho más específicos donde saltan a la vista los temores.
La Cámara Alta, en el proyecto de ley, le pide al Secretario de Estado que conteste 6 preguntas. En primer lugar, que haga "un resumen de la estrategia, incluyendo la erradicación, interdicción, seguridad rural y otros objetivos de aplicación de la ley".
Son preguntas oportunas y adecuadas considerando que hay un nuevo gobierno en Colombia que está desarrollando una estrategia antinarcóticos diferente.
Pero también que dé "una explicación sobre cómo la asistencia de los Estados Unidos apoyará la implementación de tal estrategia, una descripción de cómo dicha asistencia se alinea con los intereses nacionales de los Estados Unidos, una descripción de las formas en que la estrategia antinarcóticos del Gobierno de Colombia no se alinea con los intereses y prioridades de los Estados Unidos y los pasos que se pretende tomar para garantizar que dicha asistencia promueva los intereses nacionales de los Estados Unidos".
Así mismo,"una evaluación de la probabilidad de que dicha estrategia pueda reducir de manera sostenible el cultivo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas" y otra en la que detalle las salvaguardas ambientales, de derechos humanos y de salud pública incluidas en dicha estrategia.
En otras palabras, el Senado está reconociendo con su lenguaje los cambios que viene proponiendo Petro, como por ejemplo no erradicar cultivos de campesinos, pero a la vez busca aclarar si tal estrategia tiene posibilidades de éxito y/o si se aliena con los intereses estratégicos de Washington.
Lo más relevante, en todo caso, es que es la primera vez en la historia reciente que se incluyen estas exigencias y que fueron puestas por un comité controlado por el partido demócrata, que se supone es más cercano al presidente Petro.
De hecho, es la primera vez que el Congreso pone un freno total a la ayuda hasta que el Departamento de Estado no entregue primero este reporte.
Aunque en el pasado siempre se ha incluido una medida que exige una certificación previa del departamento de Estado donde se confirme que Colombia está implementando una estrategia para reducir el tráfico de drogas (y en esta ocasión eso también se exige), la disposición solo condicionaba la entrega del 20 por ciento de los recursos destinados a la lucha antinarcóticos.
Gustavo Petro, presidente. Foto:Diego Caucayo. EL TIEMPO
Es decir, la medida frenaba únicamente unos US $49 millones de dólares entre más de US $240 millones de dólares dirigidos al combate contras las drogas.
Pero el nuevo reporte, o la "pre obligación" que ahora se exige (ese es el término que se usa en la ley), condiciona todo el desembolso de la ayuda a la presentación de ese texto.
En otras palabras, no podría gastarse un centavo de los US $487 pedidos para el 2024 hasta que el Secretario de Estado no presente al Congreso esta justificación.
Las "dudas" son aún más severas en la Cámara de Representantes donde este año, por primera vez en la historia de las relaciones, no se incluyeron recursos para el país en el proyecto para las operaciones en el extranjero que fue aprobado la semana pasada.
Dado que el Senado ya autorizó los US $487 millones, ambas cámaras deberán nombrar eventualmente una comisión de conciliación donde negociarán esas diferencias.
Si bien se da por descontado que terminarán aprobando fondos para el país una vez concluya ese proceso, también es seguro que se incluirán condiciones como la que acaba de aprobar la Cámara Alta.
O aún mas fuertes pues se anticipa que la Cámara de Representantes exigirá muchos más controles.
“Son preguntas oportunas y adecuadas considerando que hay un nuevo gobierno en Colombia que está desarrollando una estrategia antinarcóticos diferente. No debe retrasar la asistencia a Colombia, suponiendo que las respuestas proporcionadas por el Departamento de Estado sean satisfactorias para el Congreso de los Estados Unidos", le dijo a este diario Tim Rieser, asesor en política exterior del ex senador Patrick Ley, en referencia al nuevo reporte que ahora exige el Senado.
Reiser, que trabajó más de 20 años en el Comité de Apropiaciones del Senado y aún asesora a esta dependencia, le dijo a EL TIEMPO no recordar una exigencia similar en versiones previas de la ayuda para el país.
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