En un movimiento que sorprendió a muchos, Texas anunció una importante inversión de varios millones de dólares que busca apoyar a un sector esencial para la vida de sus habitantes.
De acuerdo con Kltv, recientemente el gobernador de Texas, Greg Abbott firmó la ley HB 2, que destina US$8’500.000 para fortalecer el sistema de escuelas públicas del estado. La ceremonia se llevó a cabo al norte de Austin, y contó con la presencia de estudiantes, docentes y legisladores.
“Es hora de que Texas vuelva a ocupar el primer lugar en la educación de nuestros niños”, declaró el gobernador, y aseguró que este paquete legislativo representa un paso sustancial para mejorar la calidad educativa en todo el estado.
La iniciativa ocasionó bastante polémica en el país norteamericano Foto:iStock
Aunque esta iniciativa fue celebrada por muchos sectores, también ha despertado algunas críticas. Representantes de organizaciones educativas han advertido que los recursos asignados no alcanzan para cubrir el aumento de costos provocado por la inflación desde la pandemia. Además, señalan que no resuelve todas las carencias estructurales del sistema.
Cuáles son los beneficios de la nueva ley HB 2 de Texas
Según Kltv, la nueva ley HB 2 contempla incrementos salariales para maestros y personal de apoyo, nuevos recursos para la educación especial, fondos dirigidos a gastos operativos y una apuesta decidida por la educación preescolar de jornada completa.
Además, fortalece el sistema de pago por desempeño para educadores y establece criterios más estrictos para quienes enseñan materias básicas, limitando la presencia de instructores no certificados en aulas clave.
De acuerdo con Kut News, la ley HB 2 asigna US$4’200.000 para aumentos salariales a maestros y personal de apoyo, US$1’300.000 para cubrir gastos operativos esenciales como seguros y diésel, y US$850'000.000 destinados a mejorar los servicios de educación especial en las escuelas públicas de Texas.
Los fondos se utilizarán para adecuar las escuelas a los requisitos más recientes en infraestructura y protección estudiantil y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025.
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