España: ley de amnistía a independentistas catalanes entra en vigor, pero su aplicación queda en manos de jueces, ¿por qué?

La norma, contra la que la derecha se manifestó en varias ocasiones en los últimos meses, fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi dos semanas después de su aprobación definitiva por el Parlamento español a finales de mayo.

Ahora los jueces contarán con dos meses para su implementación, en los que deberán decidir si la ley es aplicable a cada caso. También pueden plantear cuestiones concretas al Tribunal Constitucional o a la justicia europea.

Muchos magistrados no han ocultado sus dudas y reticencias ante esta norma que lleva protagonizando el debate político en España desde las elecciones legislativas del 23 de julio.

"Comienza una nueva batalla", escribió Jordi Turull, secretario general de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, en la red social X.

"El Estado español y su cúpula patriótica-político-judicial nos demuestra cada día que esto de que apliquen la ley no será sencillo. Pese a ello, tarde o temprano, lo conseguiremos", agregó.

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Esta batalla jurídica se anuncia efectivamente compleja y podría extenderse durante meses en algunos casos.

Apenas promulgada la ley, una treintena de integrantes del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) que fueron encausados o condenados por su participación en la fallida secesión solicitaron que se les aplique, informaron fuentes del partido.

Entre ellos está Oriol Junqueras, quien era el vicepresidente regional en 2017 -cuando el gobierno secesionista organizó un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia y acabó proclamando una efímera independencia-, y que fue condenado a 13 años de prisión antes de ser indultado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez.

En total, la medida podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia.

Una de las más destacadas es Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española tras el fracaso de la tentativa secesionista que lideró cuando presidía el gobierno de esta región del noreste de España.

La ley aprobada prevé dejar sin efecto las órdenes de detención, como la que sigue teniendo en su contra. Puigdemont, que se presentó a las elecciones regionales del 12 de mayo, indicó su intención de presentarse al debate de investidura que se celebrará a finales de junio en el Parlamento regional.
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Todavía no está claro, sin embargo, si podrá acudir sin riesgo de ser detenido. Los fiscales del Tribunal Supremo estimaron en un informe que el delito de malversación del que se le acusa no puede ser amnistiado, aunque aún deben redactar su parecer para cada caso.

Una cuestión de interpretación que será clave, ya que la ley sí prevé la aplicación de la amnistía a este delito si los fondos fueron usados para financiar el proceso independentista y no para enriquecerse personalmente.

El juez Pablo Llarena dio el martes "un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad" de la ley a Puigdemont y le comunicó a la policía que la orden nacional de detención continúa activa.
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Para Sánchez, que en el pasado se oponía a esta ley, esta amnistía tiene como objetivo acabar con la inestabilidad generada por la tentativa de secesión de 2017, una de las peores crisis políticas vividas en España desde el retorno de la democracia tras la dictadura franquista en 1975.

Pero la aprobación de ley es el precio que tuvo que pagar el socialista para ser reelegido en noviembre como presidente del gobierno, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes.

El Partido Popular, principal formación de la oposición, lleva tiempo en pie de guerra contra la amnistía, que considera "inconstitucional" y promete derogar si vuelva al poder.

"Transferencia realizada. Sánchez ya ha pagado [a los independentistas, ndlr] el alquiler de seis meses en Moncloa", la sede del gobierno español, escribió la número dos del Partido Popular (PP, derecha), Cuca Gamarra, en la red social X.