El 18 de junio de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon lanzó la “guerra contra las drogas”. Pero, en lugar de mejorar la salud pública y el bienestar en Estados Unidos mediante la represión del consumo de drogas, destruyó la vida de millones de personas, tanto en el país como en el extranjero, especialmente en América Latina, África central y el sudeste asiático. La cuestión ahora es cómo reparar el daño.
Las personas no blancas se han visto afectadas de forma desproporcionada, a pesar de tener tasas de consumo y venta de drogas similares a las de las personas caucásicas.
El enfoque de Nixon sobre el consumo de drogas es fundamentalmente punitivo. En consecuencia, ejerce una gran presión sobre las fuerzas de seguridad y el sistema penal, al tiempo que envía a millones de personas a la cárcel por delitos no violentos. En 2020, las fuerzas de seguridad estadounidenses registraron más de 1,1 millones de detenciones por delitos relativos a las drogas, la mayoría por simple posesión.
Las personas no blancas se han visto afectadas de forma desproporcionada, a pesar de tener tasas de consumo y venta de drogas similares a las de las personas caucásicas. En todo el mundo, aproximadamente una de cada cinco personas encarceladas está cumpliendo condenas relacionadas principalmente por delitos no violentos relacionados con drogas.
Además, la guerra contra las drogas ha impedido la regulación efectiva de la producción y distribución de las mismas. Esto facilita el de los menores a las sustancias prohibidas y genera beneficios exorbitantes para las organizaciones criminales que aterrorizan a las comunidades locales. La guerra contra las drogas es una victoria para la corrupción y un desastre para el Estado de derecho.
Toda esta devastación no ha prevenido el abuso de las drogas: se calcula que 271 millones de personas en todo el mundo usan drogas prohibidas por los tratados internacionales, mientras que el estigma y la criminalización hacen que la vida de los s sea más peligrosa e insalubre.
En la actualidad, unos 35 millones de personas que usan drogas necesitan atención sanitaria mental o física, y siete millones padecen enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de drogas por vía intravenosa (VIH y hepatitis vírica). Más de 500.000 personas mueren cada año por sobredosis o adulteración, y los índices de muertes por sobredosis van en aumento.
Hoy en día, la fútil y destructiva guerra contra las drogas está bien establecida y ampliamente reconocida, con expertos, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo revisando sus posiciones.
Un número cada vez mayor de países se está movilizando para implementar reformas humanitarias en la política de drogas. En octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a miles de personas que habían sido condenadas por cargos federales de posesión de cannabis desde el inicio de la guerra contra las drogas.
El enfoque de salud pública que promueve el Consenso de Roma agrega que la seguridad es otro pilar. Foto:Getty Images
Aunque estos pasos son sin duda bienvenidos, son solo el principio. Reformar los modelos internacionales de control de drogas y deshacer algunos de los daños de la guerra contra las drogas requerirá un enfoque humanitario, centrado en intervenciones no patologizantes que promuevan la salud individual y pública.
Esto incluye la salud mental, que está estrechamente relacionada con el abuso de drogas. Los esfuerzos por actualizar y homogeneizar los criterios de evaluación de la salud mental y las normas de atención son esenciales.
Solo así podrán identificarse y abordarse las desigualdades en el a la atención sanitaria entre regiones. En términos más generales, las políticas nacionales en materia de drogas deberían alinearse con los esfuerzos internacionales.
Organizaciones internacionales como las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que llevan décadas trabajando para hacer frente a las consecuencias sanitarias del consumo de drogas y de la guerra contra las drogas, han abogado desde hace tiempo por este enfoque.
En 2005, la Cruz Roja Italiana, el Consejo Internacional para la Seguridad y el Desarrollo y la Fundación Villa Maraini, con sede en Roma, se unieron para promover un marco de diálogo y cooperación sobre el desarrollo y la aplicación de políticas de drogas humanas y eficaces. El conjunto de principios que produjo este esfuerzo –el Rome Consensus para una Política Humanitaria sobre Drogas– fue firmado por 121 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En 2020, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja –junto con la C4 Recovery Foundation, la Levenson Foundation, la Police, Treatment, and Community Collaborative y el Knowmad Institut– se basaron en este logro con el Consenso de Roma 2.0. El objetivo fue lograr la adhesión de nuevos signatarios de todo el mundo y ofrecer un plan de políticas y mejores prácticas para la próxima década.
La prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la gestión de las sobredosis son piezas importantes del rompecabezas.
Como señala el Consenso, disponemos de las herramientas, las orientaciones y las pruebas necesarias para “reducir y superar los daños sanitarios y sociales evitables e inaceptables asociados a la situación mundial de las drogas”. La prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la gestión de las sobredosis son piezas importantes del rompecabezas.
El Rome Consensus 2.0 reconoce que el éxito solo puede alcanzarse si “abogamos por todos los niveles para garantizar más inversiones y concienciación pública para aplicar políticas de drogas más humanas y eficaces”. Acabar con el estigma y la discriminación a la que se enfrentan las personas que consumen drogas es, por tanto, vital para el progreso.
Al fomentar una comprensión más precisa, matizada y holística sobre las drogas y su consumo entre el público (incluyendo, de manera crucial, a los profesionales de la salud), las campañas educativas pueden contribuir en gran medida a avanzar hacia este objetivo.
Estas campañas deberían reconocer, para empezar, las dimensiones socioculturales, históricas e incluso religiosas del uso de drogas. El uso de ‘plantas sagradas’ (y sustancias que modifican los estados de conciencia) está documentado desde hace siglos como tratamiento de dolencias y en prácticas espirituales.
Asimismo, cada vez son más las investigaciones que indican que ciertas sustancias psicoactivas tienen el potencial de tratar los trastornos de salud mental. Lejos de ser sinónimo de adicción, algunos tipos de drogas pueden ayudar a tratarla. A menudo es posible un uso casual y responsable de drogas, que nunca se convierta en abuso.
La guerra contra las drogas es una lucha sin vencedores. La única salida es adoptar un nuevo enfoque centrado en salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana. Los derechos humanos de nadie, use o no drogas, deberían estar en duda.
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