Desde las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de este año en Venezuela y las protestas que se derivaron de estas, han aumentado las violaciones de los derechos humanos. Así lo sostienen la Corte Penal Internacional (I) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La I, con sede en La Haya, realiza una investigación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, mientras los fiscales y otros organismos continúan reuniendo pruebas sobre la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro, quien, sin embargo, hasta el momento no ha sido acusado por ese tribunal.
Cabe recordar que la I se rige bajo el Estatuto de Roma al que Venezuela se adhirió en el 2000 y está habilitada a juzgar a acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
La I se basa en diversas fuentes, y dentro de ellas está la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el 2020, en su primer informe, la Misión denunció crímenes de lesa humanidad, que incluyen supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, ente otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el país desde 2014”.
Son falsas acusaciones
Ante las investigaciones del I y los reportes de la Misión de la ONU, el gobierno de Venezuela ha rechazado, en varias oportunidades, los señalamientos.
Ciudadanos asisten a votar en las elecciones primarias de la oposición, en Caracas. Foto:EFE
En 2021, la Cancillería afirmó que son “falsas acusaciones” y que “se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin o directo con la realidad del país”.
Dos años después, la misma entidad aseveró que se trata de un “informe panfletario” y que es parte de una supuesta estrategia para mancillar la imagen de Venezuela.
El pasado viernes 9 de agosto, en una rueda de prensa en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Maduro desestimó el trabajo de la ONU en Venezuela. “No conocen nuestro ordenamiento jurídico”, dijo.
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