La representante Katherine Miranda, Alianza Verde, denunció un intento por posponer por al menos dos años la aplicación de los impuestos saludables. Esta cuestionó una proposición que se presentó en el marco de la discusión del presupuesto para el año 2024 en ese sentido.
El texto controvertido, firmado por figuras de oposición, como el representante Andrés Forero, pretende que los impuestos saludables, consagrados en el artículo 54 de la ley 2277 de 2022, entren en vigencia cuando la variación del IPC general a junio no supere el 8 porciento. De no lograrse, se pone como plazo máximo que entre en vigencia en 2026.
El motivo de esta proposición sería la alta inflación que ha enfrentado el país en el último tiempo y que una nueva carga tributaria en el tema alimenticio podría aumentarla un poco más.
Frente a la proposición, la representante Miranda levantó su vos de protesta en plena discusión del presupuesto. Esta cuestionó que se haya prendido las alarmas debido a que el presupuesto estaría desfinanciado, pero aún así se recorten fuentes de financiación al Estado.
“Está andando por ahí una proposición que busca posponer la entrada en vigencia de los impuestos saludables, que tendrían que entrar para noviembre de este año. Quieren posponer hasta enero de 2026. Esto es absolutamente grave porque se les había dado un año de gabela para que entrara en vigencia y hoy ya están hablando del 2026. Seamos responsables”, dijo Miranda.
Luego, la representante señaló que se espera que ingresen 2,8 billones por los impuestos saludables en 2024 y para el 2025 sería de 3 billones. Si se suspende su aplicación, estos recursos no entrarían y crearían un hueco más.
“En estos dos años el Estado dejaría de recaudar cerca de 6 billones si pasa esa proposición de aplazamiento. Necesitamos políticas serias en materia tributaria y de salud”, concluyó Miranda, que cerró su intervención haciendo “un llamado a la responsabilidad”.
Precisamente Miranda ha tenido un rol muy activo en el estudio del presupuesto para el próximo año, fue esta una de las primeras en denunciar que el presupuesto podría estar desfinanciado, por cuenta de que el Ejecutivo incluía entre sus cálculos posibles cobros de la Dian que no se habían hecho realmente y cuya cifra real podía variar. En ese sentido, señaló que el presupuesto estaría desfinanciado.
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