El debate de la reforma a la salud ha girado en torno a un gran tema: la posible eliminación de las EPS en el país. Sin embargo, Pedro Santana, vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, le dijo a EL TIEMPO que este no es el objetivo.
En entrevista con este diario, Santana aseguró que lo que se pretende con el proyecto que entrará a discusión en las próximas semanas es "cambiar sustancialmente el modelo de la Ley 100, en la cual el Estado entregó el manejo de los recursos públicos de la salud al sector privado a través de unos intermediarios (las EPS)".
"El proyecto busca que sea el Fondo Público Único y la Adres que es su a, quienes manejen estos dineros. No se busca, a través de actos istrativos, acabar con las EPS, ellas podrán seguir funcionando, pero si se aprueba la reforma, no manejarán los recursos públicos destinados a la salud", dijo el vocero.
Sin embargo, el experto afirmó que en caso de que se eliminen las EPS la garantía de los servicios de salud no se pondría en riesgo.
Al ser cuestionado sobre las veracidad de que sin las entidades promotoras de salud no habría forma de acceder a un sistema de salud estable, Santana dijo que es completamente falso.
"En el período de transición ningún residente en el territorio quedará sin atención. En el artículo primero del proyecto se establece que el Estado será el asegurador social universal y deberá garantizar el derecho fundamental a la salud", aseguró.
"La transición deberá ser gradual y responsable. Como ha dicho la ministra de Salud, Carolina Corcho, muchas entidades públicas, privadas y mixtas serán habilitadas para que asuman el impulso para la conformación de los Centros de Atención Primaria en salud, que será la puerta de entrada al nuevo sistema como rige hoy en la mayor parte de los sistemas de salud del mundo", añadió el experto.
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