El gobierno de Gustavo Petro sigue dando (gratas) sorpresas en el sector TIC: contrario a todas las prevenciones o dudas, el trabajo del ministro Mauricio Lizcano, sus viceministros, directores y entidades asociadas, ha avanzando con decisión en varios aspectos que se veían trancados, con una hoja de ruta sencilla pero clara y pragmática.
Incluso un paso más allá: se han puesto la tarea decidida por destrabar y sacar adelante iniciativas que gobiernos previos patearon cómodamente hacia adelante como es el caso de la subasta de 5G, que luego del letargo de la Cenicienta en el que cayó durante el Gobierno Santos, y los intentos del Gobierno Duque por despertarla, ya hoy le han dado el beso y avanza firme: el 20 de diciembre tendremos una subasta que debió ocurrir hace años para traer las redes de quinta generación al país.
Sin embargo, hay algunos aspectos que Gobierno e Industria deben revisar y superar para que nada se vaya a atravesar a la tan anhelada iniciativa:
El tema de Tigo y UNE: la situación de la compañía socia de UNE y Medellín, decidida inversionista en Colombia y que se jugó a muerte por innovar, competir, hoy pasa un mal momento por flujo de caja. ¿Las razones? Será en otra columna donde las analizaremos.
Lo importante acá es que la misma empresa, Medellín y luego la SIC definan pronto su futuro inmediato: ¿se fusionará del todo con Movistar? Si ese es el camino para la estabilidad de ambos operadores en beneficio de la sociedad y sus clientes, que se avance entonces con decisión. De ello depende, de cara a la subasta de 5G, las condiciones que se deberían ajustar en temas de topes de espectro, pues juntas superarían dicho límite de ley de la cantidad de ‘carreteras invisibles’ que han licitado.
Ajustar precios del espectro: hay que reconocer el interés decidido del Gobierno con 5G, pues las bandas orientadas a dicha tecnología se plantean con un precio razonable. No así con otras bandas como AWS extendido, que podría generar un ruido innecesario y afectaría el despliegue en 4G, otro de los objetivos de la subasta de diciembre. Que sean buenos precios en todas las frecuencias para incentivar la inversión y la conectividad.
Revisar las garantías. Otro aspecto clave: son tan altas las pólizas requeridas (casi al valor mismo del espectro) que, primero, no hay bancos capaces de respaldarlas. Y segundo, es un billete inmenso, quieto, que enriquece a reaseguradas europeas sin necesidad. En otros países son mas razonables.
Ojo con la indexación. Por Ley, el pago del espectro no se les recibe a los operadores de un contado sino a plazos largos durante varios años (para que el Gobierno que adjudica no se gaste todo de un totazo). Bien eso. Pero la fórmula de corrección monetarias e intereses, muy altos, que ya se corrigió para que sea más benévola, debería aplicar a renovaciones y concesiones recientes al menos. Es un respiro en capital para el operador, el que invierte en el despliegue de las redes y, por ende, de la conectividad.
El espectro reservado a locales. Es una idea novedosa esa de reservarse unos ‘carriles’ de espectro para subastarlos en abril a operadores regionales, pequeños e incluso empresas que deseen tener frecuencias para 5G. Pero ojo: que una ‘ia’ no vaya a preguntarse ¿por qué un bien del Estado tiene un precio y obligaciones distintas para unos y otros? ¡Vade retro detrimento!
Revisen las metas de cobertura 4G. La subasta también terminará de impulsar la cobertura de 4G en áreas suburbanas, pero dichas metas y obligaciones quedaron pálidas. El Gobierno debe ponerles a los operadores un reto más agresivo en despliegue de banda ancha móvil en beneficio de la ciudadanía.
El camino está servido para la subasta 5G, una tecnología de la que veremos por ahí en dos años los primeros avances sólidos en crecimiento y despliegue, pero que se hace muy necesaria subastar y comenzar su implementación.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
En X: @JoseCarlosTecno