Cárceles, delitos y celulares: ¿cómo solucionar este flagelo?/ Análisis del Editor Multimedia

Extorsiones, amenazas y engaños para robar incautos ocurren desde verdaderos ‘call center’ al interior de las cárceles, con teléfonos que entran escondidos o a punta de corrupción a las celdas. Es decir, los primeros responsables de que no existan celulares en las cárceles, Policía e INPEC, no pudieron evitarlo. ¿La solución? Poner equipos bloqueadores de señal, a un costo de miles de millones al año.

Un sistema que ha sido un fracaso absoluto, en mayúsculas y con letras brillantes: de 23 cárceles que hay en el país, en apenas en siete hay bloqueadores de señal, de los cuales no funciona ninguno. 

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Básicamente porque los dañan, corrompen a funcionarios para que los apaguen, desconecten, o los dejan sin soporte y por obsoletos no cumplen con la función que tienen.

Encima de todo, esos aparatos generan otro problema: cuando los encienden, dejan sin señal a las comunidades aledañas a las cárceles, ciudadanía que termina afectada por la incapacidad de las instituciones de evitar que les metan celulares a las cárceles.

Es urgente que el Ministerio de Justicia se apoye en los operadores móviles para ayudar a contener esta situación. ¿Cómo? No con esos bloqueadores que no sirven, son costosos (alguien debe estar ganando buena plata) y perjudican a las comunidades.

La tecnología permite individualizar líneas vinculadas a extorsiones y delitos; incluso el aparato desde donde se inician llamadas delictivas desde las cárceles. Debería existir una manera de que tanto operadores, como comunidad en general, puedan determinar y denunciar números de teléfono relacionados con crímenes, ubicarlos por radiobase si están en una cárcel, y proceder al bloqueo no sólo de la línea sino del aparato por IMEI.

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Así quedarían por fuera números y teléfonos que se usan para delinquir desde las cárceles. Se evitaría que las comunidades aledañas sufrieran los estragos de los bloqueadores de señal y se garantizaría que las líneas autorizadas para las comunicaciones, a las que el personal carcelario tiene derecho por Ley, (deben pagar por su uso) se mantengan también activas y funcionales.

Ojalá una solución desarrollada con sentido práctico, integrando tecnología y la experiencia técnica de los operadores, sea la que se imponga.

JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
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