Luego de la junta nacional de Fecode llevada a cabo este lunes festivo, el magisterio tomó la decisión de entrar en un paro nacional permanente a partir de este miércoles 12 de junio, en rechazo al nuevo articulado del proyecto de ley estatutaria de educación.
Así lo informó la Federación por medio de un comunicado, en el que nuevamente manifestó su rechazo a los acuerdos logrados entre el gobierno y sectores de la oposición, lo cual logró destrabar la discusión en la Comisión Primera del Senado. Entre los temas que más malestar han generado se encuentra la obligatoriedad de la evaluación docente, un tema al que el magisterio se ha negado desde hace años.
"Fecode llama al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y istrada directamente por el Estado", aseguró el sindicato.
De esta forma, la decisión tomada ayer durante la junta nacional virtual consiste en un paro permanente y ya no de 24 horas, como se anunció al principio, pretendiendo que la iniciativa sea retirada o rechazada en el congreso.
Esta convocatoria a paro acentúa las recientes tensiones entre Fecode y el Gobierno, las cuales en las últimas semanas han pasado por momentos difíciles, en especial al tratarse de uno de los mayores aliados del ejecutivo.
Cabe recordar que el magisterio apoyó abiertamente a la campaña del presidente Gustavo Petro, y además ha convocado en distintos momentos a marchas a favor de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Sin embargo, los problemas en el sistema de salud de los maestros, sumado a los recientes cambios en el proyecto de ley estatutaria de educación, han causado un serio malestar en el magisterio, que por primera vez en caso dos años convoca a paro.
La decisión se dio por la enmienda que modifica el articulado. El sindicato manifestó su preocupación frente a varios aspectos nuevos en el articulado y que, sostiene, afectaría a los maestros y al sector educativo en general.
Uno de esos puntos es el artículo 39, que hace obligatoria la evaluación docente en Colombia y que, a su vez, establece que “los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los maestros”.
Según Fecode, lo anterior “subordina la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores educativos”.
Pero no son las únicas modificaciones que causan preocupación. Fecode también asegura que el nuevo articulado abriría la posibilidad a los llamados ‘vouchers’ educativos, desconocería la libertad de cátedra, buscaría establecer un currículo único, entre otros.
¿Qué busca la ley estatutaria de educación?
Su carrera ha estado centrada en la docencia y la investigación. La esfera pública no estaba en sus planes. Foto:Alejandro Gòmez
El proyecto de ley estatutaria de educación es una de las principales iniciativas legales en la agenda del Ministerio de Educación, y que el ejecutivo considera como esencial para cumplir con distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La estatutaria busca establecer la educación como un derecho fundamenta en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, así como para algunas poblaciones específicas, como la población carcelaria.
Pero también hace obligatoria la media (los grados décimo y once), esto dado que en Colombia la obligatoriedad de la educación es desde los 6 hasta los 15 años, es decir, desde transición hasta noveno grado.
Así mismo, este proyecto sirve de antesala para las otras reformas educativas que planea hacer el Gobierno, como la de la Ley 30 de 1992, la cual regula la educación superior en Colombia, y que plantea ser un debate mucho más complejo en materia presupuestaria y de gobierno universitario.
Otro proyecto que se apalancaría con la estatutaria es la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos para el sector de la educación. Y al ser la educación un derecho fundamental, será necesario modificar esta ley para traer mayores recursos que serían utilizados en mayor infraestructura, contratación docente, entre otros.
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