‘Cartel de frutas sería un acto criminal contra niños’: Superindustria

El superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, dijo a EL TIEMPO que el señalado cartel que al parecer se configuró en Bogotá para entregar menos alimentos a un mayor costo, en este caso frutas y hortalizas, en los refrigerios para los colegios distritales, “es una afrenta, es un acto criminal contra los niños”. 

De lo que se estaría hablando es de un boicot al parecer orquestado desde diferentes frentes, en el que participaron presuntamente varios empresarios de ese mercado con el fin de golpear el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito, que este año comenzó a operar bajo un nuevo modelo de contratación por licitación, en busca de eficiencia y transparencia, y que al parecer pisó varios callos.

El escándalo estalló a raíz de las denuncias que hicieron la plataforma Colombia Compra Eficiente (CCE) y la Secretaría de Educación Distrital (SED), que desde febrero pusieron en alerta a la SIC.

Mediante el memorando 17-48794-1 del 2 de marzo pasado, el grupo de trabajo élite de la Superintendencia llegó hasta las oficinas de empresarios señalados de participar en este presunto delito y allí recolectaron información del caso, revisaron llamadas y mensajes de celulares, informes de computadores, correos electrónicos, os, imágenes, reuniones y toda la documentación, así como por lo menos 10 declaraciones, fotografías, inspecciones, entre otros.

Al menos 10 expertos de diferentes disciplinas de la Superintendencia lograron llevar el caso hasta abrir investigación y formular pliego de cargos contra Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver, Alimentos Spress, Namaste Food, Best Colombian Fruit, Hugo Nelson Daza Hernández, Néstor Alejandro Castelblanco García, Héctor Hugo Castelblanco, Stella Téllez Hernández, Andrea Rosas Díaz, Juan Pablo Fonseca Sánchez y Geimi Soleimi Daza Villar.

El tema ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. De ser hallados culpables, las empresas podrían recibir multas hasta por 75.000 millones de pesos cada una y 12 años de cárcel para los que resulten condenados por estos hechos.

Según la SIC, en la actualidad se adelanta otros procesos de investigación en otros grupos de alimentos, pero se abstuvieron de dar detalles.

Por su parte, la secretaria de Educación Distrital (SED), María Victoria Angulo, dijo que la información que entregaron Colombia Compra Eficiente (CCE) y la SED fue clave para estos pliegos de cargos y advirtió que estos son mensajes claros al mercado de alimentos donde ya la Superintendencia de Industria y Comercio tiene puestos los ojos.

Entre tanto, Nicolás Penagos, director encargado de la plataforma Colombia Compra Eficiente (CCE), advirtió que el deber como funcionarios públicos es identificar los indicios y remitirlos a la SIC.

Lo que se espera que se aclare también es si hay o no otros intereses detrás de esa cartelización, que no solo subió el precio de las frutas entre el 40 y 50 por ciento adicional, sino que a todas luces ha intentado deslegitimar y descalificar ese nuevo modelo de contratación, el cual, vale la pena señalar, fue liderado por la exdirectora de la plataforma, la Paca Zuleta.

Robledo advirtió que el PAE busca garantizar el alimentario de los estudiantes, luchar contra la desnutrición, crear hábitos saludables y fomentar la escolaridad.

BOGOTÁ