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Bandas usaban menores de edad y hasta perros para delinquir
La Ponal, tras investigación de cinco meses, desarticuló bandas que instrumentalizaban niños.
43 capturados de estas 11, eran menores de edad que eran obligados a delinquir. Foto: Dipro
La mujer, gerente de un reconocido almacén de cadena, ingresaba a la ciudad por la autopista Sur una noche de julio pasado. Eran, según su relato, las 10 p. m.
“Un menor disparó al parabrisas, lo reventó, mientras que otro se fue por la parte derecha y rompió el vidrio del carro. Ella quedó quieta y en ese momento se metió una persona que le hurtó el bolso y el celular. Del susto aceleró y se metió debajo de una grúa, el señor de la grúa se bajó y los delincuentes huyeron”.
Ese testimonio fue clave para que investigadores de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) y la Metropolitana de Bogotá (Mebog) desarticularan a ‘los Isleños’, una banda criminal que usaba como punta de lanza a menores de edad que reclutaron en el barrio Isla del Sol.
Se trataba de un grupo de ocho personas que tenían atemorizados a los residentes de este sector y que se aprovechaban de las difíciles condiciones socioeconómicas de dos menores para convencerlos de delinquir.
“Había una persona del mismo grupo que nos indicaba que a ellos les pagaban dependiendo de lo que hurtaban. Se reunían en una casa y se dividían el valor de lo robado. Las familias de los menores manifestaron que no tenían conocimiento de esto”, contó un investigador que participó en los operativos en contra de este grupo criminal.
Pero estos no eran los únicos delincuentes que instrumentalizaban menores de edad para cometer sus fechorías. De hecho, en cinco meses, las autoridades le siguieron la pista a seis bandas delincuenciales que, valiéndose de engaños o aprovechándose de algún tipo de control sobre los menores de edad, los obligaban a hacer parte de sus estrategias criminales.
Bandas delincuenciales usan perros para esconder en sus chalecos drogas que comercializan Foto:Cortesía DIPRO
De esta manera se detectó por ejemplo una estructura criminal de la localidad de Usme que se dedicaba a la venta de estupefacientes que llegaban por la antigua vía al Llano.
Estos delincuentes no solo controlaban el microtráfico en esa zona, para lo cual usaban niños y adolescentes, sino que también tenían tentáculos en el centro de la ciudad, donde otros menores eran obligados a comercializar los estupefacientes.
A veces, incluso, con la ayuda de perros que eran vestidos con chalecos, donde escondían la droga para así evitar la acción de la policía. “Los niños se hacían cerca de un árbol, entregaban la droga, volvían a la casa y salían otra vez. Otros se disfrazaban como habitantes de calle”, contó otro investigador de la Dipro.
Durante este proceso, que contó con el apoyo de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas en total 43 personas, de las cuales 11 fueron menores de edad, que entraron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Según información de la Secretaría de Seguridad, Bogotá logró disminuir 32 % la participación de menores de edad en delitos. Mientras en 2015 se registraron 7.930 noticias criminales en la Fiscalía relacionadas con casos de menores de edad, en 2018 esta cifra bajó a 5.384 casos.
Bogotá es pionera en el país en implementar un programa de justicia especial para menores de edad que han cometido delitos
En la entidad les atribuyen estas cifras a programas que han sacado adelante como Cuenta hasta 10, En la Juega, y la justicia juvenil restaurativa, una estrategia que involucra a víctimas de menores infractores, el sistema judicial, y una ruta de atención especializada.
Básicamente, consiste en que si un joven es aprehendido por cometer un delito, la Fiscalía le solicita al juez un principio de oportunidad que la víctima debe aceptar.
De ser así, el joven no pierde su libertad, sino que ingresa a un proceso con especialistas de la Secretaría de Seguridad, que procura sacarlos de las dinámicas criminales.
“Bogotá es pionera en el país en implementar un programa de justicia especial para menores de edad que han cometido delitos, permitiendo atacar de fondo el tema de la reincidencia. Hasta el momento se han atendido 339 casos. En este modelo, los menores en conflicto con la ley no son privados de su libertad y hacen un proceso de responsabilidad y reconciliación con las víctimas”, explicaron.