Aunque la extorsión no es un fenómeno delictivo nuevo, sí se ha convertido en uno de los principales financiadores del crimen organizado en Bogotá. Durante lo que va del año se ha incrementado 47 por ciento.
Redes de delincuentes dedicados exclusivamente a extorsionar, amenazar y amedrentar a comerciantes de la capital hoy han dejado ver la crisis que este delito ha desatado no solo en la ciudad sino en las cárceles del país, que se han convertido en los ‘call centers’ del crimen.
El rastreo de 20.000 números de teléfono y el análisis de 100 horas de video.
Luego de ocho meses de investigación, el rastreo de 20.000 números de teléfono y el análisis de 100 horas de video, el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá logró destapar una red delictiva de extorsionistas que movía criminales desde la Costa colombiana para delinquir en Bogotá.
En la operación se logró identificar el modus operandi de un grupo de delincuencia común que mediante la entrega de panfletos y grafitis amenazantes exigía dinero a los comerciantes de locales de pequeñas y medianas superficies en las localidades del sur y el suroccidente de la ciudad.
Los cabecillas
Para la comisión del delito, los cabecillas contrataban personas de la región Caribe, los hospedaban en casas de las jurisdicciones donde delinquían y los movían constantemente para evitar el control de las autoridades.
“Ellos manejaban la extorsión llamando a la persona, amenazando y mandando fotografías de armas de largo y corto alcance y dos o tres granadas o videos donde le hacían directamente la petición económica a la víctima.
Incluso, desde Venezuela se hacen muchas extorsiones hacia Colombia y hacia América Latina”, explicó uno de los investigadores asociados al caso. Como toda estructura criminal, esta tenía una organización piramidal en la que cada uno de los integrantes cumplía con una función dentro de la empresa delictiva.
El cabecilla, alias Geovanny, que delinquía desde la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, era quien desempeñaba el rol más importante en la organización al ser el responsable de hacer las llamadas amenazantes a las víctimas.
Debajo de este hombre estaban sus dos secuaces. ‘Cartagena’ y ‘Julio’, quienes tenían como tarea propinar los disparos a los locales y quemar las fachadas de los establecimientos con el fin de intimidar y generar temor, presionando los pagos extorsivos.
La renta criminal de este grupo delictivo les dejaba a sus integrantes una suma cercana a los 100 millones de pesos mensuales. Pero para materializar los cobros ilegales había otro equipo dedicado exclusivamente a esa tarea. Alias Íngrid, Brayan y Jhonatan tenían cada uno a su cargo una localidad: Kennedy, Bosa y Suba eran el epicentro de su acción delictiva.
En esos territorios se dedicaban a recoger los dineros que ‘Giovanny’ ordenaba y para generar terror en sus víctimas se presentaban como de las ‘Águilas Negras’, el Eln, el ‘Tren de Aragua’ y el bloque Capital de las Auc.
Pero las investigaciones del Gaula fueron más allá y lograron rastrear los tentáculos de esta red delictiva, que se extendieron en Girardot (Cundinamarca) y en Riohacha, la capital de La Guajira. Desde esas otras dos ciudades se ordenaban los rastreos a comerciantes. Los criminales tenían a información privada, datos de geolocalización e información financiera específica de sus víctimas.
La punta del Iceberg
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, señaló que este es un delito que está en crecimiento no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades principales del país y que los registros que tienen las autoridades no llegan ni al uno por ciento de lo que realmente está sucediendo.
“Estas son estructuras criminales que tienen distintas rentas y una de ellas es la extorsión, además del microtráfico y el comercio de armas. Este tipo de estructuras, mediante la extorsión, logran controlar el diario vivir de los ciudadanos”, explicó.
Por su lado, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Paz, señaló que la extorsión es uno de los delitos que presentan un mayor número de subregistros o “criminalidad no registrada”, no solo en Bogotá sino en el resto del país.
Para el investigador, este fenómeno en muchas ocasiones podría hasta duplicar las cifras oficiales, pues “las autoridades viven de las estadísticas, pero no necesariamente esto representa la realidad, pues no todas las víctimas acuden a la denuncia”. Este panorama también fue confirmado por las autoridades.
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REDACCIÓN BOGOTÁ
JONATHAN TORO