Dos niños muertos, el reflejo de graves condiciones de emberás en La Rioja de Bogotá

La muerte de dos menores de edad en la Unidad de Protección Integral de La Rioja, ubicada en la calle 4.ª con carrera 15, en la localidad de Antonio Nariño, prendió las alarmas nuevamente sobre las condiciones en las que están viviendo los de la comunidad indígena emberá en este lugar.

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Esta comunidad se ha trasladado a Bogotá desde los años 80, por el conflicto armado que vive en su territorio. No obstante, desde el 2020 su llegada se incrementó, y los indígenas empezaron a asentarse a un costado del parque Tercer Milenio.

Posteriormente, en septiembre de 2021, unas 275 familias emberás chamí y katío se establecieron en el parque Nacional, de donde salieron en mayo del año pasado y fueron reubicadas en las UPI La Florida y La Rioja.

“Nos dijeron que íbamos a estar aquí por cinco meses, desde que salimos del parque Nacional. Pero ha pasado más de un año y seguimos aquí en condiciones deplorables. Si antes eran condiciones inhumanas, ahora son más graves”, aseguró Jairo Montañez, líder de las comunidades indígenas en Bogotá.

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La Unidad para las Víctimas el pasado marzo indicó que de los 1.042 individuos que habitaban para ese entonces en la UPI, cerca de 500 decidieron retornar voluntariamente al Alto Andágueda (Chocó). La entidad explicó que entregó kits alimenticios y de hábitat para estas personas, además de un aporte económico para transportar sus pertenencias hasta la zona en donde queda la comunidad.

No obstante, Montañez dijo que “los retornos han sido sin ningún tipo de garantía de vivienda, seguridad, etc., generando mucha incertidumbre en la población. La gente llega y como no le cumplen se retorna a la ciudad. Luego, como no los dejan entrar a La Rioja, se están quedando en ‘pagadiarios’ ” .

El líder indígena añadió que aún hay más de 1.000 de la comunidad en esta UPI, en la que hay una capacidad para hasta 300 personas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la primera muerte registrada este mes es la de Licher Queregama, un niño que nació en el Hospital San Ignacio con ayuda del gestor comunitario y el médico tradicional. Tuvo un diagnóstico principal de displasia broncopulmonar, por lo que fue hospitalizado para recibir la atención necesaria.

“El menor de edad estuvo bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por un periodo aproximado de siete meses (desde el mes de mayo, cuando se solicitó el proceso de restitución de derechos) y llegó el 18 de diciembre de 2022 a la UPI La Rioja”, afirmó la entidad en un comunicado.

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Sin embargo, debido a una coinfección por rinovirus, enterovirus y adenovirus, el menor fue ingresado nuevamente a la UCI del Hospital Santa Clara, el pasado 28 de abril. Aproximadamente dos semanas después, el 11 de mayo, el niño presentó graves complicaciones que finalmente provocaron su muerte.

Por otro lado, se registró el fallecimiento de una bebé de dos meses, Saira Andrea Flaco, quien ingresó a este mismo centro médico el pasado 26 de abril con síntomas respiratorios graves, por lo que fue trasladada a Cuidados Intensivos una semana después.

El 17 de mayo presentó insuficiencia respiratoria y un deterioro infeccioso, por lo cual, no obstante la atención que recibió, murió en el hospital.

Según Montañez , además de estos dos decesos, este mes también se presentó la muerte de un joven de aproximadamente 25 años.

De esta manera, afirmó que han muerto 39 personas en La Rioja desde que llegaron a este recinto, hace un poco más de un año. Y, de esta cifra, dijo que 29 han sido menores de 18 meses de edad.

“Esta situación es sumamente alarmante y preocupante; al sol de hoy 15 niños se encuentran en Cuidados Intensivos y bajo pronóstico reservado. Hay un ambiente bastante hostil. Hoy el asesino número uno que hay en La Rioja, más allá del desinterés estatal o el racismo, es el hacinamiento”, agregó el líder de la comunidad.

Ante la muerte de los dos menores, la Secretaría de Salud indicó que se les está haciendo acompañamiento a las familias e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que “reconozca la emergencia humanitaria nacional que está afectando esta población y desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se tomen decisiones de fondo para que este grupo étnico pueda regresar a su territorio de origen, mejorar las condiciones de vida y así evitar nuevas migraciones a las ciudades de la comunidad indígena emberá”.

Cabe resaltar que una ambulancia básica de la Secretaría de Salud hace presencia de manera permanente en este lugar para atender cualquier tipo de emergencia.

Sin embargo, Montañez señaló que, aunque hay un vehículo del Distrito que ayuda a los habitantes de La Rioja en lo relativo a la salud, “el asunto no es tener un equipo que atienda sino generar las condiciones, ya que el hacinamiento es un cultivo de enfermedades”.

De igual manera, afirmó que uno de los factores que ponen en riesgo a los menores de edad en este sitio es la alimentación que reciben por parte de las autoridades. “Hay niños cuya alimentación no es la mejor, que comen de 60 a 80 gramos a diario. No es la porción recomendada”.

Es por eso que también le pidió al Gobierno Nacional “reactivar los acuerdos establecidos el pasado 20 de octubre, que se sienten con las víctimas y que asignen un nuevo gerente en el caso, porque el que está actualmente no ha podido avanzar. Nuestra situación es urgente, cada mes están muriendo de tres a cuatro personas, de las cuales la gran mayoría son niños menores de 18 meses”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @lauramerher1