¿Por qué Alcaldía de Bogotá propuso ante el Congreso modificar contratación estatal?

Debido a las demoras en la ejecución de las obras, declaratoria de caducidades e incumplimientos, la Alcaldía de Bogotá, representada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), propuso ante el Congreso de la República una serie de modificaciones a las normas de contratación estatal.

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Este proyecto de ley, según un comunicado del Distrito, busca “fortalecer y hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en la contratación pública”, así como “garantizar la correcta ejecución de los recursos de la ciudadanía, destinados para obras de infraestructura”.

El primer punto que proponen es que las entidades distritales, con previa justificación y soporte, puedan exigir más requisitos de experiencia y capacidad a los establecidos en los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, “con el propósito de contar con contratistas que garanticen el real y efectivo cumplimiento de los objetos contractuales”.

Lo anterior debido a que, desde 2019, todas las entidades deben regir sus contrataciones únicamente por estos requisitos establecidos por el Gobierno. Sin embargo, según el IDU, estas condiciones financieras y de experiencia “muy fácilmente pueden ser cumplidas por cualquier contratista”.

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La entidad agrega que esto hace que aumente el riesgo de incumplimientos en las obras, principalmente porque aspectos como “la densidad poblacional, la extensión del territorio, el manejo del tránsito, la seguridad, el manejo del suelo, entre otros”, se vuelven más complejos en una ciudad como Bogotá.

En este punto coincide Luis Guillermo Dávila, profesor universitario y experto en contratación estatal, quien afirma que los pliegos tipo se crearon para evitar los “pliegos sastres”, que eran “amañados” y tendían a favorecer a un proponente. No obstante, en ciertos casos, se bajaron demasiado los requisitos y resultó ganador alguien que “no era el mejor”.

Por su parte, Juan José Gómez Urueña, asesor en contratación de distintas entidades públicas, indica que "lo que ha demostrado la experiencia es que el objetivo de lograr una mayor participación, es decir, de tener más oferentes, ha sacrificado la calidad y el cumplimiento de las obras. En muchos eventos empresas y constructoras sin experiencia, sin organización y sin capacidad financiera y istrativa son las adjudicatarias de importantes proyectos de obras e infraestructura".

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Por otro lado, el IDU solicita que se modifique la inhabilidad relacionada con el incumplimiento reiterado, que actualmente se presenta cuando la entidad establece que el contratista ha incumplido en 3 ocasiones el contrato.

"La legislación nacional permite que un oferente que tenga en curso varios procesos de incumplimiento o multas, pero que no tenga fallo definitivo, o habiéndolo tenido sin superar el numero definido en la ley y durante un periodo de tiempo, pueda presentarse y ser adjudicatario de nuevos procesos de selección", señala la entidad.

En ese sentido, Urueña explica que el proyecto lo que busca es que se amplíe el plazo para poder declarar inhabilidad, y que ya no sean 3 declaratorias de incumplimiento sino dos, o incluso solo una si esta fue impuesta en los últimos dos semestres.

“La dificultad que hoy tiene esa inhabilidad es que se exige que los 3 incumplimientos se presenten en una misma vigencia y eso implica que la entidad solo cuente con 6 o 7 meses para ello. La reforma aumenta el plazo a 18 meses y modifica los eventos de incumplimiento”, indica.

Adicionalmente, el proyecto pide que, en caso de que un contratista sea inhabilitado por corrupción, se dé vía libre a la entidad contratante para que de manera unilateral ceda el contrato y se descarte la posibilidad de que recaiga en el mismo contratista sancionado.

El IDU le dijo a EL TIEMPO que presentó el proyecto de ley por ciertos casos de incumplimiento en contratos, en su mayoría menores a $30.000 millones, en los que hay posibilidades de una mayor participación de empresas o consorcio de empresas.

Aunque son varias las razones que pueden haber llevado a atrasos e incumplimientos de contratistas en obras contratadas por el IDU, se ha identificado como factor común la falta de experiencia específica y capital de trabajo.

El primer caso es el de del puente peatonal ubicado sobre la carrera Novena con calle 112. El adjudicatario fue un consorcio con cuatro integrantes con bajos porcentajes de participación, mientras que la experiencia la aportó un solo integrante.

"De los contratos acreditados todos eran en otras ciudades distintas a Bogotá. La falta de experiencia en el tema de redes de servicios públicos de la ciudad, el trámite de los planes de manejo de tránsito y la poca capacidad operativa y organizacional, lo llevó a incumplimientos y finalmente la declaratoria de caducidad", explicó la entidad. 

Por otro lado, esta el caso de las conexiones transversales peatonales en las calles 73, 79B y 85, las cuales fueron adjudicadas a empresas con experiencia en carreteras y puentes y en vías interurbanas fuera de Bogotá.

"Esta inexperiencia se evidenció con la falta de capacidad de gestión con empresas de servicios públicos de la ciudad y entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad. Este contratista no cumplió el objeto del contrato", agregó.

Ayer, la alcaldesa Claudia López también anunció que va a presentar ante el Congreso tres proyectos de ley enfocados a mejorar la seguridad y convivencia de la capital y las otras ciudades del país.

El primero tiene que ver con crear la figura de policía local en las ciudades con más de dos millones de habitantes, lo cual “permitirá a los alcaldes descargar a la Policía Nacional de temas locales de convivencia y control de situaciones delictivas menores”.

El segundo está relacionado con crear un régimen penal alternativo para las contravenciones penales como inasistencia alimentaria, lesiones personales, hurto, estafa, abuso de confianza, daño en bien ajeno, entre otras. Esta propuesta ya tuvo su primer debate y busca evitar “las largas dilaciones en procesos judiciales”.

Por último, está la creación de equipos territoriales de convivencia con la capacidad de expedir comparendos por acciones como la evasión de tarifas en el transporte, ruidos, basuras, entre otros. Con este proyecto, por ejemplo, no será necesario esperar a un policía uniformado para sancionar a un colado en TransMilenio.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ