Bogotá tendrá más policías y un nuevo grupo especial contra el multicrimen

Tras el consejo de seguridad que se llevó a cabo la semana pasada entre la alcaldesa López y el presidente Petro, una serie de nuevos hechos violentos enlodaron la ciudad. Cuatro nuevos cuerpos desmembrados y embolsados sembraron terror el pasado 5 de septiembre en las localidades de Engativá y Suba.

El macabro hecho hizo que se reunieran de nuevo, en otro consejo extraordinario de seguridad, la mandataria de la ciudad; el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; el director de la Fiscalía Bogotá, José Manuel Martínez; el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Carlos Triana; y la XIII Brigada del Ejército Nacional, para discutir un paquete de cinco medidas que puedan frenar el avance de grupos criminales en la capital del país.

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La primera de las medidas anunciadas es la creación de un grupo élite especializado contra el multicrimen que contará con 34 investigadores criminales provenientes de la Dijín, Dipol, la Polfa y el Gaula; también, 10 agentes especialistas en inteligencia y otros 10 encargados de contrainteligencia. Se adicionará un equipo de fiscales especializados en finanzas criminales y una fiscal delegada contra el crimen organizado.

Este cuerpo apoyará a la Sipol y la Sijín, que dependen de la Policía de Bogotá, y que actualmente cuentan con más de 1.200 hombres trabajando por la ciudad.

Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, estás medidas son lo que se esperaba desde hace tiempo, “pues se necesitan más capacidades de inteligencia (...) porque la Policía solo está reaccionando, pero no se está anticipando a los criminales, y eso se logra con más inteligencia”.

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De acuerdo con López, la responsabilidad de los crímenes cometidos en los últimos meses en Bogotá es de tres organizaciones delictivas transnacionales que están en disputa y entre las que figura el ‘Tren de Aragua’, que de acuerdo con las investigaciones es dirigido, presuntamente, desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela, por alias Niño Guerrero y ‘Giovanny’, quienes estarían moviendo los hilos de la conquista de territorios para el narcotráfico en Bogotá desde el país vecino.

Por esa razón, la segunda medida de contención es solicitarle al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que le pida a ese Gobierno que estos dos delincuentes sean aislados y recluidos en prisiones de máxima seguridad.

“Veintitrés casos de los embolsados son fruto de vendettas entre tres de nueve organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Bogotá. De esas nueve, como lo ordenó el Presidente, estamos identificando quiénes son los responsables de comprar y distribuir el narcotráfico, de lavar el dinero de este negocio, de proteger con estructuras criminales y sicariales esa renta, y estamos investigando quién está tratando de infiltrar y corromper autoridades para evitar ser perseguido”, señaló López.

Pero la ofensiva en contra del ‘Tren de Aragua’ no termina ahí. Tanto la Fiscalía como la Alcaldía señalaron que durante el mes de septiembre se darán nueve operaciones de judicialización en Bogotá en las que caerán más responsables de las sangrientas muertes.

No obstante, dijo que para que esto fuera efectivo habría que contar con el apoyo de Migración y la Policía Judicial venezolana para poder obtener la plena identificación de los objetivos.

Ahora, el comandante de la Policía Metropolitana, general Carlos Triana, confirmó que la tercera medida que se tomó es que a la ciudad llegará un refuerzo de 233 nuevos policías esta misma semana para complementar las labores de patrullaje en localidades críticas como Kennedy, Santa Fe y Los Mártires.

Por su lado, el director de la Fiscalía Bogotá, José Manuel Martínez, confirmó que también se asignará un equipo de fiscales especializados experto en finanzas criminales para “hacer persecución al lavado de activos a nueve de las estructuras criminales que están en Bogotá”.

La alcaldesa señaló que los anillos de seguridad que se han ubicado de forma itinerante en todas las entradas y salidas de Bogotá se mantendrán al igual que los patrullajes mixtos, que cuentan con apoyo de la Policía Militar de la XIII Brigada del Ejército, en las zonas más álgidas de la capital.

Finalmente, Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, señaló que estas nuevas medidas están dirigidas a la creación de una nueva política integral de seguridad en la que hay un diálogo entre varias instituciones, “empezando por el Presidente y la alcaldesa. Eso debió ser el primer paso desde hace muchos meses, ahora vemos un relativo orden en las acciones que están planteando”.

En medio del consejo de seguridad, la alcaldesa señaló que así como se harán refuerzo en inteligencia e investigación también lo harán en contrainteligencia para poder detectar casos en los que los grupos delictivos infiltren o corrompan uniformados dentro de la institución para delinquir.

Y es que precisamente, en la mañana de ayer, se conoció que las autoridades realizaron la captura de cinco uniformados pertenecientes a las estaciones de Fontibón y Suba, quienes al parecer estaban participando en las rentas criminales de microtráfico en Bogotá. Según lo reveló la misma Policía, los capturados fueron los patrulleros Andrés Felipe Ramírez, Julio César Valencia, Daniel Alonso Puentes, Yeferson Gabriel Gaitán y, finalmente, Carlos Julio Colmenares. De acuerdo con la investigación, estos hombres recibían entre dos y tres millones de pesos mensuales por las actividades delictivas.

La audiencia de legalización de captura de estos detenidos se llevó a cabo ayer y a los uniformados se les imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado  con concurso heterogéneo, cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo. No obstante, la diligencia fue aplazada pues ante la interrogante de la jueza sobre si aceptaban o no los cargos, los procesados solicitaron tiempo para hablar con sus respectivos abogados. 

Un muñeco ‘embolsado’ apareció este martes en el Concejo de Bogotá. El maniquí, dejado de manera simbólica por el concejal Juan Baena, fue una forma de protestar no solo por los hechos de inseguridad de Bogotá, sino por la ausencia del secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, en el debate de control político que había sido citado por diferentes bancadas a raíz de la ola de inseguridad y homicidios por la que atraviesa la capital.

Pero lo que inició como un acto simbólico en contra de la inasistencia del secretario de Seguridad al debate se convirtió en el motivo de rechazo de varios ciudadanos quienes calificaron la muestra “como una burla a las víctimas de la violencia de vive la ciudad”.

Por su lado, el jefe de Gabinete de la Alcaldía, Antonio Sanguino, señaló que el acto no solo era reprochable, sino que además era irrespetuoso con víctimas y familiares. En esa línea también se pronunció Henry Murrain, subsecretario de Cultura Ciudadana, quien afirmó que la idea del concejal Juan Baena “es un gesto de deshumanización y desprecio por la vida”.

A la avalancha de críticas también se sumaron las de María Mercedes Jaramillo, secretaría de Planeación; la de Nadya Rangel, secretaria del Hábitat, y la de Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer y quien también estaba en el consejo de seguridad extraordinario por el que Fernández de Soto no logró llegar al debate en el Concejo de Bogotá.

Sin embargo, ante las críticas suscitadas por la aparente falla del secretario de Seguridad, este señaló que, precisamente, a esa hora estaba en una reunión de alto nivel no solo con la alcaldesa, sino con la cúpula de la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional tomando decisiones frente a la inseguridad en la capital.

Fernández de Soto afirmó que se comunicó con la mesa directiva de la corporación para pedir un espacio para poder asistir. Sin embargo, dijo el secretario: “Lo que encontramos en el Concejo fue un grotesco acto politiquero que en nada contribuye a atender los problemas de seguridad que enfrentamos en Bogotá”.

Finalmente, la sesión fue reprogramada para este miércoles, a las 9 a. m., y se espera que ante el Concejo el secretario dé explicaciones por la situación de seguridad del último semestre.

REDACCIÓN BOGOTÁ