Están cobrando tarifa de aseo por servicio que no se está prestando

La Contraloría General de la República cuestionó la decisión de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) de autorizar (en el 2018) el aumento de la tarifa de aseo en Bogotá por el componente de tratamiento de lixiviados (líquidos contaminantes de la basura), porque el operador del relleno Doña Juana no cuenta con una planta de tratamiento, y por lo tanto esa tarea no se está realizando.

Tras una auditoria, el organismo de control advirtió que el operador no cuenta con licencia de tratamiento ni con una planta y por lo tanto la tarifa autorizada por la CRA va “en contravía de la normatividad ambiental y en detrimento del medio ambiente”, porque se otorgó sin tener en cuenta que el operador del relleno no tiene permiso de vertimientos.

“Sin permiso de vertimientos, no se puede realizar el cobro del componente de Costo de Tratamiento de Lixiviados”, dijo en un comunicado la entidad de control.

Al hacer un recuento del tema, la Contraloría recuerda que la Corporación Autónoma Regional (CAR) negó el permiso de vertimientos por resolución 827 del 21 de abril del 2015.

El aumento de la tarifa de aseo en Bogotá, en el componente de tratamiento de los lixiviados, fue autorizada en el 2018 por cinco de los ocho de la CRA.

No solo no se está prestando ese servicio de tratamiento, pues no cuenta con una planta para el efecto, sino que los lixiviados se están vertiendo al río Tunjuelo.

Para la Contraloría es claro que según en la legislación “ningún operador de ningún servicio público en nuestro país puede cobrar por un servicio que no está prestando, so pena de tener que devolver a los suscriptores los dineros por los servicios cobrados y no prestados”.

El organismo de control advirtió que “el operador solo puede empezar a facturar la tarifa en su componente CTL (costo de Tratamiento de Lixiviados) una vez cuente con el permiso de vertimientos que le otorgue la autoridad ambiental, de manera que no le traslade al sus ineficiencias (no contar con una PTAR eficiente, ni con el permiso de vertimientos)”.

Además, la Contraloría dice en su informe que al autorizar el aumento de la tarifa, se consideró que la vida útil del relleno iba hasta el 2040, cuando la licencia ambiental vigente solo va hasta el 2022.

REDACCIÓN BOGOTÁ