Pandemia y bandas de ex-'paras', coctel que acorrala a Ciudad Bolívar

Lejos de irse, grupos armados ilegales, conformados principalmente por exparamilitares, estarían fortaleciéndose en épocas de pandemia para intensificar sus acciones delictivas en Ciudad Bolívar, localidad que reportó un incremento del 23,3 por ciento en el número de homicidios en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo período del 2019.

La presencia de este tipo de estructuras ha sido advertida ampliamente en los últimos años por organizaciones sociales, la comunidad y la Defensoría del Pueblo, que ha emitido dos alertas tempranas para prevenir a las autoridades sobre esta situación.

Sin embargo, las ocupaciones ilegales, las amenazas a líderes sociales, los préstamos gota a gota, el reclutamiento de jóvenes, el narcotráfico, entre otras, se estarían incrementando durante el aislamiento. Lo que está pasando en Altos de la Estancia, donde a través de engaños robaron a decenas de familias pobres vendiéndoles lotes en una zona de riesgo, es apenas un síntoma de la realidad de la localidad.

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“Desde el año pasado veníamos denunciando que ahí había un proceso de invasión ilegal, y esto tiene dos elementos importantes. El primero es que son abanderados por lo que en algún momento denominamos posdesmovilizados del paramilitarismo, y de los que vienen de temas de droga del centro de Bogotá, los que se desplazaron del Bronx hacia las periferias”, denunció un líder comunal que prefiere no revelar su identidad.

En la istración de Enrique Peñalosa nunca se reconoció la presencia de estructuras de calibre nacional en la zona. Por el contrario, afirmaban que eran bandas delincuenciales que se disputaban zonas para el microtráfico y que estaban fortaleciéndose producto de sus negocios criminales.

No obstante, esta perspectiva cambió en la istración de Claudia López, que a través de su secretario de Seguridad, Hugo Acero, habla sin sonrojarse de que en estos territorios hay presencia de paramilitares y narcotráfico y que, por lo tanto, se deben intensificar las labores de las autoridades para contener este fenómeno.

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El viernes de la semana pasada, el funcionario estuvo en la zona y explicó algunas de las características del accionar de estos grupos. “Son estructuras que han venido haciendo esto desde hace varios años. Lo que hacen es abrir unas vías, y sobre estas van vendiendo lotes a familias pobres”, señaló el funcionario. Agregó que estas bandas aprovechan la vulnerabilidad de las personas para crear ventas de drogas en estos cambuches y que residentes denunciaron que no solo los explotaban en algunos casos, sino que llegaron a abusar sexualmente de mujeres y jóvenes. Esto se suma a la aparición, en septiembre del año pasado, de cuerpos desmembrados entre costales en el barrio El Paraíso.

“El descuartizamiento de cuerpos como una forma de imposición de conductas a los de las estructuras armadas ilegales, y a la sociedad en general, ha sido un factor que ha caracterizado las masacres perpetradas por de las AUC a lo largo del territorio nacional”, precisó en una de sus alertas tempranas la Defensoría del Pueblo.

El pasado 30 de abril, esta entidad emitió una alerta de inminencia en la que advierte de los riesgos, durante la cuarentena, de zonas donde hay presencia de grupos de crimen organizado, e identificó a los habitantes de sectores urbanos asentados en localidades periféricas en situación de vulnerabilidad y desprotección social.

Otra de las estrategias que estarían usando estos criminales es, según denuncias ciudadanas, la supuesta ayuda, con mercados o dinero, a familias que la están pasando mal en medio de la cuarentena y que no han sido atendidas por el Estado.

Este hecho sería similar al que habría ocurrido el miércoles de la semana pasada, en el que supuestamente el Eln entregó alimentos a comunidades en el Cauca.

“Con estas presuntas ayudas van enredando a la gente, que va quedando comprometida. Lo que las comunidades han propuesto es que la istración haga serias investigaciones, que la Fiscalía descubra lo que se da en esta localidad, que es la frontera con Soacha y que se ha convertido en todo un corredor de drogas, de narcotráfico, de bandas organizadas”, denunció Luceris Segura, edila de Ciudad Bolívar.

Sobre esto, Hugo Acero manifestó que las labores de inteligencia ya empezaron y están avanzadas. La Fiscalía está liderando el proceso y los resultados –explicó– esperan presentarlos lo antes posible. Sin embargo, no reveló nombres para no estropear la investigación.

“Desde el 90 había varios grupos, liderados por Mariano Porras, que se dedicaba a invadir terrenos y explotar la pobreza de la gente. En su momento se le detuvo, y ahora las investigaciones apuntan a dos líneas básicas, no solo tierreros que estaban aquí, sino en otros lugares. No puedo dar nombres, pero lo que sí puedo decir, hablando con el fiscal, es que muy pronto habrá resultados”, precisó.

Sobre las invasiones ilegales, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, señaló que “en Bogotá se estima que son 4.000 las hectáreas que han sido loteadas de forma de irregular. Ciudad Bolívar es la más afectada con un 30 por ciento; Usme, con el 12 %; San Cristóbal y Usaquén, con el 10 % respectivamente”.

Ante esta situación, voces de la comunidad piden que una vez se den las capturas, no se descuide la seguridad de los territorios, ya que –según explican– cada vez que esto pasa las dinámicas criminales suelen incrementarse. Así pasó, por ejemplo, en septiembre del 2018, cuando cayó alias el Paraco, un desmovilizado que era el supuesto terror de Ciudad Bolívar. Pese a su detención, la violencia se recrudeció en los meses siguientes.

Una de las expresiones de esa violencia son las amenazas a líderes comunitarios. Luceris explicó que está a la espera de una respuesta de la Unidad de Protección Nacional (UPN), ya que, pese a que lleva tres años siendo intimidada debido a su labor social, las amenazas se han intensificado en las últimas semanas.

A principios de abril, la edila fue hostigada en Bella Flor, donde recientemente el Distrito recuperó un predio que había sido invadido. Según cuenta, ocho hombres vestidos de negro llegaron hasta donde ella estaba dictando una clase de danza, y empezaron a gritarla e insultarla para que saliera.

Sin embargo, ella no ha sido la única afectada por esta situación. El edil Cristian Robayo explicó que las comunidades vienen denunciando la presencia de actores armados que aparecen en ciertos momentos en la zona y que amenazan, que andan armados y que hacen algún tipo de control territorial en los sectores de Quiba Baja, Bella Flor, La Torre y otros sectores.

“Ellos se catalogan como integrantes de las AUC, y lo han hecho a través de diferentes medios: panfletos, comunicados y con la presencia física en algunos momentos en esta zona de la localidad, lo que se ha venido denunciando y explicando a las autoridades para que investiguen a profundidad quiénes son este tipo de actores”, señaló el cabildante local.

Ante todo este panorama, comunidad y Distrito coinciden en que más allá de las acciones de inteligencia y policivas, la solución está en la interlocución con la gente y en la inversión social, que para el caso de Altos de la Estancia sería la construcción de un parque que le quitaría la posibilidad a los invasores de volver al sitio.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, quien estuvo también en la zona con el secretario de Seguridad, explicó que están avanzando en ese propósito. “Aquí el patrullaje evitará ocupaciones y nos permitirá desmantelar estas estructuras, pero lo más importante es la inversión social, trabajar con todos los barrios y vecinos para que ellos, con el IDRD y la alcaldía local diseñemos un parque de actividades que se permiten en esta zona con todos los cuidados”, manifestó.

Tras años de anuncios, y el paso de incontables gobiernos distritales sin que haya habido cambios estructurales, la comunidad desconfía de la institucionalidad. Ante la pregunta de si ha habido un cambio entre la istración de Enrique Peñalosa y lo que va de Claudia López, esto respondió la integrante de una organización comunitaria que también ha sido víctima de amenazas.

“Uno nota cambios de dientes para afuera, me refiero a lo discursivo, lo que han dicho en sus espacios es que hay una necesidad de generar lazos de interlocución con las comunidades. Pero no sé si es un tema de voluntad política o si es un tema burocrático ineficiente que tienen la nación y el Distrito que no permite agenciar las cosas de manera contundente en el territorio. Si no ejecutan lo que tienen que ejecutar, en los territorios siempre va a haber cabida a la criminalidad”, sentenció.

Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom