Alcaldía de Bogotá sigue adelante con el proyecto del corredor verde de la Séptima

A pocas semanas de que se termine el cuatrienio de la alcaldía de Claudia López, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, le confirmó a EL TIEMPO que ya se encuentran nuevamente publicados en el Secop II los prepliegos de los dos tramos que faltan por adjudicar del Corredor Verde, que van desde la calle 26 hasta la 99.

Sánchez explicó qué consecuencias podrían existir si se modifica la obra y, por otro lado, habló de las razones por las cuales, por segunda ocasión, se declaró desierta la licitación de los tramos 3 y 4 de la calle 13.

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Ayer publicamos los prepliegos nuevamente de los tramos que van de la calle 26 a la calle 99, que son los que no se han adjudicado ya que en su momento no hubo oferentes. Los costos y las condiciones son las mismas, pues creemos que hay que seguir adelante con el proyecto. Claramente, el cronograma lleva a que el cierre de la licitación y la adjudicación se vayan a dar el próximo año.

No puedo decir qué hará la alcaldía de Galán porque no hago parte de su equipo, y tampoco sé qué tiene pensado cuando él se posesione el 1.º de enero. Lo que puedo decir es que nosotros, como responsables del proyecto, durante tres años estuvimos trabajando en obtener una solución técnica que sea la mejor para Bogotá y para la 7.ª.

Encontramos que generando un sistema de transporte a través de buses eléctricos con carriles exclusivos vamos a mejorar los tiempos de viaje. Que podemos contar con un mejor espacio público para miles de peatones, así como desembotellar sectores como la 183, en El Codito... podemos reverdecer todo el corredor. Es un proyecto que cumple con todas las expectativas.

Desde mi experiencia, en la contratación pública, uno puede, en un contrato adjudicado y firmado, sentarse con un contratista y pensar en una modificación. Eso desde el punto de vista contractual no es lo más conveniente debido a que puede llegar a generar unos cuestionamientos en cuanto a la planeación, además de posibles sobrecostos. Yo me enfrentaría a ese dilema, si es realmente conveniente llegar a esa negociación para cambiar el contrato.

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Eventualmente uno puede revocar un proceso licitatorio y volver a licitar. A mí me tocó hacerlo en el 2020. Revocamos la licitación de la troncal 7.ª porque las empresas que se habían presentado retiraron sus ofertas.

Ahorita podría ser algo similar. No va haber ofertas, pero habrá una licitación abierta. Eso ya es una decisión que hay que medir desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las consecuencias de cambiar un proyecto ya con un contrato adjudicado.

Esa fue de las primeras tareas que me puse en el IDU. Tenemos una entidad que ha tenido una historia desafortunada, pues hace unos años se cuestionó por un cartel de la contratación, contratos adjudicados mal, corrupción por muchos lados. Yo no podía permitir que en estos periodos fuera a presentarse un acto similar.

Llegamos hasta el punto de poner al IDU, en el 2020, como la primera entidad pública en Colombia certificada por el Sistema de Gestión Antisoborno, Antifraude y Anticorrupción.

Hemos sido recertificados tres años seguidos, y eso nos da mucha confianza de que, de aquí en adelante, la entidad puede estar tranquila. Los procesos están hechos para blindarnos de cualquier caso de estafa, de fraude, de corrupción. No hemos tenido ni un solo cuestionamiento a las licitaciones y ni a las contrataciones que hemos hecho. 

Nos sentamos con las empresas del gremio de constructores grandes para saber por qué no se habían presentado en la primera licitación. Sus razones tuvieron que ver con el riesgo de hacer obras en Bogotá, ya que implica mover redes de servicios públicas y muchas veces hay que diseñar en el camino. Por lo tanto, dijimos que lo asumíamos, que todo el trámite quedaría a cargo del IDU y de la empresa de Acueducto.

También nos dijeron que necesitaban que el anticipo fuera más grande y que se usara para más cosas, por ejemplo, para reembolsar las garantías del contrato, entonces lo ampliamos hasta el 40 por ciento. Aseguraron, además, que el plazo de preconstrucción era muy corto, entonces pasó de 6 a 8 meses.

No lo sabemos. Los cambios los llevamos a la licitación también del Corredor Verde de la 7.ª en su momento y nos dio muy buen resultado, porque inmediatamente abrimos la licitación hubo ofertas.

Vemos que aquí el tamaño del contrato hace que el mercado sea muy pequeño. Es un contrato de 500.000 a 600.000 millones de pesos y no hay más de cuatro o cinco empresas que tengan hoy capacidad para hacerlo, pero que analizan el tema y se alejan de la posibilidad de participar porque, o no ven una buena rentabilidad en el negocio, o ven que el riesgo no lo pueden asumir.

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Puede ser una causa porque claramente los insumos de la construcción, como el acero, el cemento y el asfalto, tienen variaciones muy complejas que a veces se disparan de un momento a otro, y esto hace que los empresarios digan: ‘Ese riesgo no lo puedo asumir’.

Pero incluso ese riesgo nosotros también lo estamos asumiendo porque les estamos diciendo, por ejemplo, que si el contratista va a comprar acero, lo compra y nos muestra cuánto le costó y nosotros le reembolsamos el valor. Hicimos un esfuerzo porque sabemos que esas obras son necesarias para Bogotá.

Estos contratos van hoy con cerca del 50 por ciento de avance en la 68, y en la Cali, un poco más del 50 por ciento. Algunos de los plazos contractuales ya están siendo revisados por las contratistas con la posibilidad de pedir unas prórrogas que no deben ser superiores a seis meses o máximo un año. Aún estamos evaluando las razones.

Por ejemplo, en el tramo 1 de la troncal 68, donde está el puente de Venecia, se está pidiendo una prórroga; en el siguiente tramo también. Posiblemente en el tramo 9, que es el que está llegando a la calle 100 con 9.ª; en los otros están pidiendo plazos más cortos. 

Esos los estamos cerrando en negociaciones con cada contratista, con los interventores. Pero lo importante no es darle los plazos, lo importante es saber por culpa de quién es ese plazo adicional.

Es posible que se requiera, porque lo importante es acabar las obras, hay que hacer el esfuerzo por acabarlas.

Eso es parte de lo que también a las empresas les pudo haber generado alguna preocupación. Somos conscientes de que para trabajar unas horas en Bogotá, turnos de 8 horas, no tiene sentido. La ciudad está agobiada por las obras públicas, por las polisombras, y ver que a las 6 de la tarde ya desaparecen todos los trabajadores y vuelven a aparecer el otro día a las 7 de la mañana, como si fuera un horario de oficina, no tiene presentación.

Entonces, en la calle 13 pedimos triple turno, que es una experiencia diferente ya que en Bogotá nunca se había hecho obligatorio. A veces ha tocado hacerlo por condiciones de la obra, pero que sea en el contrato nunca se había planteado.

Las empresas entendían el mensaje. Las obras hay que hacerlas más rápido, hay que trabajar de día y de noche, y esperamos que para la próxima vez que se abra la licitación entiendan este mensaje.

Las obras no son de un gobierno, sino de la ciudad. La Guayacanes viene contratada desde la istración anterior y la estamos terminando ahora y un pedacito en febrero. Ese puente de la calle 12, sobre la avenida Cali, está listo, falta colocar el poste de alumbrado. Lo damos en servicio ahora en diciembre.

Estamos entregando el puente en La Floresta, que hace parte de los futuros carriles exclusivos de TransMilenio, pero los vamos a dar en servicio este año para que sirva para el plan de manejo de tráfico.

Tenemos un paquete de obras que van a estar entregándose entre el primero  y el segundo semestre del otro año. Es decir, un año más y ahí sí cortamos todas las cintas, porque hay muchas obras. A mí no me contrataron para cortar las cintas, sino para que las obras se hicieran bien y que se contrataran adecuadamente.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24