Crimen y recompensas | Opinión

La seguridad ciudadana está dominando la agenda pública. Una realidad que se complica, día tras día, y que los últimos estudios y encuestas confirman al señalar que la percepción de inseguridad llega al 88 %. No es solo un tema de medios de comunicación, como en su momento explicaban las autoridades, al argumentar que es el tema que más recibe atención. Hoy las cifras están demostrando un panorama difícil en relación con los delitos que atentan contra la vida humana, como el homicidio y el atraco. El año pasado cerró con 1.128 casos, siendo el sicariato la primera causa (40 %), seguido por las riñas (34 %) y el atraco (12 %).

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Lo preocupante es que los homicidios, como consecuencia de un atraco, vienen en franca alza. En el 2017 se registraron 45, mientras que en 2021 llegamos a 137 casos.

Para frenar esta tendencia, la istración anunció un plan de recompensas para quien delate o brinde información sobre el autor de un homicidio o aquel que reincida en la comisión de delitos. Los montos van desde los 10 hasta los 20 millones de pesos si la información es de un homicidio por atraco. Y puede llegar hasta los 50 millones si está relacionada con ataques terroristas.

Esta receta no es nueva, y varias ciudades del mundo lo hacen a través de sus listas de delincuentes más buscados, pero de allí a asumir que el dinero ayuda a mejorar los indicadores de captura de delincuentes y a solucionar el problema de inseguridad en Bogotá hay un abismo enorme.

Para empezar, esta medida no puede remplazar el proceso de investigación criminal y trasladarle a la misma comunidad la responsabilidad de denunciar este tipo de casos, en una ciudad donde viene creciendo el sicariato y el ajuste de cuentas entre bandas criminales por el control de rentas ilegales y microtráfico. En tan solo 5 años el sicariato creció 274 %.

Por lo tanto, persuadir a la gente para que brinde información que ayude a las autoridades no es tan sencillo. Además, suponiendo que se logra tener cierta cooperación, faltaría validar la calidad de la misma y si esta pudo ayudar a resolver un homicidio o a evitar un ataque terrorista.

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No es fácil acceder a evidencia del éxito de los procesos de cooperación, pues son fondos de dinero que se manejan con ciertos criterios de confidencialidad y es difícil establecer su efectividad en la práctica. Al contrario, puede dar lugar a corrupción en el manejo de esos recursos o que ciudadanos inescrupulosos inventen situaciones de posibles atentados terroristas para cobrar los $ 50 millones de recompensa.

Este tipo de iniciativas de pagar por información conlleva incentivos perversos y no necesariamente va a mejorar los indicadores de la seguridad que se vive en las calles bogotanas.

Donde hay que concentrar esfuerzos es en combatir toda la cadena criminal existente detrás de los delitos de alta rentabilidad económica; eso significa combatir los mercados de bienes robados, incluyendo el control a los sitios de venta de mercancías usadas como compraventas y almacenes de autopartes y repuestos. También, monitorear periódicamente las redes sociales para detectar anuncios sospechosos o personas dedicadas al comercio electrónico de objetos robados.

Además, hay que mejorar las relaciones de la policía y la comunidad, dada la desconfianza que hoy registran las encuestas. Y, por supuesto, desarrollar mecanismos para proteger a las víctimas de hurto y extorsión en la ciudad que deciden denunciar.

La inseguridad no se resuelve con recompensas, hay que fortalecer las políticas y estrategias para proteger la vida de las personas y la resolución pacífica de conflictos. En ese momento comenzaremos a dar los pasos correctos y a recuperar el rumbo de la seguridad ciudadana.

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ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS