¿Qué ha pasado con la política pública LGBTI en la última década?

Logros en seguridad, respeto y una reducción del 80 % en casos de agresiones por parte de policías.

Más de 35.000 personas se movilizaron este año en la marcha del Orgullo Gay.

01.07.2018 19:37 Actualizado: 02.07.2018 12:57

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Hace 18 años, cuando la entonces oficial Sandra Mora fue destituida de la Policía Nacional (2000) por ser abiertamente lesbiana, jamás se imaginó que regresaría a la institución y ascendería al grado de teniente coronel.

Para ese entonces, la comunidad LGBTI en la ciudad seguía siendo blanco de agresiones de ciudadanos y de uniformados, la discriminación era más frecuente de lo que se denunciaba y no había una política pública para la protección de sus derechos, ni tampoco castigo para los agresores.

Hoy, por las cifras y reportes oficiales entregados, las cosas van mejor. Las denuncias por casos de abusos policiales se han reducido un 80 %. En los últimos 10 años, Bogotá ha liderado un fuerte trabajo en contra de la discriminación y por la inclusión de la comunidad LGBTI, después de firmarse el decreto 608 de 2007, la primera política pública en el país en ese sentido.

La oficial fue reintegrada a la Policía Nacional en 2011, luego de una fuerte batalla legal. Ahora es la encargada de la oficina de Derechos Humanos de la institución y lidera la vinculación de los policías en el cumplimiento del decreto 608.

“La Policía Nacional solo acompañaba las movilizaciones del ‘orgullo gay’, posteriormente se fue uniendo a las diferentes mesas de trabajo en las 19 localidades donde hacemos presencia y, con las últimas tres istraciones distritales les apostamos a las capacitaciones de los policías y de la misma comunidad para fortalecer el respeto”, dijo Mora.

En el 2016, la Policía Nacional y la comunidad diversa firmaron un pacto de respeto, junto con la Cámara de Comerciantes LGBTI; el año pasado se capacitó a 344 policías de Bogotá en la atención de la comunidad, 100 de ellos del CAI de Chapinero, donde eran frecuentes las denuncias de discriminación y exceso de fuerza. “Desde que firmamos el pacto se han reducido un 80 % las denuncias por discriminación y exceso de fuerza. Si se presentan casos, son individuales. Seguimos trabajando”, añadió.

A propósito de la celebración, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a rechazar los actos de violencia y discriminación contra la población LGBTI. Foto:Mauricio León

Según la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, en los últimos cuatros años se ha logrado que 51 % de los bogotanos consideren que está bien que las personas LGBTI expresen su afecto en público.

Además, 44 por ciento de los capitalinos dicen que defenderían a una persona LGBTI en una situación de agresión, y 52 por ciento considera que está bien que se casen; solo 39 por ciento dice estar a favor de la adopción.

No obstante, la situación de empleabilidad de la comunidad LGBTI sigue siendo un reto, así como lograr desvincular a de la comunidad de la prostitución: 20 % de estos ciudadanos la ejercen.

Las mujeres transgeneristas son las que mayor vinculación presentan, con un 69 %; los hombres transgeneristas, el 50 y los gais, 9, 2. Las localidades donde más ejercen la prostitución son: Los Mártires con el 70 por ciento, Santa Fe, 59 por ciento; Puente Aranda, 44 por ciento y La Candelaria, 33 por ciento.

Juan C. Prieto, director de Diversidad Sexual de Planeación, indica: “La política pública ha contado con alta participación de las instituciones. El Distrito ha creado dependencias que dan cuenta de la atención integral que deben recibir las personas LGBTI”. La subdirección para Asuntos LGBTI de Integración Social, la gerencia de la Mujer y Género del Idpac, entre otras, se crearon luego de la política pública.

Decreto nacional

Para el abogado Germán Humberto Rincón, quien ha interpuesto más de 1.600 tutelas en contra de la discriminación, para los próximos años será fundamental el decreto 762 del 7 de mayo de 2018, del Ministerio del Interior, a fin de que la política LGBTI sea nacional.

“Esto hace parte de las garantías que la democracia debe tener frente a poblaciones discriminadas; si miramos atrás, las personas negras, que antes fueron esclavos, hoy tienen cupos en el Congreso; las personas indígenas, también, y las mujeres hoy tienen ley de cuotas. Este es un compromiso que tiene el Estado con la población LGBTI”, señaló Rincón.

Y añadió que, de otro lado, el decreto ayudará a disminuir el maltrato hacia esta población: “Con la política pública se irán cambiando los imaginarios negativos que están directamente ligados a la violencia”.

Además de Bogotá, también hubo marchas en Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali, entre otras, en donde varios edificios gubernamentales fueron iluminados con colores alusivos a la bandera de la comunidad LGBTI. Foto:Mauricio León

Distrito diverso

Chapinero, aunque no es la localidad en la que más población LGBTI vive (1.300 personas, mientras que en Suba hay 32.000), sí es la que más reconocimiento tiene por ser la más abierta a la diversidad. En medio de esta celebración, el próximo 13 de julio, la Secretaría Distrital de Planeación declarará simbólicamente la calle 59 entre carreras 9 y 13 ‘zona distrito diverso’.

Para Blanca Inés Durán, exalcaldesa de Chapinero en 2008 (primera alcaldesa local abiertamente lesbiana), a pesar de que las primeras reacciones fueron duras, los cambios son visibles. “Comenzamos con el Centro Comunitario LGBTI y se intentó implementar la política pública; digo ‘se intentó’ porque la reacción de la comunidad fue muy fuerte, e incluso durante mucho tiempo no dejaron que la casa funcionara. Pero la gente sabe que tiene derechos y puede defenderlos. Avanzamos en el matrimonio de parejas del mismo sexo y en el tema de la adopción para estas parejas”, agrega.

En el 2002, cuando Édison Ramírez abrió las puertas de Theatron, la discoteca gay más grande de Colombia, ubicada en Chapinero central, todavía eran tabú los establecimientos para la población LGBTI. Tras 16 de años de activismo, es uno de los líderes más visibles del ‘distrito diverso’: “Vivimos el proceso de transformación desde antes de la implementación de la política pública; en 1995 abrí un bar y no obstante tener los permisos de funcionamiento, la persecución era constante. Ahora, los últimos diez años sentimos el cambio; hemos avanzado en el respeto”.

Además, él fue uno de los gestores del primer Centro Comunitario LGBTI que funcionó en Chapinero y luego fue trasladado a Teusaquillo. Según dice Ramírez, el cambio es tan evidente que ahora lidera un proyecto inmobiliario en el que ofrece apartaestudios en arriendo en Chapinero, en los cuales tienen prioridad las personas LGBTI.

El reto de esta comunidad, dicen, es mantener el terreno ganado en gobiernos entrantes locales y nacionales y avanzar en el cumplimiento y protección de todos sus derechos.

VANNESA PEREA

EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @VannepBonilla

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