Contraloría pone en la mira contrato de vivienda para indígenas muiscas en Cota

El ente de control inició un proceso en contra del exalcalde y exsecretarios del municipio.

Contraloría indica que las viviendas fueron construidas con material distinto al indicado en el contrato. Foto: Contraloría de Cundinamarca

PERIODISTA DE BOGOTÁ23.02.2024 17:19 Actualizado: 23.02.2024 22:01

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La Contraloría de Cundinamarca inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde del municipio de Cota, Néstor Guitarrero, y los exsecretarios de Planeación y de Infraestructura y Obras Públicas, por presuntas irregularidades encontradas en las obras de unas viviendas que corresponden a un resguardo indígena muisca.

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Según informó el ente de control, hubo anomalías en las obras de mejoramiento y construcción de 100 viviendas para esta comunidad, las cuales fueron diseñadas bajo el programa de subsidio de vivienda de interés social municipal de Cundinamarca.

Así las cosas, el grupo fiscalizador de la Contraloría departamental que hizo las auditorías correspondientes en el lugar determinó que en “cuatro de las cinco viviendas revisadas en mampostería estructural se evidencia que la carpintería metálica no corresponde con las especificaciones que se indican dentro del contrato”.

De igual manera, indicaron que las actividades desarrolladas en la obra sí presentan deficiencias en su aspecto físico.

El ente de control encontró también que hubo utilización de materiales distintos a los especificados en el contrato, falta de seguimiento al proyecto y “aprobación de pagos por parte del supervisor, pese a las deficiencias de calidad observadas en las viviendas visitadas”.

Con base en esto, la Contraloría determinó que esas irregularidades generaron un detrimento a Cota de 43’471.167 pesos.

Debido a esto, los exfuncionarios vinculados al proceso y la compañía constructora a cargo de los trabajos deberán comparecer por estos hechos.

“No hubo una correcta supervisión a la calidad de las obras y las obligaciones a cargo del contratista para asegurar el correcto uso de los recursos públicos”, aseguró la Contraloría.

Actualmente, la Dirección de Investigaciones del ente de control departamental adelanta las acciones necesarias para determinar las responsabilidades fiscales de cada implicado y para garantizar que el “perjuicio ocasionado al resguardo indígena y a las arcas del municipio sea subsanado lo más pronto posible”.

Si se logra, se evitará la posible pérdida de 2.448 millones de pesos destinados a subsidios municipales de vivienda de interés social.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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