Investigan estafa con predio del humedal Córdoba

El predio del humedal Córdoba ubicado sobre la avenida Suba con calle 116 es desde hace años un problema para las autoridades. En agosto del 2016, con una intervención del Distrito, parecía que se cerraba esta ‘novela’ con la recuperación de 1.586 m2 que eran ocupados de manera ilegal.

En ese momento, se sembraron árboles y se limpió el área usada como parqueadero. Sin embargo, pasaron los meses y el lugar dejó de ser un lote recuperado y hoy es un muladar. La zona está invadida por escombros, basuras y hay denuncias por microtráfico.

Una de las causas que ha dificultado la intervención de este lote es que no es claro quién es el propietario. Miguel Ruiz Vargas, con documentos en mano, le expresó a EL TIEMPO que él es dueño del lugar, por el que pagó $ 1.000 millones.

Esto lo sustenta con la escritura pública número 3295 del 14 de septiembre del 2010 de la Notaría 51, y que sería la prueba reina que lo acreditaría como el propietario, tras la compra que le hizo al vendedor José Santos Angarita.

“Llegué primero al sitio en arriendo, luego el dueño me ofreció el terreno. Pactamos 1.000 millones y empecé a pagarle. Después llegó un socio a proponerme que en ese lote podíamos hacer un hotel y decidió aportar plata para terminar de adquirirlo”, contó Miguel.

Y así fue. Según relató esta persona, tras haber terminado de pagar la suma pactada, solo a falta de cancelar un poco más de 100 millones de pesos por valorización, el lugar quedaría registrado a su nombre para construir el hotel y una sede del concesionario Nuevo Milenio, de su propiedad.

“Cuando fuimos a iniciar obras, la alcaldía de Suba dijo que no podíamos hacer nada ahí porque era una zona del humedal Córdoba. Yo dije: ¿pero cómo así? Si yo acabo de comprar esto, nunca me dijeron que era una parte del humedal”, comentó Miguel.

Desde ese momento se inició un proceso que terminó con el sellamiento del lugar y con la orden de que allí no se podía realizar ningún tipo de construcción.

Pero esa no fue la única mala noticia para Miguel. La suma de $ 100 millones que debía pagar por la valorización resultó ser casi de $ 500 millones. Por no cancelar este valor –del que dice no tuvo conocimiento a la hora de adquirir el predio–, el lugar no aparece registrado a su nombre. Al no poder desarrollar todos los planes que tenía, Miguel, quien entró en quiebra, puso al cuidado del sitio a una pareja.

“Yo me enfermé por esos problemas. Estaba casado y al entrar en quiebra económica por ese mal negocio me divorcié”, recordó Miguel, quien añadió que la única opción que tuvo fue dejar como parqueadero un área del predio en la que podía hacerlo y que era vigilado por la pareja que contrató para la seguridad.

En febrero del 2013, una de las personas que pagaba mensualidad de ese parqueadero llamó a Miguel a decirle que no le permitían ingresar a guardar su vehículo, porque tenía nuevos dueños. Ante la noticia, se fue para allá. “Al llegar me encuentro unos tipos armados que me dijeron: ¿usted quién es? Si digo que soy yo, me matan. Me tocó decir que era el dueño de una ambulancia que estaba ahí. Me advirtieron: ‘tiene hasta mañana para sacarla porque esto cambió de dueño’ ”, relató Miguel, quien era el propietario del lugar del que lo estaban sacando.

Lo que pasó, y que está siendo investigado por la Fiscalía, es que la pareja que estaba a cargo de la seguridad del predio, con papeles viciados y, aparentemente sobornados, vendieron ese lote por la suma de 12 millones de pesos. “Llamé a las autoridades, a mi familia y fuimos al terreno, los tipos que estaban ahí alegaban con una carpeta debajo del brazo que el lote era de ellos”, denunció Miguel, quien ante el robo interpuso en la Inspección de Policía 11C (Alcaldía local de Suba) un proceso policivo con relación a la perturbación a la posesión.

Miguel dice que quienes ocupan el predio hoy hacen parte de una red criminal que está siendo investigada por la Fiscalía. De hecho, este diario conoció una orden de inspección en que la Fiscalía insta al CTI para que realice las pesquisas necesarias para esclarecer estas denuncias.

En los once puntos de la diligencia investigativa de febrero del 2017, y amparada en el Artículo 263 del Código Penal –invasión de tierras o edificaciones–, la Fiscalía solicita, entre otras, “desplazarse a la inspección 11C de la Alcaldía de Suba con el fin de solicitar copia auténtica del proceso policivo adelantado en esa inspección con relación a la perturbación de la posesión”, y “desplazarse a la avenida Suba con calle 116-02, a fin de establecer qué personas se encuentran actualmente habitando en dicho inmueble. Realizar labores de vecindario y obtener información de quién funge en calidad de dueño y señor”, reza el documento.

Entre tanto, Ruiz acude a entidades del Distrito y a autoridades judiciales a denunciar el daño ambiental que están causando quienes están, y alertando de lo que sería la actuación de una banda que, como a él, estaría arrebatando otros terrenos a través de violencia y sobornos.

EL TIEMPO ó con la Empresa de Acueducto, que históricamente también ha tenido relación con el predio. Esta respondió que revisaría el tema con el área jurídica, para dar un pronunciamiento oficial.

EL TIEMPO ZONA