Dueños de mansiones en los cerros ignoran órdenes para demoler

Hay 25 procesos sancionatorios en marcha por acciones de construcción en el sector Bagazal.

Este es el predio que la CAR ordenó demoler. El propietario no lo hizo y la corporación tendrá que hacerlo en agosto. Foto: Cortesía CAR Cundinamarca

02.06.2019 20:41 Actualizado: 02.06.2019 20:41

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tendrá que contratar por su cuenta la demolición de una mansión conocida como Bambú en el sector Bagazal de los cerros orientales, debido a que sus dueños desacataron la orden de hacerlo, luego de comprobarse que construyeron en zona protegida.

Así lo confirmó el director de la CAR, Néstor Franco, tras otra queja de los vecinos de Rosales, la semana pasada, que denunciaron obras y movimiento de maquinaria en zona protegida de los cerros orientales.

Franco confirmó que actualmente están activos 25 procesos sancionatorios por infracciones ambientales como la captación ilegal de agua, disposición de escombros, tala y construcciones, los cuales están en etapas procesales diferentes, mientras hay un fallo de fondo que certifique si están violando o no las normas que protegen los cerros.

Bambú y Monterodro son las dos construcciones ilegales ubicadas en Bagazal, con orden de demolición de la CAR por haberse edificado en zona de reserva forestal protectora bosque Oriental.

En el caso de Bambú la CAR sancionó con la orden de demolición desde el 2016, pero ante el incumplimiento del propietario de acatar la medida, la entidad ambiental tuvo que apropiar una reserva presupuestal para asumir la demolición.

El proceso para contratar el desmantelamiento, demolición manual y mecánica y el retiro de la estructura se abrió el pasado 22 de mayo, y se espera que la orden pueda hacerse efectiva en agosto.

“Esta es la primera experiencia de la autoridad ambiental en demoliciones en área protegida, proceso para el cual requirió adelantar un levantamiento topográfico de la estructura para definir las áreas a demoler”, explicó Franco, quien tuvo que conformar un equipo técnico interno para visitar el terreno y concretar el estudio.

En el caso de la protesta de los vecinos de Rosales la semana pasada, la CAR dijo que corresponde al predio El Arrayán, que estaba realizando movimiento de tierras con maquinaria, sin el permiso respectivo de la alcaldía local.

En la entidad informaron que los propietarios se han amparado en un concepto técnico emitido por la CAR sobre el estado de riesgo de un talud, pero recordaron que ese mismo documento establece que deben acudir a tramitar el permiso a la alcaldía local de Chapinero y no pueden actuar sin él.

Otro caso que está en proceso es la orden de demolición fallada en contra de la construcción en el predio Monterodro, que además tiene una multa que supera los 470 millones de pesos, desde diciembre del 2018. En este caso está en estudio el recurso de reposición interpuesto por los propietarios del predio.

Por sentencia del Consejo de Estado, los propietarios poseedores y tenedores de predios ubicados en la reserva de los cerros no pueden realizar obras que lo perjudiquen.

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