El escandaloso contrato de equipos para las subredes de salud de Bogotá

En octubre de 2021, la Secretaría Distrital de Salud adquirió equipos de telefonía para las subredes de salud por un valor, pero dos meses después, en diciembre, los mismos aparatos costaron muchísimo más. ¿Por qué?

La concejal María Victoria Vargas, quien ha venido haciéndoles seguimiento a dos contratos que la entidad hizo a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, asegura que hay presuntos “caso de corrupción” y concierto para delinquir.

Documentos en mano, la cabildante liberal dice que no solo hay mayores valores en la compra de teléfonos fijos, como lo había denunciado en agosto y septiembre pasados en el Concejo, sino también en otros equipos.

El 29 de agosto, en el primero de dos debates sobre la situación financiera de las subredes y de la EPS Capital Salud, Vargas sorprendió al secretario de Salud, Alejandro Gómez, con una la denuncia de supuestos sobrecostos en compra de teléfonos. El funcionario declaró: “no lo tengo en el radar”.

Y el 14 de septiembre, la concejal precisó sus señalamientos. Se refirió a actos de corrupción en el contrato de Comisión No. 3123046/2021 por 22.502 millones de pesos, incluido el IVA. El objeto fue la adquisición de recursos tecnológicos para actualizar la infraestructura TIC de las cuatro subredes, (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente). El contrato se firmó con la Unión Temporal Infraestructura, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Entre los equipos está la compra de 510 teléfonos fijos por 3’479.323 pesos cada uno, para un posible sobrecosto de 1.672 por ciento. De hecho, la cabildante mostró una factura de compra de uno de la misma referencia por 196.000 pesos, con IVA.

Ayer, María Victoria Vargas le dijo a EL TIEMPO que siguió comparando precios y encontró en el mismo contrato nuevos casos de mayores valores. Se refirió a 22 digiturnos, cada uno por 102’822.258 pesos, sin IVA, y 18 reguladores de energía (UPS 20 KVA), por 57’924.985, la unidad.

Eso quiere decir, según Vargas, que entre octubre y diciembre de 2021, cada digiturno pasó de costar 41’338.921 pesos a 102’822.258, para un presunto sobrecosto total de 2.262 millones de pesos, un 249 por ciento más. Y cada regulador subió de 25’688.667 pesos a 57’924.985, para un presunto sobrecosto total de 1’042 millones, lo que equivale a un 225 por ciento más.

Al ser consultada por este diario, la Secretaría de Salud señaló en un comunicado que en agosto tomó la decisión de “no hacer ningún pago del contrato firmado en diciembre” e iniciar las acciones judiciales, y que una vez se detectaron los graves sobrecostos en los teléfonos se puso en conocimiento ese hecho de la oficina de Asuntos Disciplinarios, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría. La entidad puso la denuncia penal el 30 de agosto –un día después de que la concejal hizo público el caso– y pidió que se la reconociera como víctima.

El pasado 22 de septiembre, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, informó a la concejal que se han pagado obligaciones al comisionista y a la Bolsa Mercantil, 12’909.136 pesos y 114’498452 pesos respectivamente. Y respecto al proveedor señaló que “no se ha desembolsado ningún dinero”.

En el comunicado la entidad también señala que dio la orden a las subredes de “congelar la puesta en marcha de los equipos que han sido entregados a la fecha” y que “en el transcurso de la semana serán recogidos”. La recolección de los teléfonos inició el 15 de septiembre y concluyó el 26, con la devolución de 360 unidades al proveedor.

En la ejecución del contrato, entre 2021 y 2022 la Secretaría ha recibido además 13 reguladores de energía y 17 digiturnos –sobre los que hay cuestionamientos–, así como 16 video beam, 498 computadores de escritorio y 29 equipos portátiles, entre otros.

La concejal dice que si bien el Secretario no firmó el cuestionado contrato de diciembre –lo hizo el encargado– no tuvo la precaución de revisar los valores, pero sí estuvo en la entrega de equipos a las subredes. Gómez firmó el contrato de octubre, sobre el que no ha habido cuestionamientos.

“Donde estaba el comité de contratación, la oficina Jurídica, la oficina de control Interno, la de Asuntos Disciplinarios, el director TIC de la Secretaría, en qué mundo andaba el Secretario”, se pregunta la concejal. “El hecho de que no hayan pagado no lo exime de responsabilidad. Se viene el pleito y cuánto le va a costar eso al Distrito”, insiste la cabildante.

GUILLERMO REINOSO RODRIGUEZ

EDITOR BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24