El polémico atajo que ofrecen concesionarios de motos en Bogotá para ahorrarles dinero a compradores con matrículas en los municipios

En Funza, Madrid o Mosquera, la tasa indica que hay tres motos por cada habitante, pero expertos señalan que se trata de un problemático subregistro.

Aunque todavía no tenía claro qué moto comprar, a Camilo*, un joven bogotano, le ofrecieron desde un principio que los impuestos y costos de su nuevo vehículo iban a salirle más baratos si aceptaba una propuesta del concesionario. A pesar de que el punto de venta quedaba en Bogotá, al igual que su lugar de residencia y trabajo, el agente comercial lo convenció de que su moto quedara inscrita en el municipio vecino de Funza a cambio de grandes beneficios económicos.

La razón puede no levantar sospechas entre los compradores. Por el contrario, se muestra como una gran oferta para los ciudadanos que buscan economía en sus decisiones. No obstante, expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que, aunque es legal, es una jugada incorrecta que afecta a Bogotá.

La razón puede no levantar sospechas entre los compradores. Por el contrario, se muestra como una gran oferta para los ciudadanos que buscan economía en sus decisiones. No obstante, expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que, aunque es legal, es una jugada incorrecta que afecta a Bogotá.

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Además, que la moto quedara matriculada fuera de la ciudad, implica que el contribuyente no paga el impuesto por semaforización o le sale significativamente más económico.

“A mí me preguntaron en el concesionario que si quería matricular la moto en Bogotá o en Funza y otros municipios para evitar impuestos de semaforización. Yo siendo primerizo, respondí que sí, pero a largo plazo uno se va dando cuenta que indirectamente es una evasión de impuestos a Bogotá”, señaló Camilo.

La compra de su moto, una Hero Hunk 160, la hizo en un punto de ventas ubicado sobre la avenida Las Américas, cerca de su residencia en la localidad de Kennedy.

“Me dijeron que tenían un convenio con alguien en Funza para que el trámite se realizara de inmediato sin la necesidad de ir hasta allá. De hecho, yo nunca he estado allá porque el pago lo hago de forma virtual”, explicó el joven.

Además, por aceptar la oferta, le ofrecieron descuentos por los próximos dos años en el impuesto a su vehículo, que por superar el cilindraje estipulado en la norma (125 cc), pagaría en Bogotá o en cualquier otro lugar. Eso sí, le representó una reducción de casi 100.000 pesos frente a lo que pagaría en la ciudad.

“Pregunté y me dijeron que eso no era ilegal, que era una opción que tomaban la mayoría de personas y que no me traería problemas legales o algo por el estilo. Muchos amigos también lo han hecho y les quedan en Soacha, Madrid o Chía”, dijo.

Por esta razón es que las cifras demuestran que mientras en Bogotá el índice es de una moto por cada cuatro habitantes, aproximadamente, en lugares como Funza este número llega a tres por cada habitante. Esta alarmante cifra toma sentido cuando se enfrenta con la población de cada ciudad, que mientras en la capital llega a ocho millones de personas, en el municipio de la Sabana apenas supera las 115.000.

No obstante, como se evidenció, las motos matriculadas en Funza, en su gran mayoría, no pertenecen a habitantes del municipio, sino a bogotanos que viven y trabajan en la capital.

Y aunque en el país esto no es ilegal, esto sí podría ser un perjuicio para Bogotá, que es donde se mueven estos vehículos.

“En Colombia no es requerimiento registrar el vehículo donde circula principalmente. Hay plena libertad de matricular donde lo vean oportuno. A pesar de que no hay ninguna ilegalidad, estas motos que circulan en Bogotá no están generando los recursos que la ciudad necesita para las actividades alrededor de la gestión en la movilidad”, explicó Darío Hidalgo, experto en transporte y movilidad y docente de la Universidad Javeriana.

Los recursos que se recogen por concepto de impuestos de semaforización y vehiculares, están destinados en las ciudades al mantenimiento de las vías, el control semafórico y la señalización en vías. Además, el servicio de agentes de tránsito también se cubre por estos tributos.

Por lo tanto, estos segmentos no estarían siendo financiados por los motociclistas bogotanos que contribuyen en otras circunscripciones territoriales y podría contribuir a un desfalco o desajuste en el patrimonio de la capital.

Además, esto plantea grandes retos para las autoridades de Bogotá gracias al crecimiento en el número de motos en los últimos años. Esto, entre otras cosas, ha representado un mayor registro de accidentes de tránsito.

“Entre más motos circulen, más alta es la siniestralidad. Y Bogotá lo ha sufrido, porque el crecimiento en la cantidad de motos es el principal factor en el aumento del número de muertes y heridos viales. Si uno quita las motos de la ecuación de siniestralidad, tendríamos cifras mucho más bajas”, explicó Hidalgo.

Justamente, estudiar y plantear medidas desde la Secretaría de Movilidad de la ciudad, pues un gran desafío. Las cifras de motos matriculadas en Bogotá no representan el número real de estos vehículos que están circulando por las vías del distrito.

“La medida de riesgo de muertes por número de motos registradas en Bogotá, está subvalorada, es decir, hay un subregistro. El número es más pequeño que en la realidad. El registro de motos en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos años, pero sí ha aumentado significativamente en los municipios vecinos. No hay un indicador confiable”, aseveró el experto.

Esto, además, impacta en las formas de control que tienen las entidades distritales al verificar, por ejemplo, el cumplimento de documentación como el SOAT o tecnicomecánica. “Bogotá no tiene el control sobre esa verificación al momento del pago de los impuestos. No se puede hacer cruce de bases de datos y, por lo tanto, no se puede exigir que cumplan con esa normativa”, explica el académico.

Una manera que podría ayudar a esclarecer este subregistro, según Hidalgo, es regular la inscripción de motocicletas en el municipio de residencia del comprador.

“Se requeriría una ley nacional que establezca como base el domicilio de la persona. Sería una norma con la que estarían de acuerdo capitales como Bogotá o Medellín, pero que no apoyarían municipios aledaños a estas urbes”, dijo el experto en transporte, quien añadió que es necesario porque, incluso, ciudades como Bogotá tienen un mayor control a la eventual evasión de impuestos frente a otros municipios y que se estaría presentando entre los mismos contribuyentes que matricularon en los lugares mencionados.

*El nombre fue cambiado por preferencia del entrevistado