El riesgo de la reforma de la salud para Bogotá / Opinión

Según el Ministerio de Salud, el número de afiliados al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) se ha incrementado a lo largo de los años en Colombia y la cobertura ha crecido desde el 29,21 por ciento en 1995 hasta el 99,12 por ciento, al cierre del 2022.

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Bogotá es la ciudad con más régimen contributivo del país, y la reforma de salud implica un gran riesgo, ya que la eliminación de las EPS puede acarrear un colapso en el sistema de salud.

Según la página Saludata, de la Secretaría de Salud, a diciembre de 2023 la población afiliada al sistema de salud se distribuía así, según el régimen: el contributivo predomina con un 77 por ciento de s, seguido del régimen subsidiado, con un 22 por ciento, y el régimen de excepción con el excedente de cobertura.

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Al régimen contributivo están afiliadas 6’091.109, con corte a diciembre de 2023, la mayoría de las cuales están en las EPS Sanitas, Compensar, Famisanar y Salud Total.

En el régimen subsidiado, según datos de Minsalud disponibles, en el año 2022 se contaba con 1’0676.341 afiliados, la mayoría en Salud Capital.

No es claro todavía cómo operaría el nuevo modelo de salud para Bogotá; si bien la reforma contempla la creación de una red de centros de atención primaria (CAP) en todo el país, con enfoque de medicina preventiva y predictiva, que prestarán atención ambulatoria, urgencias, hospitalización, rehabilitación, exámenes de laboratorio y programas de salud pública, no es claro cómo se aprovechará la capacidad instalada de la actual red privada de Bogotá.

Actualmente, el 70 por ciento de las camas hospitalarias de Bogotá son de la red asistencial privada.

Según datos de la misma Secretaría de Salud en cuanto a la red pública, con relación al servicio de hospitalización, el 32 por ciento se encuentran ubicadas en las ESE de la subred Centro Oriente; el 27 por ciento, en la subred Norte; un 23 por ciento, en la subred Sur, y el 19 por ciento, en la subred Suroccidente.

En cuanto a camas de urgencias: un 33 por ciento está en la subred Norte; un 25 por ciento, en la subred Suroccidente; el 21 por ciento, en la subred Sur, y 21 por ciento, en la subred Centro Oriente.

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Sin duda, las localidades de Chapinero y Usaquén tienen el mayor número de prestadores de servicios de salud, mientras que Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy son más limitadas.

Bogotá tendría que organizar un verdadero plan de contingencia, ya que la red pública sería insuficiente para la atención de las personas sanas en acciones preventivas y los pacientes que se detecten nuevos o que ya estén en tratamiento.

Muchos ciudadanos tienen dudas sobre cómo va a operar el mecanismo de adscripción al centro de atención primaria y cómo va a funcionar la gestión de riesgo individual si el paciente requiere remisiones o atención interdisciplinaria.

En general, en el texto aprobado se percibe una falta de claridad frente a los responsables de las funciones y una fragmentación tanto de las redes de prestación entre el primer nivel y las instituciones de mediana y alta complejidad como en las funciones relativas al sistema de referencia y contrarreferencia, que tendrían las Gestoras de Salud y Vida, los Caps, la Adres y las entidades territoriales.

Obviamente, los pacientes y en general la ciudadanía perciben esto y están demandando más servicios previendo un escenario en el cual se puedan quedar sin atención médica.

No es claro cómo la reforma de la salud va a responder al perfil epidemiológico en Bogotá Región, en la que predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, que continúan siendo la primera causa de morbimortalidad, aun en los momentos pandémicos del covid-19.

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A lo anterior se une la transición demográfica de la población bogotana, caracterizada por envejecimiento progresivo.

El índice de vejez en la ciudad, que expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, ha variado de 8 por ciento en el 2005 a 13 por ciento en el 2019, y una proyección superior al 15 por ciento para el 2024.

La reforma propone la creación de Caps, que organizan la prestación de los servicios de salud por territorios con un promedio de 25.000 personas por cada uno, distribuidos según el lugar de vivienda o trabajo, con equipos médicos itinerantes que visiten de manera permanente a las familias de las regiones; esta experiencia ya la ha vivido Bogotá, y recientemente también con los programas Salud a Mi Barrio y Salud a Mi Vereda, de la alcaldía de Claudia López.

El modelo de atención y el intento de avanzar hacia la atención primaria en salud también han tenido desarrollos en Bogotá durante los últimos 20 años.

Hacia el 2004 la istración de Bogotá entró en franca controversia con la Ley 100 de 1993, y la istración de Lucho Garzón estableció el programa Salud a Su Hogar, que mediante un equipo de médicos, enfermeras, promotores de salud y auxiliares de enfermería entraba a los hogares, a las casas de las familias para realizar actividades de educación en salud, prevención y canalización u orientación a los servicios de salud; posteriormente, este programa se replanteó y se llamó Salud a Su Casa y conformó equipos integrados por un médico, enfermera y dos promotores para atender grupos de 800 familias. 

Estos programas tuvieron logros, pero también grandes debilidades por falta de una línea de base y evaluaciones de efectividad, así como la articulación con las EPS.

Para el 2018, la SDS en la segunda istración de Peñalosa decidió no entrar más en controversia con el sistema de seguridad social, sino que optó por dar énfasis al 1,5 millones de s de Capital Salud, la aseguradora del régimen subsidiado de Bogotá que recoge la mayor proporción de población vulnerable en lo socioeconómico, adultos mayores y con mayor carga de morbilidad, estableciendo un programa de gestores de salud.

El actual programa Salud a Mi Barrio y el de Salud a Mi Vereda adolecen también de evaluaciones de impacto poblacional y de articulación con todos los actores del sistema de salud de Bogotá.

Sin duda tienen que darse una articulación y coordinación armónica entre el actual Ministerio de Salud y Protección Social, que se percibe abanderado de una causa ideológica para estatizar el sistema de salud, y una Secretaría de Salud que debe ser rectora no solo de las cuatro subredes públicas, sino también de los ciudadanos que están siendo atendidos por la red privada, que en Bogotá es mayoritaria.

Siempre se le ha pedido al Ministerio de Salud que la reforma distinga los avances que hay en lo urbano y enfatice en las zonas rurales y rurales dispersas, sin insistir en un único modelo de salud para todas las regiones, lo cual nos acerca a una crisis de grandes proporciones.

LUIS JORGE HERNÁNDEZ

MÉDICO SALUBRISTA - PROFESOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES