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Armas blancas y crimen, así libra Bogotá esta difícil batalla
En el Congreso cursan dos proyectos de ley que buscan contener su uso en distintos delitos.
Entre diciembre y mayo del 2019 se incautaron 63.000 armas blancas en la capital del país. Foto: Jeisson Vera
Entre el primero de enero y el 30 de junio de este año, en Bogotá fueron asesinadas 190 personas con un arma cortopunzante, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad.
Esto significa que el 40 por ciento del total de los homicidios que sucedieron en la capital en el primer semestre de este año fueron cometidos con un elemento de este tipo. El porcentaje de participación de estas armas en las muertes violentas aumentó en siete puntos porcentuales en ocho años en la ciudad. (Vea gráfico)
Que el 40 por ciento de los asesinatos en Bogotá sean con cuchillos, navajas, etc., es inquietante si se tiene en cuenta que en el resto del país, según explicó Jerónimo Castillo, de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), el promedio de muertes violentas con estas es de apenas el 20 por ciento.
Situación similar ocurre con los hurtos a personas. De acuerdo con la última encuesta de Percepción y Victimización de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 59 por ciento de las personas que manifestaron haber sido víctimas de hurto dijeron que el delincuente los intimidó con un elemento cortopunzante.
Ante esta situación, han sido varias las estrategias que han impulsado las autoridades en procura de reducir estos indicadores. El primer esfuerzo quedó consignado en el Código de Convivencia, o de Policía, que en el numeral 6 del artículo 27 multa el porte injustificado de estos elementos.
Fuente: Secretaría de Seguridad y Encuesta de Percepción y Victimización primer semestre del 2018. Cámara de Comercio de Bogotá. Foto:EL TIEMPO
Precisamente desde que empezó la aplicación de esta norma, ese ha sido el comportamiento más sancionado en Bogotá. Según las cifras oficiales, entre el primero de agosto del 2017 y el 30 de junio del 2019 se impusieron 173.997 comparendos por porte de armas blancas.
Así mismo, el 20 de julio del 2018 se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley número 029 de 2018, “por medio del cual se crea el Plan Nacional de Desarme Blanco Ciudadano”.
Un año después, la iniciativa pasó su primer debate en la comisión Primera de la Cámara, y espera turno para ser debatida en plenaria en el segundo semestre de este año.
“El proyecto tiene cinco estrategias de contenido pedagógico no coercitivo, procesos cívicos de desarme voluntario. Los alcaldes y gobernadores lo liderarían en coordinación con los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad”, explicó el equipo del representante a la Cámara por Cundinamarca, Buenaventura León León, autor de la iniciativa.
El plan contempla la implementación del registro nacional de armas blancas autorizadas, el cual exoneraría sectores y personas que por causa de sus actividades profesionales o económicas porten estos elementos.
Aunque la Policía, Medicina Legal y la Fiscalía dieron conceptos favorables a la iniciativa, hay voces según las cuales el proyecto, aunque bienintencionado, no impactaría de manera contundente el fenómeno.
El Ministerio de Justicia, a través del Consejo Superior de Política Criminal, emitió un concepto desfavorable a este proyecto.
“En la iniciativa falta fundamentación empírica que dé cuenta de cómo y cuándo se implementará el registro nacional de armas blancas, así como la forma como garantizará que las personas que venden informalmente estas armas puedan ser registradas”, se lee en el documento.
Además, sugiere que los esfuerzos deben concentrarse en la correcta implementación del Código de Policía. En ese mismo sentido se refirió el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, quien explicó las razones por las que la capital del país también dio concepto desfavorable a este proyecto de ley.
“El Plan de Desarme Blanco, es nuestro sentir, no tiene un valor agregado para lo que necesitamos. Nosotros en Bogotá lo que hicimos fue sacar un decreto en el cual retomamos lo que tiene el Código de Convivencia y prohibimos la venta de armas blancas en el espacio público”, explicó el funcionario.
Otro de los esfuerzos del Distrito ha sido la incautación.
En curso otra iniciativa
Pero lo propuesto por el representante Buenaventura León no es lo único que cursa en el Congreso de la República para atacar el fenómeno de las armas blancas y su incidencia en el crimen.
El 30 de julio del año pasado, la Fiscalía General de la Nación, en compañía de varias ciudades capitales del país, radicó el proyecto de ley número 60 del 2018, “por medio del cual se adoptan decisiones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
El su artículo 58 se refiere a circunstancias de mayor punibilidad, y advierte que “emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común, o instrumentos que, por su capacidad de cortar, herir o punzar, puedan poner en peligro la integridad de las personas”.
Jairo García expresó que aunque inicialmente buscaban penalizar el porte de armas blancas, esto no pudo concretarse.
Sin embargo, celebra que, de aprobarse este proyecto de ley, a un delincuente que se le demuestre la reincidencia en el porte de estos elementos se le pueda aumentar la condena.