Qué se mueve detrás del ingreso de explosivos a Bogotá

Bogotá entró en alerta máxima el pasado 5 de marzo, cuando un atentado en contra de la estación de Policía de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, puso de manifiesto una serie de hechos que, aunque parecían aislados, tenían como elemento común el ingreso ilegal de explosivos a la capital del país.

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El maletín bomba que fue detonado en el parqueadero del comando policial, a las 7:25 de la noche de ese sábado, estuvo antecedido del allanamiento de una vivienda, en la misma localidad, dos días antes, en el que fueron hallados 11 barras de Indugel, una granada y 21 cartuchos para fusil.

Ese tipo de material bélico es usado por grupos armados organizados residuales (Gaor) y, según el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, pudo ser el mismo que fue utilizado en el atentado contra la estación de Sierra Morena.

Néstor Rosanía, investigador, corresponsal de conflictos y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explicó que los explosivos que llegan a Bogotá ingresan camuflados en camiones de comida refrigerada o mediante el aval de empresas fachada. “Lo que hacen es que cuando llegan los explosivos se da el famoso desvío, dinámica similar a lo que se hace con los precursores de la coca que entran legales al país y luego son usados para otros fines”.

Rosanía señaló que hay dos corredores importantes para el tráfico de estos elementos: la autopista Sur, por donde llegan procedentes de la costa Pacífica, y la vía al Llano, que bordea el corredor del Sumapaz. “Esa localidad es el corredor histórico de las Farc y de la delincuencia común, que usa la vía para entrar y sacar artefactos ilegales entre los departamentos que se conectan”.

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Sin embargo, el conflicto en la zona del Sumapaz se remonta a la década de los 80, cuando las Farc priorizó el control de la cordillera Oriental con el objetivo de realizar un cerco a la capital y estar más cerca de la toma del poder.

Pero en los 90, cuando se estableció la zona de distensión del Caguán, que abarcó los departamentos del Meta y Caquetá, la región del Sumapaz se convirtió en una vía para el transporte de suministros, armamento, personal y víctimas de secuestro que eran retenidas en la capital y luego llevadas a la zona de influencia de los grupos armados, usando dicho corredor.

El atentado y la incautación de explosivos solo fueron la demostración de que algo más grave se podría estar planeando en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz, en la frontera con los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila, y que según la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo estaría siendo objeto de disputa entre las disidencias de las Farc y el Eln por el control del territorio y así dominar las rutas de comercio ilegal de artefactos bélicos que tienen como destino final la capital del país.

Pero las alarmas se encendieron realmente cuando se presentó un atentado, el 4 de marzo, contra el líder social Hegduin Olinto Olmos Rincón, residente en la vereda Chorreras de la localidad de Sumapaz. Esto obligó a la Alcaldía Mayor y a la local; al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; al general Camacho y al comandante de la XIII Brigada, David Gómez, a convocar un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de en esa zona del suroriente de la ciudad.

Aunque en esa oportunidad la alcaldesa Claudia López dio un parte de seguridad y señaló que se tenía información de inteligencia que permitía afirmar que “en Bogotá no hay presencia ni operación permanente de ninguna estructura armada ilegal, como las que operaban en el conflicto colombiano”, y que los atentados pudieron haber sido cometidos por un ciudadano más, lo cierto es que la Policía y la Fiscalía han dado pistas de que grupos armados ilegales estarían involucrados en los recientes hechos terroristas en Bogotá.

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Ese mismo día, el general Camacho aseguró que los grupos armados que estarían ingresando a la zona urbana de Ciudad Bolívar y a la localidad rural de Sumapaz lo estarían haciendo por medios de outsourcing o empresas dedicadas a la delincuencia que son contratadas para extender la acción criminal de grandes estructuras dentro de la ciudad.

Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, considera que lo que estamos viendo en Bogotá es una reunificación de los grupos armados organizados, tanto del Eln como de los otros actores violentos en disputa por una parte del territorio de la ciudad. “Específicamente, todo el bloque que constituye Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y, por supuesto, Sumapaz, que es una zona de vital importancia para estos grupos, por lo que significa como corredor estratégico de las economías ilegales”.

La lista de hechos que han involucrado la entrada de explosivos a la capital por la zona del páramo del Sumapaz no solo se queda en lo ocurrido en la primera semana de marzo. El 12 de febrero, en el kilómetro 81 de la vía que de Villavicencio conduce a Bogotá, se incautó una maleta con ocho granadas, 210 cartuchos, dos pistolas y 12 panfletos alusivos a grupos delincuenciales. El conductor y los otros tres capturados declararon ante las autoridades que la carga tenía como destino la ciudad.

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Cuatro días más tarde, el 16 de febrero, la Brigada Octava del Ejército incautó 284 paquetes que simulaban ser granadas mano, 320 paquetes de color blanco, con material explosivo, 49.750 cartuchos calibre 7,62 y una docena de radios de comunicaciones y tres cajas con detonadores eléctricos que eran transportados en una camión procedente de Tame (Arauca) y que llegó a la ciudad por la vía Aguazul-Sogamoso. El conductor, según uno de los investigadores, les dijo ‘voy para Bogotá’.

Aunque la istración distrital ha sido enfática en que en la zona del Sumapaz no actúan grupos armados, lo cierto es que el comandante de la XIII Brigada, David Gómez, ha asegurado que se han instalado puntos de control para “tareas tácticas de identificación y registro, de la mano de la comunidad, para prevenir hechos terroristas en la localidad”.

Una lideresa social del Sumapaz le aseguró a EL TIEMPO: “Si tuvimos una época muy preocupante el año pasado cuando las Farc regresó por las tierras que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) les habían quitado, ahí mataron a tres jóvenes y pensamos que regresaríamos al mismo punto de hace algunos años”.

En esa misma vía, la lideresa reconoció la importancia estratégica para diferentes grupos ilegales del corredor Sumapaz y el río Duda, que conecta a Bogotá directamente con el sur del departamento del Meta y que fue clave en la toma de territorios en el marco del conflicto que ese territorio vivió en el 2010.

Aunado a esto denunció el incremento de la extorsión a los finqueros de la zona, pero advirtió: “Como comunidad no tenemos una comunicación oficial de que algún grupo se va a tomar el control de la localidad, pero sí vemos con preocupación el aumento de vacunas y cobros ilegales a los campesinos”.

Jonathan Toro

Redacción Bogotá

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