Estos son los contratos de nunca acabar en Bogotá

En la ciudad hay proyectos de infraestructura que llevan 10 años o más desde que fueron contratados y no han terminado o presentan bajos avances en su ejecución o, incluso, están suspendidos y se volvieron una frustración para las comunidades que esperaban ser beneficiadas con esas obras.

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EL TIEMPO, con información de la Contraloría distrital, logró identificar al menos 16 contratos que se han prolongado en el tiempo y aún es incierta su finalización y puesta en servicio (ver notas anexas).

Con el programa Obras Bajo Control, este organismo le ha hecho en el último año seguimiento a 40 contratos, entre los cuales algunos son considerados “críticos” porque tienen varias prórrogas, suspensiones y, por supuesto, adiciones que terminan disparando el costo.

Andrés Castro, contralor distrital, dice que estas situaciones se presentan porque falla la planeación, se realizan débiles estudios y diseños y algunos contratistas no tienen el suficiente compromiso para que las obras se ejecuten ajustadas a los cronogramas y valores iniciales.

Con esta opinión coincide Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, quien agrega que las interventorías son débiles y falta veedurías ciudadanas.

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Andrés Ortiz, exsecretario de Planeación, agrega que los procesos de gestión predial deben ser más expeditos y se debe ser exigente con la idoneidad de los proponentes y contratistas. "Y hay un tema político. Nos falta visión de continuidad de un proyecto de ciudad cuando se presentan cambios de istración".

Diego Sánchez, director del IDU, la entidad que más obras ejecuta en la ciudad, dice que si bien hay situaciones que no se pueden prever fácilmente, como con los servicios públicos y la gestión predial y hasta decisiones judiciales, sí se necesita una adecuada planeación de los proyectos, que los estudios y diseños logren un buen nivel de maduración y establecer claramente las responsabilidades de los contratistas.

El 19 de noviembre de 2010, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá adjudicó a la firma Castell Camel S. A. S. la construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana, en la carrera 56A N.° 24-96, sector de Ciudad Salitre, occidente de la ciudad. El objetivo era levantar una estructura inteligente que tendría plaza de armas, auditorio, helipuerto, alojamientos, biblioteca, gimnasio y cancha múltiple. El contrato fue por valor de 43.794 millones de pesos y un plazo de 15 meses. Pero luego de dos años, en diciembre del 2012, la obra fue suspendida porque la estructura presentaba hundimientos y fisuras en las placas (que sostienen el edificio) y voladizos.

Luego de evaluaciones técnicas, la obra fue retomada en diciembre de 2018, a través de un contrato por 125.680 millones de pesos. Para esto se dispusieron de recursos de un cupo de endeudamiento. Se esperaba que en esta ocasión el edificio estuviera terminado en junio de 2020 y que el viejo comando de la Policía de la avenida Caracas con calle 6ª se trasladara al Salitre. Pero no fue así. Según un informe de la Contraloría distrital, el contrato sufrió tres prórrogas, 10 modificaciones y una adición por 6.600 millones de pesos, con lo que el costo se elevó a 132.280 millones, y la terminación de la obra se aplazó de nuevo. Quedó para el 31 de julio de 2021.

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No obstante, poco antes de cumplirse este plazo se concedió una nueva prórroga, hasta este 10 de noviembre, y se estimaron obras adicionales y no previstas, que la interventoría calcula en 42.212 millones (la Secretaría de Seguridad considera que pueden ser 40.0000 millones), con lo cual la nueva sede de la Mebog estaría terminada en octubre de 2022. Con corte al 18 de septiembre pasado, el avance era del 95,97 por ciento y el avance financiero del 78,19 por ciento. La Contraloría distrital ve con preocupación el bajo avance en la ejecución de la obra en los últimos meses y que realmente esta se pueda finalizar.

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, le dijo a este diario que el proyecto contratado desde 2018 es totalmente nuevo y que si bien tiene retrasos, principalmente causados por la pandemia y las protestas del paro nacional, su compromiso es finalizar esta obra clave para la ciudad y para las capacidades de la Policía antes de que termine el 2022. Su objetivo también es que las decisiones que se tomen para garantizar la terminación sean las correctas, por eso pidió acompañamiento de la Contraloría General y han adelantado siete mesas de trabajo con la Contraloría distrital.

La ETB suscribió en 2015 varios contratos por valor de 62.415 millones de pesos para la construcción e implementación del centro de datos Data Center Alma. Uno de esos contratos fue con la firma brasileña Aceco TI S. A., que debía hacer la obra civil en un predio de la carrera 33 No. 12 - 26 de Puente Aranda, suministrar bienes e instalación, configuración, pruebas, estabilización y puesta en funcionamiento. El valor del contrato fue por 30.847 millones, de los cuales se alcanzaron a pagar 5.787 millones, y un plazo de 33 meses con entregas por etapas. En su momento se conoció que la construcción comenzó sin licencia de urbanismo y un año después (en 2016) quedó en obra negra, y los equipos tecnológicos terminaron en bodegas en Bogotá y Cali.

Desde 2017 la ETB entabló acciones contractuales, fiscales y penales contra los contratistas para recuperar los gastos, costos y perjuicios, y solicitó al Tribunal istrativo de Cundinamarca medidas cautelares consistentes en que el contratista retire los equipos y que con el producto de la venta se garantice el cumplimiento del fallo. La empresa, finalmente, recuperó 21.000 millones “cobrados indebidamente por los contratistas”. Así mismo, inició acciones judiciales contra las aseguradoras para que respondan por el siniestro. La pretensión es recuperar al menos otros 16.000 millones de pesos.

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Por ahora, la ETB no ha podido disponer de los bienes o demoler la obra debido a la controversia judicial con los proveedores sobre la propiedad y istración de los equipos, así como el cumplimiento de las normas de estabilidad y urbanismo. Ante esto, la empresa, con el acompañamiento de las contralorías Distrital y General, viene estudiando las alternativas que permitan utilizar el inmueble y la salvaguarda del patrimonio público. Un informe técnico de la Contraloría de Bogotá revela se establecieron 12 hallazgos con incidencia fiscal por 18.366 millones de pesos, por el abandono de la obra, afectaciones, sobrecostos y daño futuro a la empresa.

El contrato de ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner por 93.825 millones de pesos más 5,7 millones de dólares fue entregado por la Empresa de Acueducto de Bogotá el 22 de diciembre de 2017 al Consorcio Epic PTFW y un plazo de 26 meses. No obstante que el contratista recibió giros por cerca de 53.000 millones, la obra ejecutada apenas llegó al 40 por ciento, cuando debía estar en el 81. A mediados de febrero pasado, la obra fue abandonada por el consorcio, que ya enfrentaba problemas por el suministro de materiales y el pago a trabajadores y proveedores.

A finales de septiembre, el Acueducto declaró la caducidad del contrato y, según la EAAB, se solicitó a las aseguradoras la aplicación del siniestro, la exigibilidad de la póliza de cumplimiento y de la cláusula penal pecuniaria. Además, la Empresa demandó el resarcimiento de los perjuicios y la inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años de los integrantes del consorcio y sus socios. El Acueducto también indica que su compromiso es lograr la optimización de la planta y que actualmente adelanta los procesos financieros, técnicos, contractuales y jurídicos con el objetivo de concluir dichas obras.

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La idea de este proyecto estratégico es que la planta pase de tratar 17 metros cúbicos por segundo a 22 metros, y suministrar 2,71 metros cúbicos por segundo adicionales a lo que ofrece actualmente, con lo que podrá garantizar a futuro el suministro de agua potable a la ciudad y a cerca de 10 municipios de la Sabana.

El proyecto Usme II se inició en 2012 en un terreno de 22 hectáreas -valorado en 2.899 millones de pesos-, a través de un convenio en el que el Idipron cedió el terreno a Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU)), pero aunque se han realizado inversiones por 6.496 millones en obras de adecuación y mitigación del riesgo –un muro de contención y 45 pozos de cimentación-, la construcción de las 576 unidades de vivienda de interés prioritario (VIP) aún no ha comenzado.

De acuerdo con la Contraloría distrital, el fideicomitente constructor debía, bajo su responsabilidad financiera, jurídica, istrativa y técnica, adelantar la construcción, diseño, promoción, comercialización y venta del proyecto, sin embargo, dicha firma no cuenta con la capacidad financiera para iniciar la edificación de las seis torres de apartamentos, por lo cual la ERU contempla iniciar una acción de incumplimiento.

Según el organismo de control, la ERU analiza la estructuración y definición de otro esquema de negocio que permita el desarrollo del proyecto, que beneficiaría a cientos de familias en condición de vulnerabilidad. No obstante advierte que el proyecto no cuenta con fuentes de financiación que permitan alcanzar el punto de equilibrio financiero. Sin embargo, la ERU le mencionó a este diario que espera darle inicio en el segundo semestre de 2022.

En diciembre de 2017 la Secretaría de Integración Social suscribió un convenio con el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun) para la construcción de varios centros día (escenarios donde los adultos mayores pueden disfrutar de gimnasio, piscina, zonas de juego, aula múltiple, enfermería, baños y comedor), sin embargo, el de Campo Verde, en el sector de Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, quedó inconcluso, a penas con un 17 por ciento ejecutado. En ese sitio se debía levantar una estructura de dos y tres pisos, pero hoy sólo se ven tablas y columnas, vigas de concreto a medio hacer y varillas que sobresalen entre la maleza.

El proyecto de Campo Verde fue adjudicado con un plazo de 13 meses y un costo de 3.237 millones de pesos, de los cuales se entregaron un poco más de 1.200 millones. Esta obra pretendía prestar atención a más de 600 personas mayores de Bosa. La Secretaría demandó a finales de agosto pasado a Fondecun por más de 9.865 millones por los daños y perjuicios, y dentro del plan de salvamento contrató un estudio de patología estructural para verificar el estado de la obra abandonada, y suscribió, en septiembre pasado, un nuevo contrato por 6.175 millones para finalizar el proyecto, es decir, casi el doble de lo que costaba la construcción en 2017.

A finales de septiembre de 2015, la Caja de Vivienda Popular contrató la construcción de la urbanización Arboleda de Santa Teresita en las laderas de los cerros surorientales, en la localidad de San Cristóbal. El proyecto de tiene como objetivo reubicar a 1.032 familias establecidas en zonas de riesgo. La obra, con un valor inicial de 45.749 millones de pesos y un plazo de 16 meses, luego de seis años aún no está finalizada. Los apartamentos no cuentan con servicios públicos –faltan las acometidas al conjunto– y tampoco se han terminado las obras de mitigación que eviten que las corrientes de agua y lodo que se forman cada vez que llueve inunden los barrios ubicados más abajo.

El proyecto, según la Contraloría, ha sufrido dos suspensiones, cuatro adiciones, 12 prórrogas y 18 modificaciones y su valor ya asciende a 56.811 millones de pesos. Además, a mediados de este año, el contratista decidió parar las obras y esperar el fallo de un tribunal de arbitramento.

El actual director de la CVP, Juan Carlos López, dijo que su interés es resolver los problemas y que los apartamentos sean terminados. Espera que 144 de 396 que prácticamente están listos sean entregados en diciembre –ya estarían asignados–, y el resto, en 2022. También señaló que se volvieron a contratar las obras de mitigación de remoción que, según él, afectan solo a dos de las 32 torres, y cárcamos y sumideros adicionales para recoger las aguas lluvias que perjudican a los barrios vecinos.

En abril de 2018, la Secretaría de Educación contrató la construcción de la nueva planta física y el cerramiento del colegio Bolonia, en Usme, por valor de 12.812 millones de pesos, con base en planos y especificaciones de la misma entidad. El proyecto, que beneficiará a unos 550 estudiantes, se dividió en dos fases y contempló un plazo de 12 meses, pero el proyecto ha tenido dos suspensiones y tres prórrogas, lo que generó un atraso de más de dos años.

Además, se hicieron dos adiciones por valor de 3.848 millones, con lo que el costo, solo de la primera fase (cimentación, rellenos y obras de contención) ascendió a 16.661 millones de pesos. Hasta el momento, según un informe de la Contraloría, el avance físico de la obra es del 80 por ciento y el financiero del 78,77 por ciento (13.124 millones de pesos). Ahora, según el ente de control, para construir la edificación se requieren recursos adicionales superiores al 50 por ciento del valor inicial del contrato.

La Secretaría explica que debido a las condiciones de inestabilidad, la obra tuvo un cambio en el sistema de cimentación de pilotes por ‘caissons’, lo que requirió inversiones adicionales y replantear el tiempo. La entidad adelanta también un nuevo proceso contractual para terminar la obra. Sin embargo, la Contraloría indica que “graves deficiencias” en los estudios y diseños indujeron a modificaciones estructurales del proyecto, lo que afectó el tiempo de ejecución de la obra, el presupuesto inicial y las condiciones técnicas previstas.

“No se desarrolló un esquema de prevención y mitigación de riesgos y no se respetaron los principios básicos de planeación, lo que hoy tiene al proyecto en un alto estado de incertidumbre y pérdida importante de recursos públicos”, señala el informe de la Contraloría. La Secretaría de Educación asegura que tiene el compromiso de terminar y poner en funcionamiento el colegio, para lo cual desarrolla “los procesos istrativos para culminar la construcción antes de culminar el periodo de gobierno”. La entidad, adicionalmente, adelanta un proceso de incumplimiento contra el contratista.

En 2017, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) contrató, mediante el sistema de precios unitarios fijos, la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de la Unidad Deportiva El Salitre. El contrato fue por valor de 11.816 millones de pesos y una duración de 10 meses. No obstante, el contratista presentó atrasos reiterados y el contrato fue prorrogado en varias ocasiones, la última hasta el 1.º de noviembre de 2019.

En marzo del 2020, con un avance solo del 38,8 por ciento, la entidad tomó posesión del predio y comenzó la liquidación del contrato. En ese momento, el exdirector del IDRD, Orlando Molano, culpó al contratista y lo señaló de ser “un pésimo contratista”. El pasado 8 de octubre, el IDRD adjudicó un contrato de patología para conocer el estado de las obras, por valor de 737,3 millones de pesos, y un plazo de 9 meses. Además, según un informe de la Contraloría distrital, la entidad adelanta el proceso istrativo sancionatorio por incumplimiento. No obstante, la demora del contrato (ya completa cuatro años) afecta a 12 ligas deportivas (ajedrez, lucha olímpica, tenis de mesa, boxeo, tejo, gimnasia, judo, karate, esgrima, pesas, voleibol y baloncesto) que, ante la falta de dichas instalaciones, tuvieron buscar otros escenarios para que los deportistas puedan entrenar.

En diciembre de 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente contrató por valor de 25.067 millones de pesos y 16 meses de plazo la construcción de la Casa Ecológica de los Animales, localizada en el parque La Florida, en límites con el municipio de Funza, con lo que se estaba cumpliendo un viejo sueño de la ciudad y promesa de campaña de un candidato a la alcaldía en 2011. Pero este proyecto ha terminado siendo una frustración.

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Luego de casi cuatro años y nueve prórrogas al contrato –la última indicaba que la obra debía entregarse el 12 de noviembre de 2021-, la obra apenas llega a un avance del 62,34 por ciento. El contrato tuvo además, en diciembre de 2020, una adición por 7.559 millones de pesos, con lo que el costo total ascendió a 32.627 millones, de los cuales se han girado 21.314 millones, con corte al 4 de octubre. En el caso de la interventoría, la Personería halló una adición de 1.255 millones, sobre el valor inicial de 1.712 millones, con lo que se genera un mayor valor del 73,31 por ciento.

La Secretaría explica que dicho avance y las prórrogas obedecen a “diferentes situaciones técnicas”, a las que se sumaron en 2020 las medidas y restricciones adoptadas a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. “Estas últimas impidieron un ritmo de obra que permitiera su culminación”, afirma la entidad.

No obstante, Ambiente destaca que se impuso el año pasado una sanción pecuniaria al contratista “para apremiarlo al cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, y que, por solicitud de la interventoría, adelanta dos procesos sancionatorios contra el contratista, “para que se adopten medidas para el cumplimiento del objeto contractual”. La Secretaría asegura que tiene “la firme convicción de lograr terminar esta obra”.

A finales de 2016 la alcaldía de Teusaquillo contrató la construcción de un moderno edificio de 12 pisos y tres sótanos en la avenida 30 con calle 40ª, donde debía funcionar la istración de la localidad. La obra inició el 12 de enero de 2017 y debía estar terminada 26 meses después, a principios de 2019. Sin embargo, el contrato ha tenido cuatro prórrogas que ampliaron el plazo en 23 meses y 18 días; tres suspensiones, que suman 143 días, y una adición por 7.600 millones, con lo que el valor pasó de 22.298,4 millones de pesos a 29.890,8 millones.

Además de los problemas que enfrenta esta obra, por deficiencias constructivas, en 2017 se empezaron a presentar afectaciones en muros, pisos y cielos rasos en algunas edificaciones vecinas, donde funcionan empresas y edificios de apartamentos, que llevaron al Idiger a recomendar la evacuación o restricción en el uso de estos.

En una auditoría del 2018 se encontró que no se tuvo en cuenta el principio de planeación, hubo ausencia del plan mensualizado de inversión del anticipo, incumplimiento de requisitos de aprobación de desembolso del anticipo, autorización de compra de maquinaria con rubro del anticipo sin estar aprobada en el plan de inversiones, falta registro mercantil y pagos a seguridad social por montos inferiores a los establecidos, entre otros.

En octubre de ese año, el organismo de control dio traslado de los hallazgos a la Fiscalía y a la Personería. Y en 2019, durante una revisión del estado y avance de la obra, se encontraron diferencias en el porcentaje de ejecución reportado por la interventoría y por el contratista.

La extensión de la Troncal Caracas de TransMilenio entre la estación Molinos y el Portal Usme inició en diciembre de 2019 y debe finalizar en noviembre de 2022, con un mantenimiento hasta noviembre de 2027. El valor del contrato se fijó en 256.554 millones de pesos, de los cuales se han girado 5.171 millones. La idea de este proyecto de 4,2 km es beneficiar a 850.000 personas porque garantiza la conexión de las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito al sistema. Sin embargo, la obra se encuentra en un avance físico del 13,48 por ciento, frente a porcentaje planeado de 20,35 por ciento.

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De hecho, según el IDU y la Contraloría, el proyecto se ha enfrentado a diversos inconvenientes, como el traslado de redes de alta tensión que interfieren con la obra, el hallazgo arqueológico de la etapa prehispánica –que ya se superó- y el atraso en la entrega de predios al contratista. Pero, además, a los 83 predios inicialmente previstos se sumaron dos más que se identificaron. Esos inmuebles pertenecen a la cárcel La Picota, que corresponden al 25 por ciento de la longitud del proyecto y exige construir un muro de cerramiento, y a la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Además, está pendiente de la entrega del predio de una estación de servicio y del batallón de artillería, que adelanta el cerramiento. Todo esto, según el organismo de control, puede terminar afectando aún más el avance de la obra. No obstante, el IDU considera que el atraso es bajo -del 6 por ciento- y que la entrega sigue de acuerdo con lo programado, enero de 2023.

La construcción de la avenida Guayacanes, entre las avenidas Tintal y Alsacia, que es un corredor paralelo a la Ciudad de Cali y la Boyacá, fue adjudicada a finales de 2018 a través de cinco contratos y una inversión cercana a los 421.000 millones de pesos. El proyecto, que inicia en la avenida Bosa y conecta con la calle 13, debía terminar en enero de 2021. Sin embargo, la obra alcanza un avance del 78 por ciento en promedio –aunque hay dos contratos con avances del 93 y 98 por ciento- y su costo asciende ya a 521.000 millones.

Los retrasos en los otros contratos obedecen, de acuerdo con el IDU, a problemas en la adquisición de predios, a la reubicación de redes de acueducto y energía, temas ambientales y decisiones judiciales por la tala de árboles.

Pero para la Contraloría, por estos mismos inconvenientes se mantiene la preocupación sobre la finalización de todo el proyecto. Uno de los temas pendientes es la protección del bien de interés cultural Casa Hacienda Villa Mejía Tagaste, el retraso en la construcción del puente de la avenida Ciudad Cali y una medida cautelar sobre el predio Bosque Bavaria, zona que requiere ser intervenida para levantar un puente vehicular que permita el retorno. Se espera que el corredor vial beneficie a más de 1,5 millones de personas de 130 barrios de Kennedy y Bosa.

La construcción de la intersección de la avenida Ferrocarril con avenida Ciudad de Cali, que tiene como obra clave el puente Hayuelos, comenzó en febrero de 2019 y debía finalizar en noviembre de 2020. Sin embargo, solo presenta un avance del 0,48 por ciento. El motivo del reducido avance es porque, en mayo de 2019, el contratista suspendió el contrato por seis meses para buscar la autorización para el tratamiento de árboles en la zona, y luego argumentó errores en los diseños con los que se adelantó la licitación.

Entonces, presentó nuevos diseños en los que se pasa de una estructura de concreto a una metálica, que se considera la mejor alternativa, pero resulta más costosa, según el IDU. De hecho, dicha modificación genera un incremento en el valor de la obra, que según la Contraloría oscila entre el 40 y el 50 por ciento, acercándose así “riesgosamente al límite que establece la Ley 80”. Finalmente, el IDU dice que están cerrando una negociación con el contratista sobre costo de la obra adicional y espera suscribir nuevo contrato, con un plazo cercano a los dos años.

El valor inicial del contrato fue tasado en 78.350 millones de pesos y una adición de 7.885 millones. A la fecha, se ha desembolsado un anticipo por 14.019 millones, que se encuentran en la fiducia del contrato. Con la ejecución de este proyecto, que beneficiará a 400.000 habitantes, se espera solucionar el congestionado cruce en el sector del centro comercial Hayuelos.

Las obras del By- Britalia (que permitirá conducir las aguas residuales de un sector de Kennedy al interceptor del río Tunjuelo) fueron contratadas en diciembre de 2017 por la Empresa de Acueducto de Bogotá. El valor inicial se estimó en 13.221 millones de pesos y debía ser entregada en marzo de 2019, pero el contrato fue suspendido en tres oportunidades y luego tuvo una adición por 6.265 millones de pesos. A la fecha, el contrato presenta seis modificaciones, otra adición por 9.898 millones (para un costo total de 29.385 millones de pesos) y una prórroga de 270 días, con lo cual el nuevo plazo es el 12 de julio de 2022.

La Empresa de Acueducto explicó que esta obra se prorrogó con el fin de poder implementar las soluciones técnicas para la estabilización del área del proyecto y terminar las cámaras o pozos pendientes. El compromiso de la Empresa es culminar las obras en junio de 2022. Se espera que el proyecto beneficie a 1’365.031 habitantes de la cuenca del río Fucha.

Desde 2006 se adelantó el contrato de construcción del edificio asistencial de seis pisos y una torre istrativa del hospital de Meissen. Sin embargo, en 2012, por una serie de situaciones, se decidió terminar el contrato y la obra quedó inconclusa. En 2020 se retomó con el proyecto con el contrato de adecuación y terminación de la torre 2 de la USS Meissen y dotación por valor de 17.047 millones de pesos. Esta nueva obra inició en septiembre de 2020 y debía finalizar en septiembre de 2021.

Sin embargo, con corte al 31 de octubre pasado, según la Contraloría, el avance es solo del 66 por ciento, cuando debía estar en un 86 por ciento –la Secretaría de Salud indica que el avance llega al 71 por ciento-, y un avance financiero del 33,8 por ciento. Dicho atraso se debió, básicamente, a las marchas por el paro nacional, las cuales ocasionaron dificultades en la entrega de materiales en la obra, y al contagio con covid-19 de un número importante del personal.

Actualmente se está implementando un plan de contingencia para superar el atraso. En su desarrollo, esta obra ha tenido una prórroga (hasta el 26 de noviembre) y dos adiciones por valor de 3.290 millones de pesos, con lo que ya su valor asciende 20.337 millones de pesos.

La Secretaría de Salud expresa que las dificultades que se han presentado desde que se retomó la obra son propias de una obra que se reactiva después de varios años de permanecer inconclusa. La entidad señala que le hace un seguimiento permanente al avance, a fin de que se termine la obra y en el primer trimestre de 2022 se entregue en funcionamiento, con dotación y mobiliario, y que el retraso que tiene es manejable.

La construcción de la Unidad de Urgencias del hospital de Kennedy fue adjudicada en agosto de 2018 bajo la modalidad de llave en mano, en el marco del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención. El valor inicial del proyecto fue de 31.999 millones de pesos y una duración de 17 meses (para entregar en enero de 2020). Pero en su desarrollo, el contrato ha tenido una suspensión de un mes, cinco modificaciones, seis prórrogas (la última hasta noviembre de 2022) y dos adiciones por valor 56.149 millones de pesos.

Hoy, el costo del proyecto asciende a 88.149 millones, casi tres veces el valor inicial. Con corte al 1.º de octubre pasado, según un informe de la contraloría, la obra tiene un avance del 35,92 por ciento, aunque la Secretaría de Salud indica que es del 38,44 por ciento y va de acuerdo a lo programado.

La entidad distrital reconoce que la construcción ha sido un proceso complejo, pero que esta istración distrital ha logrado encauzar de nuevo el proyecto, garantizar los recursos también para la dotación y que el objetivo es que esta unidad de urgencias pueda entrar en funcionamiento a finales de 2022.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

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EDITOR DE BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO