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El calvario de quienes viven cerca a Bogotá y no tienen alivio en peajes

Habitantes de Sabana Occidente dicen haber pedido el beneficio pero no se los han entregado.

El peaje de Río Bogotá, ubicado en la calle 13, es uno de los istrados por el consorcio CCFC S. A. S. Según la ANI, en el 2021 hubo un tráfico de 8’853.338 vehículos; a corte del 31 de abril de este año, 3’101.074 vehículos han utilizado este peaje.

El peaje de Río Bogotá, ubicado en la calle 13, es uno de los istrados por el consorcio CCFC S. A. S. Según la ANI, en el 2021 hubo un tráfico de 8’853.338 vehículos; a corte del 31 de abril de este año, 3’101.074 vehículos han utilizado este peaje. Foto: Archivo El Tiempo

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Luisa García* vive en Madrid desde finales del año 2020 y gasta 267.000 pesos mensuales en el peaje Río Bogotá, ubicado sobre la calle 13. Todos los días lo cruza junto con su esposo para ir a trabajar en la capital. Ella afirma que, al igual que muchos, ha realizado sin éxito el proceso para obtener el sticker que se pone sobre el parabrisas de los vehículos de los residentes y que los identifica como beneficiarios de la llamada categoría especial.
El consorcio CCFC S. A. S., que se encarga de las casetas Río Bogotá, por la vía calle 13, y El Corzo, por la calle 80, afirma que la tarifa especial para los residentes de los municipios vecinos se suspendió desde 2016 y que desde esa época se viene renovando solo a quienes la tuvieron. 
Este concesionario tiene a cargo, hasta el 2024, el estudio, ejecución y mantenimiento de la vía Bogotá (Fontibón)-Facatativá-Los Alpes, un corredor vial de 38,3 kilómetros que atraviesa los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón y Facatativá y el sector de Los Alpes.
El operador de la vía asegura que la tarifa diferencial “ tuvo su origen en la renuencia de las comunidades de la zona de influencia del proyecto respecto del pago del peaje que los s de la vía debían efectuar, situación que conllevó a hacer algunas modificaciones al contrato de concesión”.
Dichos cambios quedaron consagrados en el contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001. En este se estableció la categoría especial para los pagos de los peajes y los requisitos de obligatorio cumplimiento para acceder al beneficio.
Se dispusieron tres categorías de s, a quienes se les otorgaría una exención: a los residentes, a los servidores públicos o privados de empresas o instituciones y a los vehículos de servicio de transporte asentados en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón y Bojacá.
Así mismo, se estipuló que la categoría especial correspondería a un total de 200 pesos, lo que –como asegura el consorcio– no es equivalente al pago del peaje, sino que corresponde a la contribución al Fondo de Seguridad Vial a cargo del Invías y que todos los peajes nacionales hacen.
Además, se estableció que el beneficio tendría fecha de caducidad. Con la modificación del contrato, a través del noveno otrosí, se estipuló que “a partir del 1.° de enero de 2016 no se otorgarán citas para tramitar la obtención del alivio de categoría especial por primera vez”.
Cabe recordar que en Colombia los peajes son istrados de dos formas: por el Instituto Nacional de Vías (Invías), cuando pertenecen al Gobierno Nacional, y por consorcios en alianza con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), cuando son privados. Cada está encargado de establecer las tarifas y excepciones en los pagos de las estaciones que controla.
Desde la modificación
del contrato, la información fue publicada en la página web y remitida a las alcaldías, pero los s continúan programando sus citas
En el caso de los habitantes de los municipios vecinos que utilizan los corredores de las calle 13 y 80, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le dijo a EL TIEMPO que se estaban atendiendo todas las citas que habían sido solicitadas hasta el 31 de diciembre del 2015 y que solamente se otorgaría la categoría especial a aquellos residentes que demuestren haber vivido de manera continua en las poblaciones mencionadas, desde el 1.° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, y que no hayan sido beneficiarios del descuento.
La información sobre la caducidad del beneficio no se ha ocultado; de hecho, el concesionario asegura que esta siempre ha estado a disposición pública en su página web y que, además, ha informado a las alcaldías para que hicieran la respectiva divulgación.
Frente a esto, la Secretaría de Movilidad del municipio de Mosquera afirma que “es importante aclarar que el descuento es un beneficio, no un derecho. Lo que han indicado algunos de nuestros residentes es que se mudan sin conocer las nuevas condiciones. Algunos han consultado ante la concesión y conocen las condiciones”.
Además, el concesionario aclara que “para la nueva concesión que iniciará después del año 2024 se tiene previsto nuevamente el otorgamiento de tarifas diferenciales para los habitantes de la zona aledaña al proyecto”.
Una fuente que pidió no revelar su nombre sostiene que vive en el municipio de Facatativá desde el 2011 y nunca ha sido beneficiaria del descuento. Ha intentado aplicar dos veces de manera infructuosa: la primera fue en el 2017 y luego en el 2019. En ambas ocasiones, asegura, le dijeron que le faltaban requisitos, pero que nunca le informaron sobre el plazo de vencimiento de la exención del pago.

La población

En los municipios impactados por los peajes viven 579.031 personas; de ellas, más de 10.400 se trasladan a Bogotá por razones de estudio y otras 38.000 por razones de trabajo. Asimismo, entre las poblaciones vecinas que más bogotanos reciben están Mosquera, Funza y Madrid, tres de los territorios impactados por la obra que realiza el concesionario.
El crecimiento de la población de los municipios se dio, primordialmente, después de acabados los beneficios de la tarifa diferencial. Por ejemplo, Mosquera, que presentó un aumento de más del 82 por ciento de 2011 a 2021, tuvo su pico de crecimiento de 2018 a 2019, cuando más de 10.000 personas trasladaron allí su lugar de residencia. De hecho, de 2011 a 2016 el crecimiento de este municipio nunca pasó de las 7.000 personas por año
Otra de las situaciones resaltadas por algunos habitantes de esa zona de Cundinamarca es que las citas para adquirir la categoría especial tardan mucho tiempo; en algunos casos, años.
Frente a esto, el concesionario señala que debido al volumen de personas que solicitan dicho trámite se desborda la capacidad de solución. “Ocupan de manera desbordante la disponibilidad de los cupos en cada jornada de atención, llevándolos a fechas tan lejanas como septiembre del año 2023”, aseguró CCFC.
En todo caso, el operador indica que se solucionan unas 150 solicitudes al día en las jornadas de atención que se realizan los lunes, martes y jueves, en las que se atienden las peticiones sobre el beneficio, no solo de aquellos que lo piden por primera vez.
*El nombre fue cambiado por petición de la fuente.
REDACCIÓN BOGOTÁ
MARÍA PAZ ARBELÁEZ PATIÑO
Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo
Escríbanos a [email protected]

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