Metro de Bogotá: esto dicen los conceptos jurídicos de la alcaldía

El contrato de concesión de la primera línea del metro de Bogotá no puede ser modificado. Esta es la conclusión de dos conceptos jurídicos que tiene en sus manos la alcaldía. Uno fue hecho por la firma Fajardo Abogados, contratado por la Empresa Metro de Bogotá, y el otro de la istración distrital. Ambos conceptúan sobre la posibilidad de hacer, al menos un tramo, subterráneo, como lo plantea el presidente Gustavo Petro.

(Conceptos de Presidencia ven viable cambio en contrato de la línea 1 del metro)

Según el concepto jurídico del exconsejero de Estado Mauricio Fajardo “(...) no resulta jurídicamente viable la modificación de la tipología del metro que se encuentra definida dentro del contrato de concesión n.º 163 de 2019”.

El documento, conocido por EL TIEMPO, explica que dado que las obras de construcción forman parte sustancial del objeto y estas incluyen el viaducto sobre el cual rodarán los trenes, y eso incluye estructura y equipamiento, “resulta perfectamente claro, contundente e inequívoco entonces que el viaducto (...) forma parte sustancial del objeto del contrato de concesión”.

Y agrega que la modificación para que el metro no se diseñe y sus obras no se construyan en modalidad elevada sino subterránea “exigiría que del contrato de concesión (...) se eliminase el viaducto”, lo cual “alteraría y reformaría de manera directa e inevitable, el objeto (...) en uno de sus componentes medulares”.

Fajardo advierte además que el principal riesgo que podría configurarse en caso de que se modifique la tipología de metro contratado, para pasarla de elevado a subterráneo, “radicaría en la eventual invalidez que ello podría comportar en relación con la modificación que llegase a introducirse en el contrato”.

El concepto de Fajardo Abogados es contrario al contratado por la Presidencia con la firma del también exconsejero Enrique Gil Botero y que considera “viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”. 

Dicho documento indica que el cambio es “necesario y determinante”, si se tienen en cuenta los “inconvenientes en la gestión predial del proyecto” y “graves afectaciones” para la movilidad de la ciudad. También señala que “(...) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.

Y aunque Fajardo advierte que con la normatividad actual no se puede modificar, no puede descartarse que en el Plan Nacional de Desarrollo se introduzcan modificaciones a la ley 80, como ya lo planteó el Ministro de Transporte, o inclusive se pidan facultades extraordinarias para el presidente Petro, a fin de permitir la modificación del contrato y los recursos adicionales que exigirían un tramo subterráneo.

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EL TIEMPO conoció que, además del concepto de la firma de Mauricio Fajardo, expresidente del Consejo de Estado, el Distrito tiene otro que cuestiona los argumentos expuestos por Enrique Gil Botero en el sentido de que este parte del supuesto de que el actual proyecto va “a causar graves e irremediables perjuicios a la movilidad del la ciudad”.

Dicho análisis advierte que en los informes de la interventoría “no se evidencian errores de diseños” porque estos hacen parte del objeto del contrato y que en el caso de que existieran “no es el mecanismo de la modificación unilateral el aplicable”.

Cabe recordar que en enero pasado el consorcio chino a cargo de la obra de la primera línea presentó, por petición del presidente Petro, cinco alternativas para modificar, al menos en un tramo, el metro elevado a subterráneo. Y si bien los chinos plantearon como la opción más viable el tramo nuevo de la calle 72 a la 100, el mandatario insistió en que se contemplara el de la avenida Primero de Mayo entre la carrera 50 hasta la calle 72.

El contrato de concesión de la primera línea fue firmado en 2019 entre la Empresa Metro de Bogotá y el concesionario Metro Línea 1, por un valor de 12,9 billones de pesos (a precios de 2017) y consta de un viaducto de 23,9 kilómetros de longitud.

Luego de que se conoció que el sentido del concepto de la firma Fajardo Abogados sobre la imposibilidad de un tramo subterráneo, el presidente Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Para lo cual se subcontrata expertos en subterráneos como hasta ahora se viene haciendo".

Sobre el tema también se pronunció ayer la alcaldesa Claudia López, quien, en redes sociales, señaló que las mesas técnicas y jurídicas acordadas con la Nación sobre la primera línea continúan y están analizando los conceptos que pidió el Distrito, y los que tiene el Presidente.

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La mandataria recordó que a principios de año, el Gobierno Nacional había presentado dos conceptos jurídicos y que, como método de trabajo, la Alcaldía pidió también dos conceptos y que estos fueron presentados ya a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Ahora lo que sigue es que los conceptos jurídicos sean analizados, según la alcaldesa, la próxima semana en la comisión creada por la Presidencia y la alcaldía.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24