‘Nos dieron la espalda por acusar al sacerdote que violó a mi hija’

La historia familiar de Flor Liliana Yatacué Viscunda siempre ha estado atada a la Iglesia católica de Miranda, Cauca. Ella tiene 33 años y vive de una pequeña empresa en la que vende empanadas precocidas, hielo y pulpa de fruta en el barrio El Ruiz.

Su vida era tranquila al lado de su esposo, Edwin Cárdenas; su padre, Manuel Yatacué, y su pequeña hija de 12 años, quien desde muy pequeña perteneció a la infancia misionera de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. “Siempre hemos sido muy devotos. Y a mi hijita siempre le gustaba andar con su abuela, ir a misa y hasta le veíamos la devoción por las costumbres religiosas”. La niña participaba también en seminarios con monjas y se iba a Popayán a encuentros vocacionales.

Pronto se convirtió en monaguilla de la parroquia La Misericordia, en el barrio Pinar del Río. “La confianza que le teníamos al párroco Arcángel Acosta Izquierdo era tal que mi hija solía ir con el cura a las misas en las veredas cercanas a celebrar las fiestas religiosas. Nunca le había pasado nada”, dice Flor.

Pero esa tranquilidad no duraría por mucho tiempo. El 12 de octubre de 2018, la vida de esta familia se llenó de pena. La niña estaba feliz alistándose para viajar a un encuentro en las Mariscal Sucre. Allí se reunirían varias iglesias del norte del Cauca, y la presencia de la infancia misionera era importante. “Eso iba a llevarse a cabo el 13. Mi nena me dijo que ella necesitaba unas fotocopias que tenía el padre. Me dijo que tenían información para el evento”.

El padre Acosta había decidido ayudarla a cambio de que la niña lo ayudara a diligenciar unos documentos. “Yo le dije a mi hija que no se fuera por allá a mediodía; que si llegaba a las dos, tenía una hora, tiempo suficiente para que cumpliera con las dos cosas. Además, a esa hora, ella podía estar acompañada de otros monaguillos”.

Y así sucedieron las cosas. La niña fue llevada por su padre, como era acostumbrado, a la casa cural y, luego, recogida y llevada hasta su hogar. “Lo que nunca me imaginé es que el 12 de octubre de 2018, de 2 a 3 de la tarde, el párroco, en quien tanto confiábamos, fuera a abusar de mi niña”.

Los padres de la pequeña no se enteraron de inmediato. Ese día, lo único extraño que notaron fue que ella ya no quería ir al encuentro misional, y la razón era pereza. “Mi hija nunca era así. Ella siempre mostraba entusiasmo para esas cosas”.

Esa semana, su comportamiento fue diferente. “Estuvo decaída y dormía mucho. Pero, aunque todo eso era muy extraño, yo nunca sospeché porque nosotros siempre hemos colaborado en la parroquia”.

El 22 de octubre, la niña no aguantó más y tuvo que desahogar su pena contándole a una compañera del grupo de monaguillos. “Le dijo que se cuidara, ya que ella no lo había hecho y le describió todo el abuso. También, que no le fuera a contar a nadie porque tenía mucho miedo”.

Pero su compañera tomó la decisión de no guardar silencio y le reveló todo a la profesora de Adolescencia Juvenil. El martes 23 de octubre, esta, a su vez, le contó a la rectora del Instituto Leopoldo Pizarro Sales. “Al otro día, la directora me llamó, a eso de las ocho de la mañana. Me dijo que había pasado algo con mi hija, que fuera urgente. Yo me asusté. Nunca me había pasado”, contó Flor, quien se dirigió a la institución acompañada de su esposo.

Cuando se enteraron del abuso, toda la familia se derrumbó. Inmediatamente hablaron con la niña y la llevaron al médico para que le hicieran una valoración. “Nos dijeron que sí había sido ultrajada, pero que, como habían trascurrido diez días, no se podían sacar muestras”. Luego tocó hacerle una serie de exámenes para descartar riesgos. “Se le hizo prueba de embarazo, exámenes para detectar virus; afortunadamente todo salió negativo. También se le hizo un tratamiento con retrovirales”, contó Flor.

La familia incluso interpuso la denuncia en la Fiscalía y allí le dieron una orden para que la niña fuera examinada por Medicina Legal en Cali. “Aún esperamos la respuesta de ese examen”, dijo Flor.

Mientras todo eso pasaba, la familia comenzó a recibir razones extrañas. “A través de la psicóloga del colegio, el padre me mandaba a decir que si podíamos llegar a un acuerdo. Yo le dije que la única vez que hablaría con él sería frente a un juez”, dijo Flor indignada. El religioso, además, le habría mandado a decir que pensara en los fieles y en el daño a la Iglesia.

Meses después, el 27 de marzo de 2019, fue capturado el padre Arcángel Acosta, y al día siguiente le imputaron cargos. “Con las pruebas que tenían le dieron cárcel intramuros, pero hoy lo tienen en una casa, ubicada en frente de la estación de policía. Cuando pregunté por qué, me dijeron que un recluso lo había amenazado”.

Pero lo que menos esperaban era que muchos en su comunidad les dieran la espalda. “Los supuestos amigos que teníamos nos han juzgado”, dijo Flor. Y, como si fuera poco, alguien mandó a un conocido a ofrecerles dinero para retractarse de la denuncia. “Eso ocurrió el 26 de abril. A las 6 de tarde, ese señor le dijo a mi esposo que unos señores de la montaña querían llevarse al cura para una vereda en donde no había ni Dios ni ley y que les gustaba mucho la misa que él daba”.

Cárdenas, el padre de la niña, le respondió con firmeza que él quería que la justicia le hiciera pagar al párroco por lo que hizo. “El 29 de abril, mi marido se volvió a encontrar a ese señor. Este le dijo que si alguien le preguntaba, que dijera que le habían ofrecido por el silencio 12 millones de pesos”, agregó Flor, quien se declaró desconcertada y dice tener fe en que habrá justicia.

Al comienzo la apoyó un abogado de oficio, pero luego consiguió ser representada por el abogado Élmer Montaña, experto en casos de pederastia. Sin embargo, no podrá asistir a la audiencia este miércoles porque ha recibido amenazas por redes sociales. Por eso solicitó que el proceso sea trasladado a otro lugar en donde existan garantías de seguridad para las víctimas y para él.

Al ser consultado por este caso, monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Popayán, le dijo a este diario que su arquidiócesis “está muy comprometida con las víctimas de estas situaciones. En ese presunto caso, nosotros hemos obrado según los protocolos de la Iglesia; primero, hemos facilitado que se conozca toda la verdad y que se proceda con la justicia ordinaria, con la justicia civil”.

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