Aunque pasó desapercibido, en medio de la campaña electoral, el informe de pobreza publicado por el DANE, durante los últimos días quedó en evidencia el impacto de la pandemia en la pobreza monetaria y multidimensional de los hogares colombianos.
Para el caso particular de Bogotá, los resultados señalan que antes de la pandemia el 27, 2% de su población era pobre, hoy es el 35, 8%, una diferencia de 783.410 personas. Prácticamente, 1 de cada 3 bogotanos es pobre, es decir, recibe menos de $ 477.221 al mes, mientras que el 9,4% está en la pobreza extrema, pues recibe menos de $197.925.
Comparado con otras ciudades principales del país, Bogotá está ligeramente peor en relación con Medellín AM (27,6%), Cali (29,3%), Ibagué y Bucaramanga (34,3%) y Barranquilla (35,7%). Además, la capital fue una de las ciudades donde menos bajó la pobreza extrema, con una variación de 3,9 puntos porcentuales al pasar de 13,3% a 9,4% para el periodo 2020 y 2021.
Que 3.030.261 de bogotanos estén en condición de pobreza monetaria es una realidad que debería preocuparnos a todos, pues, a pesar de la reactivación económica registrada en los últimos meses, el desempleo no ha disminuido al ritmo deseado y la inflación está golpeando, directamente, la capacidad adquisitiva de todos los hogares, sobre todo aquellos con jefatura femenina, donde la incidencia de la pobreza es mayor.
Sin embargo, la situación podría ser peor, a no ser por las ayudas gubernamentales y el plan de rescate social de la istración distrital, que han tenido un impacto en la pobreza multidimensional. Bogotá sigue siendo la ciudad con menor incidencia, comparada con otras regiones, a tal punto que logró bajar del 7,5% al 5,7% su índice de pobreza multidimensional.
Entre los indicadores que más incidieron en este cambio estuvieron la disminución en la inasistencia escolar, el bajo logro educativo y el rezago escolar. En otras palabras, la Secretaría de Educación Distrital realizó una gestión excelente y digna de reconocimiento a la luz de estos resultados. También hay que reconocer el trabajo de la Secretaría de Salud, que logró reducir de 16,9 a 11,6 el porcentaje de personas sin aseguramiento en salud.
Hay que concentrar esfuerzos en disminuir el desempleo de larga duración, un fenómeno que requiere, también, el concurso del sector privado y el incentivo de mecanismos de inserción laboral y estrategias de educación orientadas al empleo.
Es claro que la pandemia golpeó la calidad de vida de los hogares y empeoró las condiciones de pobreza, desigualdad y desempleo. Dejó en evidencia que los trabajadores con bajos ingresos y nivel educativo fueron a quienes más afectó la pobreza, hecho que aumentó la vulnerabilidad de todo su grupo familiar, pues carecían de activos para subsistir. No será fácil que puedan recuperar sus empleos, pues la automatización de procesos y la migración al comercio digital tomará fuerza, hecho que los afectará directamente.
Ante este panorama, la inconformidad social va a crecer en el futuro inmediato, mientras los gobiernos tendrán poca flexibilidad para atender nuevas demandas sociales ante la reducción de los ingresos tributarios y escaso margen fiscal que tienen debido al impacto que va a generar la deuda pública con que financiaron las políticas de choque para la pandemia. El próximo presidente, por su parte, tendrá el reto de diseñar programas para reducir el desempleo y afrontar la presión de grupos de interés por aprobar iniciativas a su favor. En cualquier escenario, son fundamentales las estrategias gubernamentales para focalizar mejor los subsidios económicos y la política social hacia los grupos más vulnerables a los choques económicos y la pobreza.
El éxito o fracaso dependerá de la habilidad del próximo gobierno para generar equilibro político a fin de apoyar a los sectores estratégicos que soportan la fuerza laboral.