Opinión | Desfinanciación y aplazamientos: trabajar juntos, no imponer

El lío financiero del gobierno nacional es muy serio. Se hicieron proyecciones optimistas de recaudo que no llegó. Se presentó un presupuesto desfinanciado que fue necesario ajustar. En medio de todo están los debates políticos entre gobierno y oposición, y entre inversión social e infraestructura. Más que polarización y buscar tener la razón cueste lo que cueste, con la mirada puesta en las elecciones del próximo año, lo que se necesita son acuerdos. Intento explicar un poco lo que entiendo del problema y sugiero algunas salidas.

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Lo primero es reconocer que el presupuesto nacional necesita ajuste porque tiene un descuadre. De hecho, parece que requiere un recorte aún mayor del aplazamiento inicial para cumplir la regla fiscal; un límite para no poner en riesgo de colapso las finanzas públicas nacionales. La decisión política fue, como explicó la Ministra Susana Muhamad, priorizar la inversión social sobre la infraestructura.

Esa decisión implica aplazamiento de recursos para algunas vías, pero también para la línea uno del Metro de Bogotá, la Calle 13, el Regiotram de Occidente, unas inversiones de la Regíon Metropolitana (nueva intersección a la altura del Puente de Guadua en la Calle 80 y el puente Tibanica de la Avenida Cali para llegar a Soacha), así como el Metro Ligero de la 80 en Medellín y el sistema estratégico de transporte público en Ibagué.

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Un problema con estos aplazamientos formulados en el decreto de ajuste es que existen compromisos de vigencias futuras que convierten los recursos en inflexibles. Esto convierte el aplazamiento (y futuro recorte) en ilegal. El decreto tiene la salvedad de que, si existen compromisos, el aplazamiento no aplica a menos que exista un acuerdo de las partes para su reprogramación. Es decir, los recursos están aplazados en virtud del decreto, pero el mismo decreto indica que el aplazamiento no aplica.

El Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de Medellín y de Ibagué se podrían quedar de brazos cruzados y no llegar a ningún acuerdo; de esa forma los recursos no se aplazan y la Nación debe cumplir su obligación de hacer los aportes comprometidos. Pero esto no contribuye a solucionar el problema original: el presupuesto está desbalanceado. De hecho, es claro que algunos proyectos no necesariamente requieren todos los recursos en 2025, porque las obras están retrasadas o no se han contratado. Por ejemplo, el Regiotram de Occidente no lleva el ritmo de ejecución previsto porque enfrentó problemas ambientales, ya superados, y falta culminar una conexión de un ducto de gasolina de aviación; o la Calle 13, que no tiene contratos en 4 de los 6 tramos previstos. Los aportes nacionales en estos casos quedarían en fiducias, no en obras, y no son para eso.

Entonces, como han propuesto el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, las vigencias futuras se pueden reprogramar para más adelante cuando las obras efectivamente las requieran. Estuvo mal decretar el recorte (aún con la salvedad) sin hablar con las autoridades territoriales primero; y es una pésima señal sobre el cumplimiento de compromisos legales. Aun así, puede ser mejor proponer ajustes sensatos que tomar actitudes de confrontación.

Entonces la sugerencia es para que las autoridades locales en conjunto (Bogotá, Medellín, Ibagué y Cundinamarca), no cada una por su lado, lleven una propuesta de reprogramación de acuerdo con las necesidades de los proyectos y contribuyan al necesario aplazamiento. Eso también sería bien visto por bancos financiadores. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. El arreglo puede ser sensible a la coyuntura nacional (que no fue causada por los congresistas a pesar que quieran echar la culpa allí), y sensato frente a las necesidades reales de flujo de caja de los proyectos.

Es como ir a donde el profesor para pedir que le suban la nota. Por las buenas.

DARÍO HÍDALGO 

Especial para EL TIEMPO