Aunque no se puede negar el esfuerzo que han hecho todos los candidatos por entender los problemas de Bogotá, y exponer sus ideas para solucionarlos, la mayoría tiende a omitir varios temas complejos que son políticamente sensibles para una elección.
En movilidad, no hay una propuesta concreta frente al fenómeno de los bicitaxis, o de cómo reducir el crecimiento del parque automotor de motociclistas, quienes, cada vez más, lideran las estadísticas de siniestros viales en la ciudad. Los candidatos también omiten hablar de los incentivos perversos que crean las plataformas de domicilios, los tiempos de entrega y el aumento de la velocidad.
Por el lado de la seguridad, si bien sobran las ideas para combatir el crimen, son más bien escasas las propuestas para mejorar la convivencia entre los bogotanos. Hay muchos vacíos en temas asociados a las comisarías de familia, problemas de convivencia en propiedad horizontal y la reglamentación del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas públicas de la ciudad.
En lo que corresponde a educación, poca atención reciben los temas de convivencia escolar, alimentación y transporte escolar, y la participación de los padres de familia en los asuntos educativos del colegio. Llaman la atención las escasas menciones al modelo de colegios en concesión o educación contratada. Tampoco hay propuestas concretas de educación inicial para la primera infancia.
Por el lado del sector de salud, hay muchas ideas pero nadie quiere hablar de qué hacer con el Hospital San Juan de Dios, que quedó en el actual plan de desarrollo nacional.
Por el contrario, en temas de política social todos hablan casi de lo mismo: pobreza, hambre, migrantes, atención al adulto mayor y población en condición de vulnerabilidad… a pesar de eso, guardan silencio en cómo combatir el trabajo infantil o reducir la mendicidad o el fenómeno de habitante de calle.
En lo que corresponde a la gestión urbana, muchos prefieren mantener bajo perfil respecto al problema de las ventas ambulantes y la ocupación del espacio público; lo mismo hacen con la calidad de los servicios públicos domiciliarios y el alumbrado público. Tampoco hay interés en hablar de la reglamentación de las 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) que tienen que sacar adelante en su istración. Igual sucede con la omisión de acciones para resolver los problemas que tiene el actual POT con las actuaciones estratégicas.
Y, para concluir, son casi nulas las propuestas para reducir el gasto público y la deuda que tiene la ciudad, a tal punto que son pocas las menciones frente el incremento de la nómina del Distrito y el aumento de los contratos por prestación de servicios en los últimos años.
Eso sí, todos hablan de grandes proyectos, pero poco sobre cómo financiar o garantizar su operación una vez entren en funcionamiento.
Bien lo dice el adagio popular: se hace política en verso y se gobierna en prosa.
ÓMAR ORÓSTEGUI
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
REDACCIÓN BOGOTÁ